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Opinión

UN INDIO LLAMADO JUÁREZ por VICTOR M. OROZCO O.

UN INDIO LLAMADO JUÁREZ

Víctor Orozco

El 21 de marzo de 1806 nació un indígena zapoteca que andando el tiempo se convertiría en el mayor estadista generado en estas tierras. El hecho de por sí, es casi prodigioso, si tenemos en cuenta el envilecimiento al cual se había sometido a la población indígena durante el período de la colonia. Convertidos en parias y en eternos menores de edad, de cuando en cuando protagonizaban alguna inconformidad o revuelta, para caer de nuevo en la sumisión. Pocos de ellos montaron un caballo a lo largo de su vida y casi ninguno tuvo en sus manos un arma de fuego –si exceptuamos a los llamados bárbaros, quienes no habían sido subyugados- o pudo disfrutar de una cama, en algún puntito de la enorme geografía, aprendieron a cultivar el gusano para hilar la seda, pero jamás se vio a hembra o varón lucir alguna prenda de la distinguida tela, tampoco se conoce de alguien que reemplazara los ancestrales guaraches por las botas o botines, en muy raros casos se le permitió a un dedicado y tenaz labrador, vivir como los “vecinos”, fuera de los pueblos asignados y con parcela propia, el grueso de los indígenas no hablaban español, la lengua franca en todo el imperio, por lo cual estaban impedidos para comunicarse más allá de sus aldeas o pequeñas regiones, ni siquiera podían cambiar de la parroquia a la cual estaba ordenado su pueblo o ranchería, vestían sus trajes propios, pero éstos les eran diseñados por los amos, misioneros o curas, para mejor controlar sus movimientos, si un europeo o criollo cometía algún delito, era juzgado, si lo hacía un indígena, según fuera la falta, en el mismo terreno y momento, se le azotaba o se le ahorcaba, en todo caso, siempre tenían la amenaza del chicote o la vara de membrillo sobre sus espaldas, al principio hubo indígenas como los rarámuris de Chihuahua, que se creyeron en la prédica de la igualdad frente al dios único y quisieron comportarse como sus hermanos cristianos españoles, para caer pronto en la cuenta que en las iglesias recién construidas había lugares diferentes y que nadie de entre ellos podía aspirar a ser ministro de dios, quien reinaba de manera distinta para unos y otros, supieron del papel, de los escritos y de los libros, pero era lo mismo encontrar un garbanzo de libra que a un indio lector o escritor, también conocieron las espadas y los sables, pero nunca aprendieron a manejarlas y a lo más, quienes lo requerían para ejecutar sus labores para cortar caña o desbrozar montes, utilizaron el machete, de otra cosa que morrongos, tortilleras, peones de obras, restregadoras de pisos y oficios por el estilo, no se sabe del poseedor de algún otro que hubiese entrado a los palacios públicos o las mansiones privadas, vistas las penalidades para quien portara arriba de unos cuantos reales en la bolsa, de hecho apenas sí conocieron el dinero, …y así podíamos seguir, ocupando páginas enteras para enumerar todas las discriminaciones, indignidades y marginaciones de los indígenas en el tiempo que nació nuestro hombre.

La conquista fue sin duda una empresa portentosa. En doscientos cincuenta años, antes de que el expansionismo hispano perdiera el impulso histórico, llevó dese los inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII a misioneros, soldados, aventureros, convertidos luego en comerciantes, mineros y hacendados, desde la Patagonia hasta las llanuras texanas y los bosques de California. Un universo completo, lleno de iglesias, señoriales haciendas, fuertes militares y…caseríos miserables donde residían las comunidades autóctonas con todas las lenguas, nombres, religiones y hábitos imaginables. Millones de “gentiles” que fueron diezmados por las epidemias, las deportaciones, las masacres, los genocidios. En la Nueva España, por poco desparecen durante el primer siglo después de la llegada de los extranjeros, como sucedió en el Caribe. Sus campos se repoblaron en los siglos  XVII y XVIII, pero de antiguas civilizaciones como las edificadas por mayas o aztecas, no quedaban ya sino ruinas, ídolos derrumbados, códices quemados y desventuras.

En tal mundo de adversidades y sin ninguna esperanza para cambiarlo, Brígida García parió un niño a quien se bautizó cómo Benito Pablo, hijo de su esposo Marcelino Juárez, apellidos cada uno tomados con toda probabilidad del de algún antiguo encomendero o hacendado que lo impuso a sus indios.

