Opinión
Ahora toca turno a Tamaulipas Por Aquiles Córdova Morán
Este martes, 29 de mayo, el antorchismo tamaulipeco inició un plantón indefinido ante el palacio de gobierno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el propósito de desatorar viejas demandas que la gente de más bajos ingresos, agrupada en el Movimiento Antorchista del estado, presentó y viene gestionando incansablemente, sin ningún resultado apreciable, desde el inicio mismo de la administración de Egidio Torre Cantú. En forma resumida, ya que el espacio no permite entrar en detalles, la lista de las peticiones es la siguiente.
1.- Con SEDESOL: mejoramiento de vivienda, pisos firmes, letrinas, tinacos, láminas para techo, empleo temporal, un albergue estudiantil entre las más necesarias.
2.- Con Desarrollo Rural: diversos proyectos productivos cuya viabilidad y justificación social están debidamente acreditadas ante la dependencia respectiva.
3.- Con la SEDUMA: salón de usos múltiples, reparación de una iglesia, remodelación de pequeñas plazas públicas, guarniciones y banquetas, pavimento, puente vehicular.
4.- Con CEAT: rehabilitación de sistemas de agua potable, red de distribución del líquido, bombas hidráulicas, planta tratadora de aguas negras, perforación de un pozo para dotar de agua a la comunidad.
5.- Caminos: pavimentación de varios ramales intransitables en tiempo de lluvias.
6.- Medio Ambiente: desazolve y descontaminación de río y canal.
7.- Secretaría de Salud: centro de salud y ambulancia para el traslado de enfermos graves.
8.- Educación: espacios educativos, reconocimiento oficial de planteles que carecen de él, equipo de cómputo, contratación de personal.
9.- ITAVU: crédito para vivienda, electrificación, lotes de interés social, regularización de colonias populares.
Como puede juzgar cualquier ciudadano sin prejuicios políticos y con sensibilidad social, no hay aquí ninguna demanda superflua, desmesurada o indefendible. El antorchismo tamaulipeco ha depurado una y otra vez su pliego de demandas hasta no dejar en él nada que no sea de estricta y urgente necesidad, apenas lo básico para que la gente deje de vivir como los brutos y comience a vivir como ser humano y con alguna esperanza de futuro. Ahora bien, como dije antes, estas necesidades fueron hechas del conocimiento del actual gobernador el día mismo de su toma de posesión, y la respuesta entonces fue que “pronto” habría una reunión de trabajo encabezada por él para dar respuesta puntual al documento. Desde entonces (han pasado ya 16 meses) se ha buscado ese encuentro por diversos medios: recordatorios escritos, abordaje personal, a través del Secretario de Gobernación, mediante desplegados de prensa, etc., en 12 ocasiones, sin ningún resultado. Han tenido lugar, además, 6 entrevistas con el Secretario General de Gobierno, 11 “reuniones resolutivas” con las distintas dependencias involucradas, 9 mítines, 2 marchas, y varias comisiones representativas con el mismo nulo resultado. Nadie podrá decir, entonces, que el plantón de los antorchistas es sólo una muestra de intransigencia, de su incapacidad y falta de racionalidad para entender los argumentos y las limitaciones del gobierno, o, peor aún, que se trata de “un chantaje” (el caballito de batalla contra la legítima protesta social) de los líderes, en busca de dinero o de posiciones políticas.
Y esta explicación y la difusión nacional de la misma resultan indispensables porque, 38 años de lucha contra la pobreza y contra la arrogancia y el desprecio a los intereses populares de muchos hombres de poder, nos han enseñado a prever lo que vendrá. Ya sabemos que allí donde faltan soluciones para los necesitados, allí donde sus demandas y su insistencia de solución se toman como un insulto y una “falta de respeto”, la culpa por la reacción de las víctimas de tal conducta jamás recae sobre quienes cierran puertas y oídos a los menesterosos, jamás son admitidas como suyas por quienes ejercen el poder y el presupuesto públicos de manera facciosa y desequilibrada. Los responsables son siempre los desamparados y sus líderes, sobre los cuales cae todo el enojo oficial en forma de una feroz guerra mediática, basada en la total distorsión de las demandas, de calumnias sobre los motivos y propósito de la lucha y de los dirigentes, de descarado maquillaje del comportamiento y del trato despótico de los funcionarios, y de amenazas, abiertas o disimuladas, en contra de los dirigentes. Y el gobierno sabe que, en esta guerra de lodo e intimidación, contará siempre con la ayuda eficaz, por convicción o por interés, de la gran mayoría de los medios informativos. Es por eso que la denuncia anticipada de tal maniobra es, apenas, un intento de legítima defensa.
Hace poco hubo cambio de dirigencia en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el poderoso organismo cúpula de los inversionistas más influyentes del país. Llamó mi atención que el dirigente recién ungido, frente a un discurso presidencial triunfalista y nada autocrítico, dijera a su turno, en tono asaz mesurado y reflexivo, que México sigue siendo uno de los países más desiguales de la tierra y que urge atacar este problema para tranquilidad de todos (la cita no es literal). A su vez, el candidato presidencial del PRI (partido que, por cierto, es el que llevó al poder al gobernador Egidio Torre), Lic. Enrique Peña Nieto, repite en cuanta acción se le presenta que los mexicanos estamos agraviados y lastimados por la enorme pobreza que padece la mayoría de la nación, que su gobierno se propone enfrentar este reto tomando medidas efectivas para un reparto más equitativo de la renta nacional y que quien no esté de acuerdo con esto no tendrá cabida en el proyecto de país que él encabeza. Y nadie podrá negar que una medida infaltable en una política de verdadero combate a la desigualdad social de que hablan el líder del CCE y el Lic. Peña Nieto, es la reorientación del gasto público en favor de los que menos tienen, sin desatender, obviamente, los problemas y los derechos del resto de la población. Pero en Tamaulipas, por lo aquí dicho, se ve que marchan viento en popa, a todo trapo como dicen los marineros, sólo que exactamente en sentido contrario. ¿Habrá alguien con la capacidad para verlo y el valor para decírselo a Egidio Torre Cantú? Los antorchistas, por lo pronto, harán su parte; y ojalá que el gobernador lo vea y lo entienda de esa manera y responda en consecuencia.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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