Opinión
En Chihuahua, urge la intervención justiciera del gobernador Por Antonio Escamilla Meza
“Chihuahua Vive luchará contra el dolor de quienes menos tienen… erradicará la discriminación que padecen los más vulnerables” (Lic. César Horacio Duarte Jáquez, en su toma de protesta como Gobernador)
El 11 de noviembre del 2010, a los pocos días de que el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, asumiera la gubernatura del Estado, el comité estatal antorchista le solicitó formalmente al Gobernador, mediante oficio, la solución a un pliego petitorio compuesto por demandas de elemental justicia social en beneficio de miles de chihuahuenses, integrantes o no de la organización.
Han transcurrido ya más de un año y siete meses; del pliego petitorio original en donde se planteaban alrededor de 260 propuestas de agua potable, drenaje, electrificación, escuelas, espacios deportivos, salones de usos múltiples, plazas públicas, seguridad, ampliación de rutas de camiones urbanos, lotes para vivienda popular, paquetes de materiales, programas de escrituración y titulación de predios urbanos, etc., hasta el momento se ha atendido alrededor de 30, es decir, el 12% del universo total de peticiones.
En concreto: obras de agua potable para 11 colonias populares, 9 electrificaciones, 2 obras de infraestructura social, 4 obras educativas, y el inicio de un programa de vivienda para 9, 000 familias; prácticamente, en todas estas obras los beneficiarios ha aportado recursos económicos o están por aportarlos como una manera de contribuir con su propio progreso. A pesar de lo magro de los resultados, los antorchistas, dado que sabemos ser agradecidos y tolerantes, mediante diferentes actos, como en la celebración de nuestro 37 aniversario realizado en Vista Cerro Grande el 17 de octubre pasado, como en un desplegado de circulación estatal, como en múltiples reuniones y en eventos presididos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y por el Diputado Local Ricardo Boone, entre otros, hicimos un reconocimiento público al Gobernador del Estado por haber atendido en ese porcentaje el citado pliego.
Sin embargo, como es evidente, está pendiente todo lo demás; y tal parece que, el resto de peticiones y las que se han venido acumulando en el transcurso de los meses, a algunos de los funcionarios públicos del Estado les parece una exageración inconmensurable, un abuso del derecho de petición de los antorchistas, como si éstos quisieran todo el presupuesto estatal para ellos solos. Pero se equivocan, cometen un grave error de apreciación y una gran deshonestidad quienes así plantean las cosas.
Por principio de cuentas, no es culpa de Antorcha que haya tanta miseria, tanto abandono, tanta falta de servicios, tanta falta de progreso en las colonias y pueblos marginados, ni que la gente agraviada busque una alternativa de lucha que sirva de válvula de escape ante la inconformidad; no es culpa de los antorchistas que todos los que ahora son autoridades, producto del voto popular, al calor de la campañas políticas hayan generado tantas expectativas para resolver esa problemática entre sus ahora gobernados.
En segundo lugar, el ciudadano común, el obrero, el campesino, el ama de casa modesta, el vendedor ambulante, el albañil, etc., se preguntan: si no hay recursos para resolver, por ejemplo un problema de falta de agua potable, de luz, de drenaje, de alimentación para los pobres, ¿Cómo sí hay para hacer obras suntuosas, de embellecimiento urbano? ¿Así se aprovechan mejor los impuestos que pagamos?
En tercer lugar, ¿es mucho pedir cuando lo que se solicita son demandas tan justas como agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento a las humildes casas, aulas para escuelas (como el Jardín de Niños de La Soledad, cuyos niñitos sufren en horribles hornos o congeladoras según el clima de la temporada), despensas para los hambrientos?.
En cuarto lugar, ¿es justo acusar de abusones cuando piden justicia social a quienes pagan impuestos por tener un predio, por tener un vetusto vehículo, por comprar la canasta básica o la ropa más elemental, por tener un modesto changarrito; es justo tratar de aprovechados a quienes producen la riqueza material con su fuerza de trabajo puesta en acción, riqueza material de la que se adueñan unos cuantos dejando en la miseria y en el abandono a millones de seres humanos?
En quinto lugar, ¿es honesto, y políticamente apropiado, pensar: ¡para los pobres, no hay recursos!, ¡que se conformen con lo que tienen o con lo que les damos!, cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua, tan sólo en el 2011 manejó la “friolera” de 44, 317, 222, 798 (cuarenta y cuatro mil, trescientos diecisiete millones, doscientos veintidós mil, setecientos noventa y ocho pesos), según el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de ese Gobierno, del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011?
En Antorcha pensamos que lo más justo y honesto sería que las demandas y compromisos que hemos planteado como urgentes y prioritarias se atendieran por los servidores públicos encargados de hacerlo, si tuvieran un mínimo de responsabilidad y visión de futuro, pero que si no quieren o no pueden, es decir, si son insensibles o incapaces (y desde luego que no me refiero a su capacidad personal) para cumplir con la misión de servir al pueblo, pues, que salga a la palestra el señor Gobernador, escuchando de viva voz las inconformidades y las preocupaciones de un sector de chihuahuenses, que se identifican plenamente con su proyecto de gobierno plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que, mediante su intervención decidida y expedita, se les haga justicia a miles de chihuahuenses pobres.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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