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En Chihuahua, urge la intervención justiciera del gobernador Por Antonio Escamilla Meza

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“Chihuahua Vive luchará contra el dolor de quienes menos tienen… erradicará la discriminación que padecen los más vulnerables” (Lic. César Horacio Duarte Jáquez, en su toma de protesta como Gobernador)

 

El 11 de noviembre del 2010, a los pocos días de que el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, asumiera la gubernatura del Estado,  el comité estatal antorchista le solicitó formalmente al Gobernador, mediante oficio, la solución a un pliego petitorio compuesto por demandas de elemental justicia social en beneficio de miles de chihuahuenses, integrantes o no de la organización.

Han transcurrido ya más de un año y siete meses; del pliego petitorio original en donde se planteaban alrededor de 260 propuestas de agua potable, drenaje, electrificación, escuelas, espacios deportivos, salones de usos múltiples, plazas públicas, seguridad, ampliación de rutas de camiones urbanos, lotes para vivienda popular, paquetes de materiales, programas de escrituración y titulación de predios urbanos, etc., hasta el momento se ha atendido alrededor de 30, es decir, el 12% del universo total de peticiones.

En concreto: obras de agua potable para 11 colonias populares, 9 electrificaciones, 2 obras de infraestructura social, 4 obras educativas, y el inicio de un programa de vivienda para   9, 000 familias; prácticamente, en todas estas obras los beneficiarios ha aportado recursos económicos o están por aportarlos como una manera de contribuir con su propio progreso. A pesar de lo magro de los resultados, los antorchistas, dado que sabemos ser agradecidos y tolerantes, mediante diferentes actos, como en la celebración de nuestro 37 aniversario realizado en Vista Cerro Grande  el 17 de octubre pasado, como en un desplegado de circulación estatal, como en múltiples reuniones y en eventos presididos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y por el Diputado Local Ricardo Boone, entre otros, hicimos un reconocimiento público al Gobernador del Estado por haber atendido en ese porcentaje el citado pliego.

Sin embargo, como es evidente, está pendiente todo lo demás; y tal parece que, el resto de peticiones y las que se han venido acumulando en el transcurso de los meses, a algunos de los funcionarios públicos del Estado les parece una exageración inconmensurable, un abuso del derecho de petición de los antorchistas, como si éstos quisieran todo el presupuesto estatal para ellos solos. Pero se equivocan, cometen un grave error de apreciación y una gran deshonestidad quienes así plantean las cosas.

Por principio de cuentas, no es culpa de Antorcha que haya tanta miseria, tanto abandono, tanta falta de servicios, tanta falta de progreso en las colonias y pueblos marginados, ni que la gente agraviada busque una alternativa de lucha que sirva de válvula de escape ante la inconformidad; no es culpa de los antorchistas que todos los que ahora son autoridades, producto del voto popular, al calor de la campañas políticas hayan generado tantas expectativas para resolver esa problemática entre sus ahora gobernados.

En segundo lugar, el ciudadano común, el obrero, el campesino, el ama de casa modesta, el vendedor ambulante, el albañil, etc., se preguntan: si no hay recursos para resolver, por ejemplo un problema de falta de agua potable, de luz, de drenaje, de alimentación para los pobres, ¿Cómo sí hay para hacer obras suntuosas, de embellecimiento urbano? ¿Así se aprovechan mejor los impuestos que pagamos?

En tercer lugar, ¿es mucho pedir cuando lo que se solicita son demandas tan justas como agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento a las humildes casas, aulas para escuelas (como el Jardín de Niños de La Soledad, cuyos niñitos sufren en horribles hornos o congeladoras según el clima de la temporada), despensas para los hambrientos?.

En cuarto lugar, ¿es justo acusar de abusones cuando piden justicia social a quienes pagan impuestos por tener un predio, por tener un vetusto vehículo, por comprar la canasta básica o la ropa más elemental, por tener un modesto changarrito; es justo tratar de aprovechados a quienes producen la riqueza material con su fuerza de trabajo puesta en acción, riqueza material de la que se adueñan unos cuantos dejando en la miseria y en el abandono a millones de seres humanos?

En quinto lugar, ¿es honesto, y políticamente apropiado, pensar: ¡para los pobres, no hay recursos!, ¡que se conformen con lo que tienen o con lo que les damos!, cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua, tan sólo en el  2011 manejó la “friolera” de 44, 317, 222, 798 (cuarenta y cuatro mil, trescientos diecisiete millones, doscientos veintidós mil, setecientos noventa y ocho pesos), según el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de ese Gobierno, del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011?

En Antorcha pensamos que lo más justo y honesto sería que las demandas y compromisos que hemos planteado como urgentes y prioritarias se atendieran por los servidores públicos encargados de hacerlo, si tuvieran un mínimo de responsabilidad y visión de futuro, pero que si no quieren o no pueden, es decir, si son insensibles o incapaces (y desde luego que no me refiero a su capacidad personal) para cumplir con la misión de servir al pueblo, pues, que salga a la palestra el señor Gobernador, escuchando de viva voz las inconformidades y las preocupaciones de un sector de chihuahuenses, que se identifican plenamente con su proyecto de gobierno plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que, mediante su intervención decidida y expedita, se les haga justicia a miles de chihuahuenses pobres.

 

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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