A pesar de su ignorancia, el tío Bernardino Juárez bajo cuya tutela había quedado el niño huérfano de ambos padres, le despertó el innato deseo de saber y conocer. Instalado en Oaxaca, llegó la independencia y con ella, al menos formalmente, la emancipación de los indígenas. Gracias a su protector, estuvo a punto de graduarse de eclesiástico, cómo lo era don Antonio Salanueva. Para su fortuna e íntimos anhelos, un grupo liberal llegó al gobierno y fundó el Colegio Civil –como sucedió en buena parte de las capitales de los flamantes estados federados- y allí se hizo abogado. Ninguno de estos hechos hubiera podido acontecer bajo la antigua dominación. Benito Pablo hubiera continuado irremisiblemente en las condiciones de vida de sus ancestros o apenas un poco mejores por su traslado a la ciudad.

Como abogado defensor de pueblos, sufrió represión y luego destierro, cuando los conservadores regresaron al poder oaxaqueño y la emprendieron contra los políticos liberales en cuyas filas Juárez ya descollaba. En plena guerra contra Estados Unidos,  fue gobernador de Oaxaca. Hipotecó edificios públicos y recaudaciones para comprar armas, confiado en que la hermana república de Guatemala se las vendería. De allá le contestaron comedidamente que existía un tratado con los norteamericanos y no podían comerciar ni un cartucho ni un rifle. Concluyó la guerra y un lustro después ya estaba de nuevo Antonio López de Santa Anna en el palacio nacional. Se inauguró un régimen de dictadura absoluta, respondiendo al programa largamente acariciado por el partido conservador, al tiempo que se revivía el nunca abandonado proyecto de buscar la instalación de un protectorado bajo el mando de algún príncipe de sangre real y católico. Liberales prominentes fueron expulsados, entre ellos Benito Juárez, quien pasó por la prisión de San Juan de Ulúa, La Habana y finalmente Nueva Orleans, donde sobrevivió enrollando tabacos.

Se entusiasmó con la revolución de Ayutla y conminó al grupo de exiliados al regreso para apoyarla. Al triunfo, el general Juan Álvarez lo nombró ministro de Justicia, desde donde impulsó la ley eliminadora a medias de los fueros eclesiástico y militar, privilegios que le eran tan odiados desde sus años estudiantiles, época en la cual también vislumbraba una forma de hacer política de la cual se hizo un virtuoso: usar la ley como escudo y como espada.

Sus años de gloria le estarían reservados durante la llamada década nacional, de 1855 a 1867. Por segunda ocasión desempeñó el puesto de gobernador de su estado en enero de 1856. Entre otras determinaciones dejó sentado un principio, dicho en sus mismas palabras: “La convicción…de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de su devoción que según su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían finalmente ese deber si fuesen sectarios de alguna”

A raíz del golpe de estado de Tacubaya y en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el de presidente de la República. En ese período encabezó el triunfo de la revolución de reforma y venció de los franceses, evitándole quizá a México una tragedia parecida a la instrumentada unos años después por el cariñoso y cristianísimo hermano de la emperatriz Carlota, el rey belga Leopoldo II, de quien pocos saben es el mayor genocida de la historia, pues bajo su orden y organización se eliminaron a unas diez millones de personas en el Congo, mediante la esclavitud, la tortura y las masacres. El holocausto judío empequeñece ante la magnitud de este antecedente y hasta los defensores del imperio deben estremecerse por el parentesco que estuvieron a punto de contraer.

Nunca ha habido mandatario alguno sobre quien se hayan ejercido mayores presiones y amenazas de los poderes extranjeros y nunca otro que las haya resistido con mayor firmeza y talento. En 1859, instalado su gabinete en Veracruz, recibió al embajador norteamericano, quien le presentó la exigencia de una nueva cesión de territorio para su país, a cambio del reconocimiento diplomático y la protección de la armada norteamericana para frenar la inminente invasión española y el triunfo de los conservadores. Melchor Ocampo, el hábil ministro de relaciones exteriores, después de arduas negociaciones, suscribió un acuerdo en el cual se reconocían a EEUU prácticamente la mismas concesiones ya contenidas en el tratado de La Mesilla firmado en tiempo de Santa Anna: el libre paso de mercancías por Tehuantepec y por una ruta que atravesaba los estados norteños hasta el Pacífico. No se enajenó un milímetro de territorio, causa importante por la cual el senado norteamericano ni siquiera se ocupó de autorizarlo, cuando estaba embromado en evitar el desmembramiento de la unión americana. Los mexicanos sí alcanzaron el objetivo: reconocimiento diplomático y tres meses después, la ayuda de los barcos estadounidense para capturar a los primeros buques españoles que desembarcaban armas en el fondeadero de Antón Lizardo. El tratado de marras ha servido, sin embargo, para vilipendiar a Juárez, sin apreciar o ignorándolo, que se trató  de una jugada política maestra en la historia de las relaciones entre un país débil y otros dos poderosos.

No en balde, Emilio Olivier, hombre de estado y escritor francés, dijo de este indio zapoteca: es un hombre de Plutarco, del que cualquier nación puede enorgullecerse.

—
VÍCTOR OROZCO

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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