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Opinión

UN INDIO LLAMADO JUÁREZ por VICTOR M. OROZCO O.

UN INDIO LLAMADO JUÁREZ

Víctor Orozco

El 21 de marzo de 1806 nació un indígena zapoteca que andando el tiempo se convertiría en el mayor estadista generado en estas tierras. El hecho de por sí, es casi prodigioso, si tenemos en cuenta el envilecimiento al cual se había sometido a la población indígena durante el período de la colonia. Convertidos en parias y en eternos menores de edad, de cuando en cuando protagonizaban alguna inconformidad o revuelta, para caer de nuevo en la sumisión. Pocos de ellos montaron un caballo a lo largo de su vida y casi ninguno tuvo en sus manos un arma de fuego –si exceptuamos a los llamados bárbaros, quienes no habían sido subyugados- o pudo disfrutar de una cama, en algún puntito de la enorme geografía, aprendieron a cultivar el gusano para hilar la seda, pero jamás se vio a hembra o varón lucir alguna prenda de la distinguida tela, tampoco se conoce de alguien que reemplazara los ancestrales guaraches por las botas o botines, en muy raros casos se le permitió a un dedicado y tenaz labrador, vivir como los “vecinos”, fuera de los pueblos asignados y con parcela propia, el grueso de los indígenas no hablaban español, la lengua franca en todo el imperio, por lo cual estaban impedidos para comunicarse más allá de sus aldeas o pequeñas regiones, ni siquiera podían cambiar de la parroquia a la cual estaba ordenado su pueblo o ranchería, vestían sus trajes propios, pero éstos les eran diseñados por los amos, misioneros o curas, para mejor controlar sus movimientos, si un europeo o criollo cometía algún delito, era juzgado, si lo hacía un indígena, según fuera la falta, en el mismo terreno y momento, se le azotaba o se le ahorcaba, en todo caso, siempre tenían la amenaza del chicote o la vara de membrillo sobre sus espaldas, al principio hubo indígenas como los rarámuris de Chihuahua, que se creyeron en la prédica de la igualdad frente al dios único y quisieron comportarse como sus hermanos cristianos españoles, para caer pronto en la cuenta que en las iglesias recién construidas había lugares diferentes y que nadie de entre ellos podía aspirar a ser ministro de dios, quien reinaba de manera distinta para unos y otros, supieron del papel, de los escritos y de los libros, pero era lo mismo encontrar un garbanzo de libra que a un indio lector o escritor, también conocieron las espadas y los sables, pero nunca aprendieron a manejarlas y a lo más, quienes lo requerían para ejecutar sus labores para cortar caña o desbrozar montes, utilizaron el machete, de otra cosa que morrongos, tortilleras, peones de obras, restregadoras de pisos y oficios por el estilo, no se sabe del poseedor de algún otro que hubiese entrado a los palacios públicos o las mansiones privadas, vistas las penalidades para quien portara arriba de unos cuantos reales en la bolsa, de hecho apenas sí conocieron el dinero, …y así podíamos seguir, ocupando páginas enteras para enumerar todas las discriminaciones, indignidades y marginaciones de los indígenas en el tiempo que nació nuestro hombre.

La conquista fue sin duda una empresa portentosa. En doscientos cincuenta años, antes de que el expansionismo hispano perdiera el impulso histórico, llevó dese los inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII a misioneros, soldados, aventureros, convertidos luego en comerciantes, mineros y hacendados, desde la Patagonia hasta las llanuras texanas y los bosques de California. Un universo completo, lleno de iglesias, señoriales haciendas, fuertes militares y…caseríos miserables donde residían las comunidades autóctonas con todas las lenguas, nombres, religiones y hábitos imaginables. Millones de “gentiles” que fueron diezmados por las epidemias, las deportaciones, las masacres, los genocidios. En la Nueva España, por poco desparecen durante el primer siglo después de la llegada de los extranjeros, como sucedió en el Caribe. Sus campos se repoblaron en los siglos  XVII y XVIII, pero de antiguas civilizaciones como las edificadas por mayas o aztecas, no quedaban ya sino ruinas, ídolos derrumbados, códices quemados y desventuras.

En tal mundo de adversidades y sin ninguna esperanza para cambiarlo, Brígida García parió un niño a quien se bautizó cómo Benito Pablo, hijo de su esposo Marcelino Juárez, apellidos cada uno tomados con toda probabilidad del de algún antiguo encomendero o hacendado que lo impuso a sus indios.

