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Al cabo de 30 años, continúa la búsqueda de las niñas y niños robados en El Salvador

Hace 30 años que unos militares robaron a las hermanas Ernestina, de 7 años, y Erlinda, de 3, a su familia, y sigue sin conocerse su paradero.

Ocurrió cuando el sangriento conflicto de El Salvador estaba en plena intensidad y los integrantes del batallón Atlactl del ejército, entrenado por Estados Unidos, habían iniciado la «Operación Limpieza».

En la campaña de tierra quemada que se llevó a cabo, los militares destruían todo lo que encontraban: mataban a la gente y quemaban las casas y los cultivos.

Como muchas otras personas, los miembros de la familia Serrano Cruz huyeron para salvar la vida y acabaron separados en medio del caos y el pánico.

Tras tres días sin nada que comer ni beber, Dionisio Serrano estaba desesperado, porque su famila podía morir.

Se fue a buscar agua y dejó a Ernestina y Erlinda con su hermana mayor, Suyapa, que se ocultó en la vegetación, a poca distancia de ellas, por temor a que las descubrieran si su bebé, de seis meses, lloraba.

Aterrorizada, Suyapa oyó a un militar acercarse al lugar donde se ocultaban sus hermanas y preguntar a otro si las mataban o no.

Oyó responder al otro militar que mejor se las llevaban, y así fue como arrebataron a las niñas a su familia.

La familia Serrano Cruz lleva 30 años buscando incansablemente a Ernestina y Erlinda. La angustia de su secuestro y desaparición no se ha mitigado jamás.

Vergonzosamente, los tribunales salvadoreños pusieron en duda después de la guerra que las niñas hubieran siquiera existido.

Pero la familia no desistió por ello, sino que continuó exigiendo al Estado que buscara a Ernestina y Erlinda, e incluso llevó su lucha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ver que el gobierno salvadoreño no hacía nada.

Ester Alvarenga, directora de la Asociación Pro-Búsqueda, organización que intenta reunir a los niños y niñas secuestrados con sus familias, ha dicho a Amnistía Internacional: «Admiro la valentía de Suyapa Serrano que continúa con la misma firmeza desde el principio hasta saber el destino de sus hermanitas Ernestina y Erlinda».

“Como también guardo en el recuerdo a la señora Victoria Serrano Cruz por su lucha en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso y de los otros familiares de las niñas y niños desaparecidos.”

Suyapa se llena de orgullo cuando recuerda la fortaleza y dignidad de su madre. Por desgracia, Victoria falleció en 2003 sin haber visto cumplido su mayor sueño: tener consigo a sus hijas otra vez.

Suyapa explica: “Para nosotras este 2 de junio es un recuerdo tan duro y tan difícil al no saber dónde están nuestras hermanas». 

«Nosotros todavía vivimos este día al no saber dónde están, son recuerdos difíciles […]. Nosotros ya no tenemos a mi madre, no tenemos ni madre ni padre, pero estamos nosotros como hermanos que siempre buscamos a nuestras hermanas.”

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó una decisión histórica: exigió al Estado salvadoreño que buscará a Ernestina y Erlinda.

Asimismo, pidió que se creara una comisión independiente de búsqueda para encontrar a los centenares de niños y niñas más desaparecidos durante el conflicto.

En enero de 2010, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, reconoció la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos que las víctimas y sus familiares habían sufrido.

Al mismo tiempo dictó un decreto para establcer, con un mandato de dos años, la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado del país.

Sin embargo, estas primeras señales de avance se han frustrado ante la falta de urgencia por ejecutar plenamente el fallo del la Corte Interamericana de 2005.

¿Cuántas madres y padres más morirán todavía sin haber conocido la suerte sus hijas e hijos robados?

Cuando Suyapa habla de la angustia que causa a su familia no saber lo que les ocurrió a sus hermanas, no tarda nunca en reconocer el sufrimiento y la frustración que sufren también las muchas otras familias que están buscando a niñas y niños robados durante el conflicto.

“Viviendo tantos familiares angustiados al no saber dónde está su familia, es un dolor muy terrible para nosotros, es un dolor que está en lo más profundo.»

Una de las crueles tácticas que emplearon los militares durante el conflicto consistió en describir a las familias que vivían en zonas controladas por la oposición como gente que había abandonado a sus hijos.

En la prensa de la época aparecían con frecuencia imágenes de niñas y niños con un pie de foto que decía: «Niños abandonados». A los militares que se llevaban a los niños se los describía a menudo como «salvadores».

Algunos de esos niños y niñas acabaron siendo entregados en adopción en El Salvador y en otros países, como Estados Unidos, España, Italia, Francia y Reino Unido.

Han transcurrido ya 30 años desde que se llevaron a todos esos niños y niñas como Ernestina y Erlinda.

Va a pasar un año más y las dos hermanas siguen sin saber, dondequiera que estén, lo mucho que las quiere su familia y lo dolorosa que es su ausencia.

En todo el mundo, madres, padres, hermanas y hermanos deben sumarse a la familia Serrano para exigir que las autoridades salvadoreñas tomen por fin medidas para buscar a Ernestina y Erlinda, así como a todos los demás niños y niñas desaparecidos cuyas familias continúan buscándolos sin perder la esperanza.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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