Opinión
CD. JUAREZ YA O SERÁ INGOBERNABLE POR LUIS OCHOA MINJARES
CD. JUAREZ YA NO SERÁ INGOBERNABLE
Luis Ochoa Minjares
La aclaración pronta, eficaz y creíble de los tres últimos, monstruosos e inenarrables crímenes cometidos en Ciudad Juárez, es no solamente un primer severo golpe a la impunidad, sino la evidencia plena de que el infamante mito adjudicado a Juárez de ciudad ingobernable, podría caer hecho añicos si esta nueva política anticrimen sigue firme, permanente y sin tropiezos.
Sería mezquindad extrema no mencionar siquiera los apellidos del nuevo tipo de funcionarios y servidores públicos que requieren los municipios, los estados y el país entero: González Moken, González Nicolás, Serrano Escobar y Duarte Jáquez. Han sabido manejar con sabiduría, integridad y destreza el instrumento más eficaz y poderoso en contra de la impunidad del crimen organizado: la denuncia popular.
La delincuencia desbocada y la incapacidad para garantizar seguridad pública vinieron a complicar los problemas de la macrocefálica Ciudad Juárez, y a pensar acerca de la necesidad de dividirla en Delegaciones, tal y como funciona el gobierno de la Ciudad de México, a fin de facilitar su gobernabilidad y, sobre todo, garantizar la prestación de los llamados servicios municipales primarios con mayor eficacia y facilitar el control de la delincuencia.
PROYECTO A
LARGO PLAZO
Tenga o no fundamento la vieja sugerencia, no deja de ser signo y expresión de la preocupación cada vez más generalizada de los juarenses por la incapacidad manifiesta que durante los últimos trienios han dado las administraciones municipales en el desempeño de sus funciones, y al acumularse los problemas proyectamos nacionalmente la imagen de una ciudad ingobernable.
La explosión demográfica y la imparable afluencia de mexicanos y mexicanas de todas partes del país en busca de mejores niveles de vida, genera tal cantidad de problemas que convierten al Presidente Municipal en turno en un simple jefe de barandilla donde consume todas sus energías y su tiempo en atender minucias, mientras los grandes problemas y proyectos quedaban descuidados o aplazados.
Dividir la Ciudad en cinco o seis delegaciones equivaldría a dividir la responsabilidad y el trabajo en seis delegados elegidos por su capacidad, responsabilidad y cariño a su terruño, mientras el alcalde en turno tendría todo el tiempo del mundo para coordinar las delegaciones, estudiar los problemas y planear las grandes obras a corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo, tendría mayor libertad y tiempo para relacionarse, gestionar y tramitar la ayuda y colaboración necesaria de los otros niveles de gobierno y de sus funcionarios.
PELIAGUDA TAREA
PARA LOS EDILES
Las ciudades fronterizas limítrofes con el país más desarrollado y poderoso de nuestros tiempos, jamás dejarán de ser asediadas por la migración no solamente del interior del país, sino de los demás países hermanos de Centroamérica. Llegará el momento en que los ayuntamientos dejarán de ser eficientes para enfrentar los problemas que de ello se derivan. Ningún presidente municipal tendrá la capacidad, el tiempo y los recursos para desempeñar su función normalmente.
Las ciudades fronterizas necesariamente serán cosmopolitas y refugio de oleadas de pobladores del centro del país insatisfechos de la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Ningún plan de desarrollo municipal que no tome en cuenta este hecho y prevea e instaure los mecanismos para amortiguar sus efectos tendrá éxito completo en su gestión administrativa. Y hasta ahora, no hay a la vista ningún programa de gobierno federal que mire hacia la creación de empleos y oportunidades en todos y cada uno de los municipios del interior del país, sin contar con los de nuestros hermanos de centro y América del sur.
Por ahora es obvio que lo inmediato es devolver a los mexicanos fronterizos la seguridad pública en primer lugar y las fuentes de trabajo y ocupación necesarias para no alimentar la delincuencia ni obligar a los desempleados a buscar el sustento por caminos indebidos. Y enfrentar estos retos, no es cosa fácil para un presidente municipal convertido en jefe de barandilla por el exceso de población que no tiene más que un solo sitio a donde acudir a demandar solución a sus problemas.
LLEGAN MÁS
“JUAROCHOS”
Instaurar cinco o seis delegaciones sería algo así como dividir el monstruoso e ingobernable masacote actual en que está convertido Ciudad Juárez en seis pequeñas ciudades manejables, controlables y con oportunidad para que cada uno de sus delegados haga del desempeño de su cargo una verdadera carrera en el servicio público y en la política, y el alcalde en turno tenga oportunidad de atender los grandes problemas y proveer de mayor jerarquía el cargo y darle más proyección a su carrera de eficiente gobernante de su comunidad.
Es posible que haya otras soluciones para gobernar y conducir los grandes hacinamientos de habitantes en comunidades cosmopolitas, cuyo estandar de vida y oportunidades constituyen un imán irresistible para las familias en busca de mejores horizontes. Pero esas soluciones novedosas y modernas que resulten más prácticas y factibles de aplicar, solamente surgen cuando el tema despierte el interés de los ciudadanos capacitados y entren al diálogo y expresen sus puntos de vista.
Tampoco se trata de soluciones mágicas e inmediatas. Es posible que Juárez siga gobernándose a la antiguita todavía durante muchos trienios municipales. Pero podemos ganar tiempo si los sociólogos, constitucionalistas, gobernantes y políticos estudian esta solución o buscan otras. No olvidemos que están llegando “juarochos” noche y día. ¿Cuáles son los impedimentos y los obstáculos para instituir el sistema de delegaciones en un municipio macrocefálico cuyos problemas se han acumulado y seguirán acumulándose durante trienios y más trienios?
PROYECTO
ATORADO
A otra cosa mariposa: Poco sabemos los lectores y ciudadanos comunes y corrientes qué ha sido del ambicioso y anhelados proyecto de dotar a Creel de un moderno aeropuerto que dispararía la industria del turismo en proporciones difíciles de calcular. Se dijo que un viejo y añejo conflicto de tierras entre tarahumaras y terratenientes detuvo el anhelado proyecto a medio camino.
El tema viene a cuento porque el diligente y dinámico secretario de la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) Jorge Carlos Ramírez Marín, acaba de dar solución a un viejo, añejo y petrificado conflicto territorial entre ejidatarios y pequeños propietarios, durante uno de sus fecundos “jueves agrarios” que realiza a lo largo y lo ancho del territorio mexicano.
Y tiene toda la razón del mundo, pues “en la medida en que se resuelvan los conflictos en el campo habrá más productividad y con ello una mejor calidad de vida para la gente.
El secretario Ramírez Marín subrayó que la SEDATU trabaja para que el campo viva en paz y armonía y llamó a los campesinos beneficiados con la tierra, a hacerla rentable y productiva para que sus hijos puedan vivir de ella.
Échenos una manita en Creel don Jorge Carlos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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