Opinión
CD. JUAREZ YA O SERÁ INGOBERNABLE POR LUIS OCHOA MINJARES
CD. JUAREZ YA NO SERÁ INGOBERNABLE
Luis Ochoa Minjares
La aclaración pronta, eficaz y creíble de los tres últimos, monstruosos e inenarrables crímenes cometidos en Ciudad Juárez, es no solamente un primer severo golpe a la impunidad, sino la evidencia plena de que el infamante mito adjudicado a Juárez de ciudad ingobernable, podría caer hecho añicos si esta nueva política anticrimen sigue firme, permanente y sin tropiezos.
Sería mezquindad extrema no mencionar siquiera los apellidos del nuevo tipo de funcionarios y servidores públicos que requieren los municipios, los estados y el país entero: González Moken, González Nicolás, Serrano Escobar y Duarte Jáquez. Han sabido manejar con sabiduría, integridad y destreza el instrumento más eficaz y poderoso en contra de la impunidad del crimen organizado: la denuncia popular.
La delincuencia desbocada y la incapacidad para garantizar seguridad pública vinieron a complicar los problemas de la macrocefálica Ciudad Juárez, y a pensar acerca de la necesidad de dividirla en Delegaciones, tal y como funciona el gobierno de la Ciudad de México, a fin de facilitar su gobernabilidad y, sobre todo, garantizar la prestación de los llamados servicios municipales primarios con mayor eficacia y facilitar el control de la delincuencia.
PROYECTO A
LARGO PLAZO
Tenga o no fundamento la vieja sugerencia, no deja de ser signo y expresión de la preocupación cada vez más generalizada de los juarenses por la incapacidad manifiesta que durante los últimos trienios han dado las administraciones municipales en el desempeño de sus funciones, y al acumularse los problemas proyectamos nacionalmente la imagen de una ciudad ingobernable.
La explosión demográfica y la imparable afluencia de mexicanos y mexicanas de todas partes del país en busca de mejores niveles de vida, genera tal cantidad de problemas que convierten al Presidente Municipal en turno en un simple jefe de barandilla donde consume todas sus energías y su tiempo en atender minucias, mientras los grandes problemas y proyectos quedaban descuidados o aplazados.
Dividir la Ciudad en cinco o seis delegaciones equivaldría a dividir la responsabilidad y el trabajo en seis delegados elegidos por su capacidad, responsabilidad y cariño a su terruño, mientras el alcalde en turno tendría todo el tiempo del mundo para coordinar las delegaciones, estudiar los problemas y planear las grandes obras a corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo, tendría mayor libertad y tiempo para relacionarse, gestionar y tramitar la ayuda y colaboración necesaria de los otros niveles de gobierno y de sus funcionarios.
PELIAGUDA TAREA
PARA LOS EDILES
Las ciudades fronterizas limítrofes con el país más desarrollado y poderoso de nuestros tiempos, jamás dejarán de ser asediadas por la migración no solamente del interior del país, sino de los demás países hermanos de Centroamérica. Llegará el momento en que los ayuntamientos dejarán de ser eficientes para enfrentar los problemas que de ello se derivan. Ningún presidente municipal tendrá la capacidad, el tiempo y los recursos para desempeñar su función normalmente.
Las ciudades fronterizas necesariamente serán cosmopolitas y refugio de oleadas de pobladores del centro del país insatisfechos de la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Ningún plan de desarrollo municipal que no tome en cuenta este hecho y prevea e instaure los mecanismos para amortiguar sus efectos tendrá éxito completo en su gestión administrativa. Y hasta ahora, no hay a la vista ningún programa de gobierno federal que mire hacia la creación de empleos y oportunidades en todos y cada uno de los municipios del interior del país, sin contar con los de nuestros hermanos de centro y América del sur.
Por ahora es obvio que lo inmediato es devolver a los mexicanos fronterizos la seguridad pública en primer lugar y las fuentes de trabajo y ocupación necesarias para no alimentar la delincuencia ni obligar a los desempleados a buscar el sustento por caminos indebidos. Y enfrentar estos retos, no es cosa fácil para un presidente municipal convertido en jefe de barandilla por el exceso de población que no tiene más que un solo sitio a donde acudir a demandar solución a sus problemas.
LLEGAN MÁS
“JUAROCHOS”
Instaurar cinco o seis delegaciones sería algo así como dividir el monstruoso e ingobernable masacote actual en que está convertido Ciudad Juárez en seis pequeñas ciudades manejables, controlables y con oportunidad para que cada uno de sus delegados haga del desempeño de su cargo una verdadera carrera en el servicio público y en la política, y el alcalde en turno tenga oportunidad de atender los grandes problemas y proveer de mayor jerarquía el cargo y darle más proyección a su carrera de eficiente gobernante de su comunidad.
Es posible que haya otras soluciones para gobernar y conducir los grandes hacinamientos de habitantes en comunidades cosmopolitas, cuyo estandar de vida y oportunidades constituyen un imán irresistible para las familias en busca de mejores horizontes. Pero esas soluciones novedosas y modernas que resulten más prácticas y factibles de aplicar, solamente surgen cuando el tema despierte el interés de los ciudadanos capacitados y entren al diálogo y expresen sus puntos de vista.
Tampoco se trata de soluciones mágicas e inmediatas. Es posible que Juárez siga gobernándose a la antiguita todavía durante muchos trienios municipales. Pero podemos ganar tiempo si los sociólogos, constitucionalistas, gobernantes y políticos estudian esta solución o buscan otras. No olvidemos que están llegando “juarochos” noche y día. ¿Cuáles son los impedimentos y los obstáculos para instituir el sistema de delegaciones en un municipio macrocefálico cuyos problemas se han acumulado y seguirán acumulándose durante trienios y más trienios?
PROYECTO
ATORADO
A otra cosa mariposa: Poco sabemos los lectores y ciudadanos comunes y corrientes qué ha sido del ambicioso y anhelados proyecto de dotar a Creel de un moderno aeropuerto que dispararía la industria del turismo en proporciones difíciles de calcular. Se dijo que un viejo y añejo conflicto de tierras entre tarahumaras y terratenientes detuvo el anhelado proyecto a medio camino.
El tema viene a cuento porque el diligente y dinámico secretario de la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) Jorge Carlos Ramírez Marín, acaba de dar solución a un viejo, añejo y petrificado conflicto territorial entre ejidatarios y pequeños propietarios, durante uno de sus fecundos “jueves agrarios” que realiza a lo largo y lo ancho del territorio mexicano.
Y tiene toda la razón del mundo, pues “en la medida en que se resuelvan los conflictos en el campo habrá más productividad y con ello una mejor calidad de vida para la gente.
El secretario Ramírez Marín subrayó que la SEDATU trabaja para que el campo viva en paz y armonía y llamó a los campesinos beneficiados con la tierra, a hacerla rentable y productiva para que sus hijos puedan vivir de ella.
Échenos una manita en Creel don Jorge Carlos.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
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