A pesar de su ignorancia, el tío Bernardino Juárez bajo cuya tutela había quedado el niño huérfano de ambos padres, le despertó el innato deseo de saber y conocer. Instalado en Oaxaca, llegó la independencia y con ella, al menos formalmente, la emancipación de los indígenas. Gracias a su protector, estuvo a punto de graduarse de eclesiástico, cómo lo era don Antonio Salanueva. Para su fortuna e íntimos anhelos, un grupo liberal llegó al gobierno y fundó el Colegio Civil –como sucedió en buena parte de las capitales de los flamantes estados federados- y allí se hizo abogado. Ninguno de estos hechos hubiera podido acontecer bajo la antigua dominación. Benito Pablo hubiera continuado irremisiblemente en las condiciones de vida de sus ancestros o apenas un poco mejores por su traslado a la ciudad.

Como abogado defensor de pueblos, sufrió represión y luego destierro, cuando los conservadores regresaron al poder oaxaqueño y la emprendieron contra los políticos liberales en cuyas filas Juárez ya descollaba. En plena guerra contra Estados Unidos,  fue gobernador de Oaxaca. Hipotecó edificios públicos y recaudaciones para comprar armas, confiado en que la hermana república de Guatemala se las vendería. De allá le contestaron comedidamente que existía un tratado con los norteamericanos y no podían comerciar ni un cartucho ni un rifle. Concluyó la guerra y un lustro después ya estaba de nuevo Antonio López de Santa Anna en el palacio nacional. Se inauguró un régimen de dictadura absoluta, respondiendo al programa largamente acariciado por el partido conservador, al tiempo que se revivía el nunca abandonado proyecto de buscar la instalación de un protectorado bajo el mando de algún príncipe de sangre real y católico. Liberales prominentes fueron expulsados, entre ellos Benito Juárez, quien pasó por la prisión de San Juan de Ulúa, La Habana y finalmente Nueva Orleans, donde sobrevivió enrollando tabacos.

Se entusiasmó con la revolución de Ayutla y conminó al grupo de exiliados al regreso para apoyarla. Al triunfo, el general Juan Álvarez lo nombró ministro de Justicia, desde donde impulsó la ley eliminadora a medias de los fueros eclesiástico y militar, privilegios que le eran tan odiados desde sus años estudiantiles, época en la cual también vislumbraba una forma de hacer política de la cual se hizo un virtuoso: usar la ley como escudo y como espada.

Sus años de gloria le estarían reservados durante la llamada década nacional, de 1855 a 1867. Por segunda ocasión desempeñó el puesto de gobernador de su estado en enero de 1856. Entre otras determinaciones dejó sentado un principio, dicho en sus mismas palabras: “La convicción…de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de su devoción que según su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían finalmente ese deber si fuesen sectarios de alguna”

A raíz del golpe de estado de Tacubaya y en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el de presidente de la República. En ese período encabezó el triunfo de la revolución de reforma y venció de los franceses, evitándole quizá a México una tragedia parecida a la instrumentada unos años después por el cariñoso y cristianísimo hermano de la emperatriz Carlota, el rey belga Leopoldo II, de quien pocos saben es el mayor genocida de la historia, pues bajo su orden y organización se eliminaron a unas diez millones de personas en el Congo, mediante la esclavitud, la tortura y las masacres. El holocausto judío empequeñece ante la magnitud de este antecedente y hasta los defensores del imperio deben estremecerse por el parentesco que estuvieron a punto de contraer.

Nunca ha habido mandatario alguno sobre quien se hayan ejercido mayores presiones y amenazas de los poderes extranjeros y nunca otro que las haya resistido con mayor firmeza y talento. En 1859, instalado su gabinete en Veracruz, recibió al embajador norteamericano, quien le presentó la exigencia de una nueva cesión de territorio para su país, a cambio del reconocimiento diplomático y la protección de la armada norteamericana para frenar la inminente invasión española y el triunfo de los conservadores. Melchor Ocampo, el hábil ministro de relaciones exteriores, después de arduas negociaciones, suscribió un acuerdo en el cual se reconocían a EEUU prácticamente la mismas concesiones ya contenidas en el tratado de La Mesilla firmado en tiempo de Santa Anna: el libre paso de mercancías por Tehuantepec y por una ruta que atravesaba los estados norteños hasta el Pacífico. No se enajenó un milímetro de territorio, causa importante por la cual el senado norteamericano ni siquiera se ocupó de autorizarlo, cuando estaba embromado en evitar el desmembramiento de la unión americana. Los mexicanos sí alcanzaron el objetivo: reconocimiento diplomático y tres meses después, la ayuda de los barcos estadounidense para capturar a los primeros buques españoles que desembarcaban armas en el fondeadero de Antón Lizardo. El tratado de marras ha servido, sin embargo, para vilipendiar a Juárez, sin apreciar o ignorándolo, que se trató  de una jugada política maestra en la historia de las relaciones entre un país débil y otros dos poderosos.

No en balde, Emilio Olivier, hombre de estado y escritor francés, dijo de este indio zapoteca: es un hombre de Plutarco, del que cualquier nación puede enorgullecerse.


VÍCTOR OROZCO

 

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Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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