Opinión

¿Los nuevos intocables? Por Caleb Ordóñez T.

Hay mensajes que cambian por completo dependiendo de quién los envía. Imagínate que miras tu teléfono y encuentras cinco palabras: “Vamos a ir tras de ti”.

Ahora imagina que eres periodista. Que estás en México. Y que quien acaba de escribirlas no es un anónimo, ni un delincuente escondido detrás de una cuenta falsa. Es un senador de la República. Tiene fuero. Tiene poder. Tiene tribuna. Y pertenece al partido que gobierna al país.

El mensaje fue para el periodista Enrique Acevedo. Lo escribió Luis Fernando Salazar, senador de Morena, después de que N+ difundiera una investigación relacionada con Julieta Ramírez, polémica senadora con licencia y aspirante al gobierno de Baja California. Después borró el mensaje, se disculpó y explicó que hablaba de emprender acciones legales.

Pero ése ni siquiera es el punto. México conoce demasiado bien lo que ocurre cuando el poder decide que un periodista se ha convertido en enemigo. Durante décadas hemos visto gobiernos espiar, intimidar, desacreditar, perseguir y utilizar instituciones del Estado contra periodistas incómodos. También hemos contado periodistas asesinados mientras autoridades prometen investigaciones que demasiadas veces terminan en ninguna parte.

Por eso las palabras importan.

Porque existe una distancia enorme entre un ciudadano enojado escribiendo una barbaridad en redes sociales y un integrante del Estado anunciándole, de forma amenazante, a un periodista: “vamos a ir tras de ti”. No importa demasiado lo que Salazar asegure ahora que quiso decir. Un senador debería entender que en México esa frase carga una historia demasiado oscura.

Si una información es falsa, la desmientes. Si constituye un delito, denuncias. Si causa daño, demandas. Pero desde el poder no persigues periodistas. Ni siquiera juegas a parecer que lo haces.

Y si esto puede ocurrir con un senador de la República, conviene preguntarse qué más está ocurriendo, con menos ruido, en el resto del movimiento. Porque Salazar no es un caso aislado. Es apenas el más visible de un desorden que la Presidenta ya no puede seguir observando desde lejos: alrededor de Morena hay demasiados personajes comportándose como si nadie pudiera ponerles un alto. No todos con la misma gravedad —amenazar a un periodista no es lo mismo que hacer campaña por otro partido—, pero todos dejan una pregunta parecida: ¿dónde está el límite?

Pedro Haces, por ejemplo. El millonario y poderoso líder de CATEM, ex priísta y diputado plurinominal de Morena organizó un multitudinario evento sindical en el que apareció Enrique Vargas del Villar, senador del PAN y aspirante a gobernar el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Haces lo llamó “un gran amigo” y anunció que su organización buscará espacios políticos en 2027 donde le abran las puertas.

El mensaje es maravilloso por su sinceridad: los principios pueden esperar; las candidaturas, no.

Sheinbaum se molestó. “No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro”, dijo. Lo calificó de “muy extraño”.

Extraño, sí. Inocente, difícilmente.

Haces tiene mucho dinero, un mega sindicato, legisladores, operadores, relaciones y ambiciones. No está organizando una tertulia: está construyendo poder. Y alrededor de ese mismo grupo aparece otra figura que empieza a incomodar a la 4T (aunque no sea militante morenista): Josefina Rodríguez Zamora.

La secretaria de Turismo fue candidata en 2021 de Fuerza por México, proyecto partidista impulsado por Haces. Hoy está en el gabinete de Sheinbaum y las controversias se le acumulan. Primero fueron los lujos, incompatibles cuando menos estéticamente con esa austeridad que la 4T exige con enorme entusiasmo, pero no logra posicionar en algunos de sus líderes.

Después, Campo Marte. El Fan Fest “fifí” del Mundial dejó preguntas sobre costos, responsabilidades, uso de instalaciones militares y participación gubernamental que todavía merecen respuestas claras,pues hablamos de millones de pesos.

Y ahora Puebla. El estado fue elegido sede del Tianguis Turístico 2027 mientras José David Rodríguez, hermano de la secretaria, trabaja en el aparato turístico poblano y ha sido señalado por su participación en la organización. Josefina niega cualquier beneficio indebido.

Puede ser cierto. El parentesco no es delito y la coincidencia no es prueba. Pero justo por eso la salida no es la sospecha ni la absolución anticipada, sino la transparencia: que se abra todo, contratos decisiones, criterios, participantes y responsables para que la dudas se resuelvan con documentos públicos.

