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Opinión

CAMPO PARADO POR VICTOR M.QUINTANA SILVEIRA

CAMPO PARADO

 

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Cuatro de cada diez o mexicanos no tienen con qué comprar la comida que necesitan, según la OCDE. Sin embargo, el país, produce y tiene con qué producir suficientes alimentos básicos y de precio accesible para el pueblo. ¿Entonces que es lo que pasa?

 

Hay varias situaciones a considerar: Los productores de frijol del Zacatecas, Durango y Chihuahua no tienen más remedio que aceptar de los intermediarios que les paguen a seis pesos el kilo de su cosecha, pero la leguminosa en los supermercados no baja de doce pesos. En tierras chihuahuenses, donde se produce casi el 70 por ciento de la manzana del país, los productores están regalando su fruta; sin embargo, en las tiendas de autoservicio no se consigue debajo de 20 pesos el kilo. A los lecheros, las empresas procesadoras les pagan máximo a cinco pesos noventa centavos litro,  pero los consumidores lo compran, cuando muy barato a trece pesos. El chile seco que se pagaba a 36 pesos kilo al productor ahora se paga a sólo 22 pesos.

 

Así sucede con la mayoría de los productos agropecuarios básicos: hay suficiente producción para satisfacer las demandas de los consumidores nacionales, pero los intermediarios acaparan las ventas al mayoreo y medio mayoreo y establecen precios para tener un gran margen de ganancia. Resultado, pérdida para productores y para consumidores. Aquí el Estado falla cuando menos en tres sentidos: no interviene para regular el precio de los alimentos básicos al consumidor final; no constituye una reserva estratégica de alimentos para resistir la especulación y a través de sus organismos de crédito, como la Financiera Rural, da prioridad a intermediarios y coyotes para financiar

la compra de cosechas.

 

Otra situación la revela con claridad el caso del maíz. De acuerdo a la SAGARPA, durante los meses de enero y febrero, la importación de maíz amarillo se disparó 142 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando las importaciones del grano pasaron de 553 mil 970 toneladas (a un millón 344 mil. En tanto, las importaciones de maíz representaron, al primer bimestre del año, 151 mil 908 toneladas, contra 41 mil del año pasado, un aumento de 270 por ciento.

 

Diversas organizaciones y productores en lo individual denuncian que el alza

en las importaciones y baja en la producción nacional de la gramínea se debe,

fundamentalmente, a que se han ido descapitalizando pues el precio internacional del maíz se derrumbó de 4 mil 800 pesos la tonelada a sólo 2 mil 800 o 900 pesos. El gobierno federal poco o nada hizo para amortiguar tan drástica baja y por ello los productores se descapitalizan, producen menos y el país importa más y pierde su soberanía alimentaria. Lo peor es que los consumidores también lo sufren: un kilo de tortillas les cuesta lo que a los productores les pagan por cinco kilos de maíz.

 

El peor de los mundos, pues. Los consumidores encuentran la comida cada vez

más cara y los productores reciben menos por lo que producen y por lo tanto no

pueden producir más. Con razón el Banco de México acaba de señalar que persiste la desaceleración económica y que nos se observan repuntes ni en la inversión ni en el consumo…y menos con políticas como las que se están aplicando en agricultura y alimentación.

 

El dirigente de El Barzón de Chihuahua, Yako Rodríguez, expone la situación muy clara en el caso de los energéticos para el campo: el diesel va a superar la barrera de 13 pesos por litro este fin de semana; para comprar un litro de gasolina se requiere vender casi cinco kilos de maíz, cuando en 1985, los productores del noroeste de Chihuahua formaron el Movimiento Democrático Campesino exigiendo que un kilo de la gramínea valiera lo mismo que un litro de gasolina. En lo que se refiere a la energía eléctrica, la CFE continúa con su política de empresa privada y no de entidad impulsora del desarrollo y acaba de colocar 800 productores chihuahuenses en el buró de crédito.

 

Hablando de crédito, hace casi 20 años que la mayoría de los productores de riego, el 95 por ciento, y el total de los temporaleros se financian con sus propios medios; mientras la banca “de desarrollo” y la privada orientan sus préstamos a intermediarios y grandes productores.

 

Esto lo puso muy claro El Barzón la semana pasada: el gobierno federal sigue dejando la agricultura y la alimentación a merced del mercado. Y no es cierto que el mercado acomoda a cada quien en su lugar…en este mundo globalizado, funciona siempre a favor de oligopolios y acaparadores, excluye, empobrece, priva de soberanía.

 

Hartos de tanta pasividad del gobierno ante los problemas de los agricultores y de tanto apoyo a los grandes capitales, los agricultores chihuahuenses comienzan el lunes próximo una nueva fase de sus luchas. Van a participar maiceros, frijoleros, nogaleros, manzaneros, chileros, algodoneros, lecheros; de muy diversas organizaciones campesinas y de productores. Será la primera jornada de un paro agrícola que luego se irá extendiendo. Sacarán su maquinaria a las carreteras y harán huelga de brazos caídos, de surcos vacíos, no para que “Comala se muera de hambre”, como diría Rulfo, sino para reclamar por enésima vez, el giro sustancial y urgente que requiere la política agropecuaria  y alimentaria en este país para hacer cumplir los derechos de los consumidores a alimentarse y de los agricultores a producir.

 

Los productores chihuahuenses harán paro de un día en sus actividades para gritarle a la Nación que son estos gobiernos neoliberales quienes están parando la economía de las familias y de las empresas.

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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