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En Chihuahua, urge la intervención justiciera del gobernador Por Antonio Escamilla Meza

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“Chihuahua Vive luchará contra el dolor de quienes menos tienen… erradicará la discriminación que padecen los más vulnerables” (Lic. César Horacio Duarte Jáquez, en su toma de protesta como Gobernador)

 

El 11 de noviembre del 2010, a los pocos días de que el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, asumiera la gubernatura del Estado,  el comité estatal antorchista le solicitó formalmente al Gobernador, mediante oficio, la solución a un pliego petitorio compuesto por demandas de elemental justicia social en beneficio de miles de chihuahuenses, integrantes o no de la organización.

Han transcurrido ya más de un año y siete meses; del pliego petitorio original en donde se planteaban alrededor de 260 propuestas de agua potable, drenaje, electrificación, escuelas, espacios deportivos, salones de usos múltiples, plazas públicas, seguridad, ampliación de rutas de camiones urbanos, lotes para vivienda popular, paquetes de materiales, programas de escrituración y titulación de predios urbanos, etc., hasta el momento se ha atendido alrededor de 30, es decir, el 12% del universo total de peticiones.

En concreto: obras de agua potable para 11 colonias populares, 9 electrificaciones, 2 obras de infraestructura social, 4 obras educativas, y el inicio de un programa de vivienda para   9, 000 familias; prácticamente, en todas estas obras los beneficiarios ha aportado recursos económicos o están por aportarlos como una manera de contribuir con su propio progreso. A pesar de lo magro de los resultados, los antorchistas, dado que sabemos ser agradecidos y tolerantes, mediante diferentes actos, como en la celebración de nuestro 37 aniversario realizado en Vista Cerro Grande  el 17 de octubre pasado, como en un desplegado de circulación estatal, como en múltiples reuniones y en eventos presididos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y por el Diputado Local Ricardo Boone, entre otros, hicimos un reconocimiento público al Gobernador del Estado por haber atendido en ese porcentaje el citado pliego.

Sin embargo, como es evidente, está pendiente todo lo demás; y tal parece que, el resto de peticiones y las que se han venido acumulando en el transcurso de los meses, a algunos de los funcionarios públicos del Estado les parece una exageración inconmensurable, un abuso del derecho de petición de los antorchistas, como si éstos quisieran todo el presupuesto estatal para ellos solos. Pero se equivocan, cometen un grave error de apreciación y una gran deshonestidad quienes así plantean las cosas.

Por principio de cuentas, no es culpa de Antorcha que haya tanta miseria, tanto abandono, tanta falta de servicios, tanta falta de progreso en las colonias y pueblos marginados, ni que la gente agraviada busque una alternativa de lucha que sirva de válvula de escape ante la inconformidad; no es culpa de los antorchistas que todos los que ahora son autoridades, producto del voto popular, al calor de la campañas políticas hayan generado tantas expectativas para resolver esa problemática entre sus ahora gobernados.

En segundo lugar, el ciudadano común, el obrero, el campesino, el ama de casa modesta, el vendedor ambulante, el albañil, etc., se preguntan: si no hay recursos para resolver, por ejemplo un problema de falta de agua potable, de luz, de drenaje, de alimentación para los pobres, ¿Cómo sí hay para hacer obras suntuosas, de embellecimiento urbano? ¿Así se aprovechan mejor los impuestos que pagamos?

En tercer lugar, ¿es mucho pedir cuando lo que se solicita son demandas tan justas como agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento a las humildes casas, aulas para escuelas (como el Jardín de Niños de La Soledad, cuyos niñitos sufren en horribles hornos o congeladoras según el clima de la temporada), despensas para los hambrientos?.

En cuarto lugar, ¿es justo acusar de abusones cuando piden justicia social a quienes pagan impuestos por tener un predio, por tener un vetusto vehículo, por comprar la canasta básica o la ropa más elemental, por tener un modesto changarrito; es justo tratar de aprovechados a quienes producen la riqueza material con su fuerza de trabajo puesta en acción, riqueza material de la que se adueñan unos cuantos dejando en la miseria y en el abandono a millones de seres humanos?

En quinto lugar, ¿es honesto, y políticamente apropiado, pensar: ¡para los pobres, no hay recursos!, ¡que se conformen con lo que tienen o con lo que les damos!, cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua, tan sólo en el  2011 manejó la “friolera” de 44, 317, 222, 798 (cuarenta y cuatro mil, trescientos diecisiete millones, doscientos veintidós mil, setecientos noventa y ocho pesos), según el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de ese Gobierno, del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011?

En Antorcha pensamos que lo más justo y honesto sería que las demandas y compromisos que hemos planteado como urgentes y prioritarias se atendieran por los servidores públicos encargados de hacerlo, si tuvieran un mínimo de responsabilidad y visión de futuro, pero que si no quieren o no pueden, es decir, si son insensibles o incapaces (y desde luego que no me refiero a su capacidad personal) para cumplir con la misión de servir al pueblo, pues, que salga a la palestra el señor Gobernador, escuchando de viva voz las inconformidades y las preocupaciones de un sector de chihuahuenses, que se identifican plenamente con su proyecto de gobierno plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que, mediante su intervención decidida y expedita, se les haga justicia a miles de chihuahuenses pobres.

 

 

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La embajada, ¿un salvavidas para Adán Augusto? Por Caleb Ordóñez T.

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El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

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