Mientras tanto, en Chihuahua se cocina una batalla que puede decir mucho más sobre Morena que cualquier discurso. La

siempre mediática, Andrea Chávez busca desesperadamente (desde hace muchos meses y con millones de pesos de inversión) ser gobernadora. Y Andrea no llega sola: detrás está el grupo político de Adán Augusto López, un personaje que carga suficientes controversias como para llenar de preguntas varias mañaneras.

Del otro lado está Cruz Pérez Cuéllar, quien aparece encabezando la mayoría de las mediciones. Sheinbaum ya había puesto un freno a la promoción anticipada de Andrea Chávez, incluso regañándola desde la mañanera.

Por eso Chihuahua será una prueba magnífica: Si Cruz gana claramente las encuestas y es candidato, se acabó la discusión.

Pero si Cruz tiene a su favor las encuestas y la candidata termina siendo Andrea Chávez, la pregunta ya no será quién ganó Chihuahua. Será quién perdió dentro de Palacio Nacional. Porque imponerla contra las mediciones significaría que el grupo de Adán Augusto conserva fuerza suficiente para doblarle la mano a quienes supuestamente conducen Morena.

Y por si faltaran problemas internos, están los socios. El Partido Verde comienza a descubrir el placer de ser indispensable. En San Luis Potosí, Quintana Roo y Tabasco defienden sus intereses rumbo a 2027 y algunos de sus senadores cuestionan ahora una reforma constitucional importante para Sheinbaum sobre la doble nacionalidad. El Verde sabe contar. Y cuando tus votos son indispensables, cada voto adquiere precio político. Quieren al menos 5 candidaturas a gobernadores.

Un senador le amenaza a un periodista “vamos a ir tras de ti”. Un poderoso diputado morenista coquetea electoralmente con el PAN. Una secretaria proveniente de su entorno golpe indirectamente al gabinete. El grupo de Adán Augusto busca imponer una gubernatura. El Verde comienza a cobrar muy caro. Parecen historias diferentes. No lo son. Todos están probando hasta dónde los deja llegar Claudia Sheinbaum.

Y es justo aquí donde vale la pena detenerse, porque existe una lectura más generosa: quizá Sheinbaum no está siendo rebasada. Quizá administra con paciencia los equilibrios de un movimiento heterogéneo, donde romper también tiene costos. Enfrentar a Adán Augusto puede fracturar Morena antes de una elección clave. Pelearse con el Verde puede costarle votos indispensables para reformas constitucionales. Prescindir de Haces puede abrir otro frente político y sindical.

Es una hipótesis razonable. Pero tiene un límite. Y ese límite son exactamente cinco palabras: “Vamos a ir tras de ti”.

Porque administrar equilibrios internos es una cosa. Tolerar que un senador le escriba eso a un periodista y que no exista ninguna consecuencia visible es otra completamente distinta. Lo primero es política. Lo segundo manda un mensaje peligrosísimo: que dentro del movimiento el costo de intimidar a la prensa puede parecer permitido.

La Presidenta tiene un poder político enorme. Precisamente por eso no puede convertirse en espectadora de los excesos de quienes llegaron al poder bajo las mismas siglas.

Morena necesita orden. Y poner orden crea enemigos, sí. Pero no ponerlo también tiene un precio: que cada quien termine decidiendo, por su cuenta, hasta dónde puede llegar.

Quizá llegó el momento de que Sheinbaum decida si quiere seguir administrando equilibrios entre grupos o ejercer plenamente el liderazgo de su movimiento. Aunque tenga que romper con Haces. Aunque tenga que enfrentar a Adán Augusto. Aunque tenga que plantarse frente al Verde. Aunque tenga que disciplinar a los suyos.

Porque el poder sin límites convierte la arrogancia en costumbre. Y cuando un senador se siente suficientemente cómodo para escribirle a un periodista “vamos a ir tras de ti”, la alarma ya sonó.

Claudia Sheinbaum tiene que dar un golpe en la mesa y poner orden. Con quien sea. Contra quien sea. Y si para hacerlo tiene que romper con quien tenga que romper, pues que rompa.

Antes de que quienes hoy se sienten intocables descubran que tenían razón.

Opinión

Condenados a la duda. Por Caleb Ordóñez Talavera

Era la noche del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas. Un Cadillac blanco se puso al lado de un BMW negro en un semáforo. Bajaron una ventanilla y sonaron los disparos. En el BMW iba el famosísimo rapero Tupac Shakur, de 25 años. Murió seis días después. Quizá la nueva generación no haya escucha de él, pero en ese tiempo, era considerado uno de los mejores del mundo.

Durante treinta años nadie pagó por ese crimen. Hasta que un hombre habló demasiado.

