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CD. JUAREZ YA O SERÁ INGOBERNABLE POR LUIS OCHOA MINJARES

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CD. JUAREZ YA NO SERÁ INGOBERNABLE

 

Luis Ochoa Minjares

 

   La aclaración pronta, eficaz y creíble de los tres últimos, monstruosos e inenarrables crímenes cometidos en Ciudad Juárez, es no solamente un primer severo golpe a la impunidad, sino la evidencia plena de que el infamante mito adjudicado a Juárez de ciudad ingobernable, podría caer hecho añicos si esta nueva política anticrimen sigue firme, permanente y sin tropiezos.

 

   Sería mezquindad extrema no mencionar siquiera los apellidos del nuevo tipo de funcionarios y servidores públicos que requieren los municipios, los estados y el país entero: González Moken, González Nicolás, Serrano Escobar y Duarte Jáquez. Han sabido manejar con sabiduría, integridad y destreza el instrumento más eficaz y poderoso en contra de la impunidad del crimen organizado: la denuncia popular.

 

    La delincuencia desbocada y la incapacidad para garantizar seguridad pública vinieron a complicar los problemas de la macrocefálica Ciudad Juárez, y a pensar acerca de la necesidad de dividirla en Delegaciones, tal y como funciona el gobierno de la Ciudad de México, a fin de facilitar su gobernabilidad y, sobre todo, garantizar la prestación de los llamados servicios municipales primarios con mayor eficacia y facilitar el control de la delincuencia.

 

PROYECTO  A

LARGO PLAZO

 

   Tenga o no fundamento la vieja sugerencia, no deja de ser signo y expresión de la preocupación cada vez más generalizada de los juarenses por la incapacidad manifiesta que durante los últimos trienios han dado las administraciones municipales en el desempeño de sus funciones, y al acumularse los problemas proyectamos nacionalmente la imagen de una ciudad ingobernable.

 

 La explosión demográfica y la imparable afluencia de mexicanos y mexicanas de todas partes del país en busca de mejores niveles de vida, genera tal cantidad de problemas que convierten al Presidente Municipal en turno en un simple jefe de barandilla donde consume todas sus energías y su tiempo en atender minucias, mientras los grandes problemas y proyectos quedaban descuidados o aplazados.

 

   Dividir la Ciudad en cinco o seis delegaciones equivaldría a dividir la responsabilidad y el trabajo en seis delegados elegidos por su capacidad, responsabilidad y cariño a su terruño, mientras el alcalde en turno tendría todo el tiempo del mundo para coordinar las delegaciones, estudiar los problemas y planear las grandes obras a corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo, tendría mayor libertad y tiempo para relacionarse, gestionar y tramitar la ayuda y colaboración necesaria de los otros niveles de gobierno y de sus funcionarios.

 

PELIAGUDA TAREA

PARA LOS EDILES

 

   Las ciudades fronterizas limítrofes con el país más desarrollado y poderoso de nuestros tiempos, jamás dejarán de ser asediadas por la migración no solamente del interior del país, sino de los demás países hermanos de Centroamérica. Llegará el momento en que los ayuntamientos dejarán de ser eficientes para enfrentar los problemas que de ello se derivan. Ningún presidente municipal tendrá la capacidad, el tiempo y los recursos para desempeñar su función normalmente.

 

   Las ciudades fronterizas necesariamente serán cosmopolitas y refugio de oleadas de pobladores del centro del país insatisfechos de la falta de  oportunidades en sus lugares de origen. Ningún plan de desarrollo municipal que no tome en cuenta este hecho y prevea e instaure los mecanismos para amortiguar sus efectos tendrá éxito completo en su gestión administrativa. Y hasta ahora, no hay a la vista ningún programa de gobierno federal que mire hacia la creación de empleos y oportunidades en todos y cada uno de los municipios del interior del país, sin contar con los de nuestros hermanos de centro y América del sur.

 

   Por ahora es obvio que lo inmediato es devolver a los mexicanos fronterizos la seguridad pública en primer lugar y las fuentes de trabajo y ocupación necesarias para no alimentar la delincuencia ni obligar a los desempleados a buscar el sustento por caminos indebidos. Y enfrentar estos retos, no es cosa fácil para un presidente municipal convertido en jefe de barandilla por el exceso de población que no tiene más que un solo sitio a donde acudir a demandar solución a sus problemas.

 

LLEGAN MÁS

“JUAROCHOS”

 

   Instaurar cinco o seis delegaciones sería algo así como dividir el monstruoso e ingobernable masacote actual en que está convertido Ciudad Juárez en seis pequeñas ciudades manejables, controlables y con oportunidad para que cada uno de sus delegados  haga del desempeño de su cargo una verdadera carrera en el servicio público y en la política, y el alcalde en turno tenga oportunidad de atender los grandes problemas y proveer de mayor jerarquía el cargo y darle más proyección a su carrera de eficiente gobernante de su comunidad.

 

   Es posible que haya otras soluciones para gobernar y conducir los grandes hacinamientos de habitantes en comunidades cosmopolitas, cuyo estandar de vida y oportunidades constituyen un imán irresistible para las familias en busca de mejores horizontes. Pero esas soluciones novedosas y modernas que resulten más prácticas y factibles de aplicar, solamente surgen cuando el tema despierte el interés de los ciudadanos capacitados y entren al diálogo y expresen sus puntos de vista.

 

   Tampoco se trata de soluciones mágicas e inmediatas. Es posible que Juárez siga gobernándose a la antiguita todavía durante muchos trienios municipales. Pero podemos ganar tiempo si los sociólogos, constitucionalistas, gobernantes y políticos estudian esta solución o buscan otras. No olvidemos que están llegando “juarochos” noche y día. ¿Cuáles son los impedimentos y los obstáculos para instituir el sistema de delegaciones en un municipio macrocefálico cuyos problemas se han acumulado y seguirán acumulándose durante trienios y más trienios?

 

PROYECTO

ATORADO

 

    A otra cosa mariposa: Poco sabemos los lectores y ciudadanos comunes y corrientes qué ha sido del ambicioso y anhelados proyecto de dotar a Creel de un moderno aeropuerto que dispararía la industria del turismo en proporciones difíciles de calcular. Se dijo que un viejo y añejo conflicto de tierras entre tarahumaras y terratenientes detuvo el anhelado proyecto a medio camino.

 

   El tema viene a cuento porque el diligente y dinámico secretario de la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) Jorge Carlos Ramírez Marín, acaba de dar solución a un viejo, añejo y petrificado conflicto territorial entre ejidatarios y pequeños propietarios, durante uno de sus   fecundos “jueves agrarios” que realiza a lo largo y lo ancho del territorio mexicano.

 

   Y tiene toda la razón del mundo, pues “en la medida en que se resuelvan los conflictos en el campo habrá más productividad y con ello una mejor calidad de vida para la gente.

   El secretario Ramírez Marín subrayó que la SEDATU trabaja para que el campo viva en paz y armonía y llamó a los campesinos beneficiados con la tierra, a hacerla rentable y productiva para que sus hijos puedan vivir de ella.

   Échenos una manita en Creel don Jorge Carlos.

   ([email protected])

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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