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Opinión

CAMPO PARADO POR VICTOR M.QUINTANA SILVEIRA

CAMPO PARADO

 

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Cuatro de cada diez o mexicanos no tienen con qué comprar la comida que necesitan, según la OCDE. Sin embargo, el país, produce y tiene con qué producir suficientes alimentos básicos y de precio accesible para el pueblo. ¿Entonces que es lo que pasa?

 

Hay varias situaciones a considerar: Los productores de frijol del Zacatecas, Durango y Chihuahua no tienen más remedio que aceptar de los intermediarios que les paguen a seis pesos el kilo de su cosecha, pero la leguminosa en los supermercados no baja de doce pesos. En tierras chihuahuenses, donde se produce casi el 70 por ciento de la manzana del país, los productores están regalando su fruta; sin embargo, en las tiendas de autoservicio no se consigue debajo de 20 pesos el kilo. A los lecheros, las empresas procesadoras les pagan máximo a cinco pesos noventa centavos litro,  pero los consumidores lo compran, cuando muy barato a trece pesos. El chile seco que se pagaba a 36 pesos kilo al productor ahora se paga a sólo 22 pesos.

 

Así sucede con la mayoría de los productos agropecuarios básicos: hay suficiente producción para satisfacer las demandas de los consumidores nacionales, pero los intermediarios acaparan las ventas al mayoreo y medio mayoreo y establecen precios para tener un gran margen de ganancia. Resultado, pérdida para productores y para consumidores. Aquí el Estado falla cuando menos en tres sentidos: no interviene para regular el precio de los alimentos básicos al consumidor final; no constituye una reserva estratégica de alimentos para resistir la especulación y a través de sus organismos de crédito, como la Financiera Rural, da prioridad a intermediarios y coyotes para financiar

la compra de cosechas.

 

Otra situación la revela con claridad el caso del maíz. De acuerdo a la SAGARPA, durante los meses de enero y febrero, la importación de maíz amarillo se disparó 142 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando las importaciones del grano pasaron de 553 mil 970 toneladas (a un millón 344 mil. En tanto, las importaciones de maíz representaron, al primer bimestre del año, 151 mil 908 toneladas, contra 41 mil del año pasado, un aumento de 270 por ciento.

 

Diversas organizaciones y productores en lo individual denuncian que el alza

en las importaciones y baja en la producción nacional de la gramínea se debe,

fundamentalmente, a que se han ido descapitalizando pues el precio internacional del maíz se derrumbó de 4 mil 800 pesos la tonelada a sólo 2 mil 800 o 900 pesos. El gobierno federal poco o nada hizo para amortiguar tan drástica baja y por ello los productores se descapitalizan, producen menos y el país importa más y pierde su soberanía alimentaria. Lo peor es que los consumidores también lo sufren: un kilo de tortillas les cuesta lo que a los productores les pagan por cinco kilos de maíz.

 

El peor de los mundos, pues. Los consumidores encuentran la comida cada vez

más cara y los productores reciben menos por lo que producen y por lo tanto no

pueden producir más. Con razón el Banco de México acaba de señalar que persiste la desaceleración económica y que nos se observan repuntes ni en la inversión ni en el consumo…y menos con políticas como las que se están aplicando en agricultura y alimentación.

 

El dirigente de El Barzón de Chihuahua, Yako Rodríguez, expone la situación muy clara en el caso de los energéticos para el campo: el diesel va a superar la barrera de 13 pesos por litro este fin de semana; para comprar un litro de gasolina se requiere vender casi cinco kilos de maíz, cuando en 1985, los productores del noroeste de Chihuahua formaron el Movimiento Democrático Campesino exigiendo que un kilo de la gramínea valiera lo mismo que un litro de gasolina. En lo que se refiere a la energía eléctrica, la CFE continúa con su política de empresa privada y no de entidad impulsora del desarrollo y acaba de colocar 800 productores chihuahuenses en el buró de crédito.

 

Hablando de crédito, hace casi 20 años que la mayoría de los productores de riego, el 95 por ciento, y el total de los temporaleros se financian con sus propios medios; mientras la banca “de desarrollo” y la privada orientan sus préstamos a intermediarios y grandes productores.

 

Esto lo puso muy claro El Barzón la semana pasada: el gobierno federal sigue dejando la agricultura y la alimentación a merced del mercado. Y no es cierto que el mercado acomoda a cada quien en su lugar…en este mundo globalizado, funciona siempre a favor de oligopolios y acaparadores, excluye, empobrece, priva de soberanía.

 

Hartos de tanta pasividad del gobierno ante los problemas de los agricultores y de tanto apoyo a los grandes capitales, los agricultores chihuahuenses comienzan el lunes próximo una nueva fase de sus luchas. Van a participar maiceros, frijoleros, nogaleros, manzaneros, chileros, algodoneros, lecheros; de muy diversas organizaciones campesinas y de productores. Será la primera jornada de un paro agrícola que luego se irá extendiendo. Sacarán su maquinaria a las carreteras y harán huelga de brazos caídos, de surcos vacíos, no para que “Comala se muera de hambre”, como diría Rulfo, sino para reclamar por enésima vez, el giro sustancial y urgente que requiere la política agropecuaria  y alimentaria en este país para hacer cumplir los derechos de los consumidores a alimentarse y de los agricultores a producir.

 

Los productores chihuahuenses harán paro de un día en sus actividades para gritarle a la Nación que son estos gobiernos neoliberales quienes están parando la economía de las familias y de las empresas.

 

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Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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