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En Chihuahua, urge la intervención justiciera del gobernador Por Antonio Escamilla Meza

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“Chihuahua Vive luchará contra el dolor de quienes menos tienen… erradicará la discriminación que padecen los más vulnerables” (Lic. César Horacio Duarte Jáquez, en su toma de protesta como Gobernador)

 

El 11 de noviembre del 2010, a los pocos días de que el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, asumiera la gubernatura del Estado,  el comité estatal antorchista le solicitó formalmente al Gobernador, mediante oficio, la solución a un pliego petitorio compuesto por demandas de elemental justicia social en beneficio de miles de chihuahuenses, integrantes o no de la organización.

Han transcurrido ya más de un año y siete meses; del pliego petitorio original en donde se planteaban alrededor de 260 propuestas de agua potable, drenaje, electrificación, escuelas, espacios deportivos, salones de usos múltiples, plazas públicas, seguridad, ampliación de rutas de camiones urbanos, lotes para vivienda popular, paquetes de materiales, programas de escrituración y titulación de predios urbanos, etc., hasta el momento se ha atendido alrededor de 30, es decir, el 12% del universo total de peticiones.

En concreto: obras de agua potable para 11 colonias populares, 9 electrificaciones, 2 obras de infraestructura social, 4 obras educativas, y el inicio de un programa de vivienda para   9, 000 familias; prácticamente, en todas estas obras los beneficiarios ha aportado recursos económicos o están por aportarlos como una manera de contribuir con su propio progreso. A pesar de lo magro de los resultados, los antorchistas, dado que sabemos ser agradecidos y tolerantes, mediante diferentes actos, como en la celebración de nuestro 37 aniversario realizado en Vista Cerro Grande  el 17 de octubre pasado, como en un desplegado de circulación estatal, como en múltiples reuniones y en eventos presididos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y por el Diputado Local Ricardo Boone, entre otros, hicimos un reconocimiento público al Gobernador del Estado por haber atendido en ese porcentaje el citado pliego.

Sin embargo, como es evidente, está pendiente todo lo demás; y tal parece que, el resto de peticiones y las que se han venido acumulando en el transcurso de los meses, a algunos de los funcionarios públicos del Estado les parece una exageración inconmensurable, un abuso del derecho de petición de los antorchistas, como si éstos quisieran todo el presupuesto estatal para ellos solos. Pero se equivocan, cometen un grave error de apreciación y una gran deshonestidad quienes así plantean las cosas.

Por principio de cuentas, no es culpa de Antorcha que haya tanta miseria, tanto abandono, tanta falta de servicios, tanta falta de progreso en las colonias y pueblos marginados, ni que la gente agraviada busque una alternativa de lucha que sirva de válvula de escape ante la inconformidad; no es culpa de los antorchistas que todos los que ahora son autoridades, producto del voto popular, al calor de la campañas políticas hayan generado tantas expectativas para resolver esa problemática entre sus ahora gobernados.

En segundo lugar, el ciudadano común, el obrero, el campesino, el ama de casa modesta, el vendedor ambulante, el albañil, etc., se preguntan: si no hay recursos para resolver, por ejemplo un problema de falta de agua potable, de luz, de drenaje, de alimentación para los pobres, ¿Cómo sí hay para hacer obras suntuosas, de embellecimiento urbano? ¿Así se aprovechan mejor los impuestos que pagamos?

En tercer lugar, ¿es mucho pedir cuando lo que se solicita son demandas tan justas como agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento a las humildes casas, aulas para escuelas (como el Jardín de Niños de La Soledad, cuyos niñitos sufren en horribles hornos o congeladoras según el clima de la temporada), despensas para los hambrientos?.

En cuarto lugar, ¿es justo acusar de abusones cuando piden justicia social a quienes pagan impuestos por tener un predio, por tener un vetusto vehículo, por comprar la canasta básica o la ropa más elemental, por tener un modesto changarrito; es justo tratar de aprovechados a quienes producen la riqueza material con su fuerza de trabajo puesta en acción, riqueza material de la que se adueñan unos cuantos dejando en la miseria y en el abandono a millones de seres humanos?

En quinto lugar, ¿es honesto, y políticamente apropiado, pensar: ¡para los pobres, no hay recursos!, ¡que se conformen con lo que tienen o con lo que les damos!, cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua, tan sólo en el  2011 manejó la “friolera” de 44, 317, 222, 798 (cuarenta y cuatro mil, trescientos diecisiete millones, doscientos veintidós mil, setecientos noventa y ocho pesos), según el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de ese Gobierno, del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011?

En Antorcha pensamos que lo más justo y honesto sería que las demandas y compromisos que hemos planteado como urgentes y prioritarias se atendieran por los servidores públicos encargados de hacerlo, si tuvieran un mínimo de responsabilidad y visión de futuro, pero que si no quieren o no pueden, es decir, si son insensibles o incapaces (y desde luego que no me refiero a su capacidad personal) para cumplir con la misión de servir al pueblo, pues, que salga a la palestra el señor Gobernador, escuchando de viva voz las inconformidades y las preocupaciones de un sector de chihuahuenses, que se identifican plenamente con su proyecto de gobierno plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que, mediante su intervención decidida y expedita, se les haga justicia a miles de chihuahuenses pobres.

 

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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