Duane “Keffe D” Davis, antiguo líder de una pandilla de Compton, contó su versión de cómo participó, en entrevistas y en un libro que vendió muchas copias. Cuando eso lo llevó a juicio, su defensa dijo que había inventado todo para hacerse famoso. El jurado no le creyó. El pasado 13 de octubre, una jueza lo sentenció a una pena de 40 años de prisión como mínimo, con posibilidad de cadena perpetua.

Por fin había un condenado. Pero eso no quiere decir que sepamos todo lo que pasó. En el juicio nunca apareció el arma y no hubo pruebas de laboratorio de ADN que lo pusieran en el lugar. La fiscalía se apoyó, sobre todo, en lo que él mismo había dicho. Es legal: nadie te puede obligar a declarar contra ti, pero si hablas por tu cuenta, tus palabras cuentan. Aun así, Davis ya dijo que va a apelar.

Un juez no resuelve los misterios de la historia. Decide si hay pruebas suficientes para castigar a alguien. La verdad completa es otra cosa, y a veces nunca llega.

De este lado ya nos la sabemos.

En México le tendemos de sobra. Aquí la justicia ha fallado de muchas maneras.

A Luis Donaldo Colosio lo mataron en 1994, en plena campaña, delante de una multitud. Mario Aburto fue condenado hace décadas y, aun así, el país sigue discutiendo si actuó solo. Hay condenado, pero no hay confianza.

El cardenal Posadas Ocampo murió en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. El gobierno dijo que lo confundieron en un tiroteo entre bandas. Pero el director del Servicio Médico Forense de aquella época cuestionó esa versión y señaló que recibió 14 disparos directos. La Iglesia nunca aceptó la explicación oficial. Más de 33 años después, seguimos sin tener una explicación que convenza a todos.

A José Francisco Ruiz Massieu lo asesinaron en 1994. Condenaron al que disparó. Condenaron también a Raúl Salinas de Gortari como el que mandó matarlo, pero lo absolvieron en 2005, después de más de diez años preso. Y el diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado como pieza clave, desapareció dos días después del crimen y nunca lo encontraron. Uno disparó, otro salió libre y otro se esfumó.

A la abogada Digna Ochoa la encontraron muerta en su oficina en 2001. Las autoridades se inclinaron por el suicidio. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la investigación había tenido graves deficiencias y ordenó realizar una investigación efectiva.

Y están los 43 de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. Aquí no hay ni condena que alcance ni verdad que alcance: la versión con la que el gobierno quiso cerrar el caso fue desmentida por expertos independientes. Doce años después, hay nuevas líneas de investigación, pero los representantes de los padres sostienen que siguen lejos de saber dónde están sus hijos.

Son casos muy distintos. Algunos tuvieron condenados, otros no. Pero en todos pasó lo mismo: la gente dejó de creer en cómo se hizo el trabajo, no solo en el resultado. Y cuando las autoridades no dan explicaciones, otros ocupan su lugar: las redes, la televisión, las teorías que más nos convienen. Dejamos de preguntar qué se puede comprobar y empezamos a preguntar qué versión nos gusta más.

Me parece que ahí está el error de fondo. Casi siempre le echamos la culpa al juez que soltó al acusado. Casi nunca preguntamos quién juntó las pruebas, quién las guardó, quién interrogó a los testigos o quién dejó que se perdieran los documentos.

Pedimos que los jueces hagan justicia, pero también que arreglen lo que hicieron mal policías, peritos y fiscales. Y un juez no puede inventar pruebas que nadie consiguió. Tampoco debería condenar a alguien nada más para calmar el enojo de la gente. La presunción de inocencia no es un favor para los criminales. Es una protección para todos, sobre todo cuando el Estado se equivoca.

Hasta en el caso de Tupac queda una duda incómoda. En 2008, Davis habló con investigadores bajo un acuerdo que, según su defensa, lo protegía. Los tribunales determinaron que esa protección no impedía utilizar sus declaraciones posteriores y el juicio siguió. Pero ¿por qué pasaron tantos años entre lo que se sabía y el día en que se llevó a juicio? Esa pregunta casi nunca llega a las noticias, y es la que más dice de cómo trabajó el sistema.

¿Hay soluciones?

Y ahora México enfrenta una prueba todavía mayor. Con la reforma judicial comenzamos a elegir jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular. Nos prometieron una justicia más cercana, más transparente y menos sometida a intereses. Pero cambiar la manera de elegir a quienes juzgan no garantiza que mejore la manera de investigar.

¿Tendrán los nuevos jueces la preparación y la independencia necesarias para resolver casos tan complejos como los de Colosio o Ayotzinapa? ¿Podrán tomar decisiones impopulares cuando las pruebas así lo exijan? ¿O terminaremos confundiendo la justicia con otra competencia electoral?

Un juez elegido por el pueblo no necesariamente es un mejor juez. Y uno nombrado por el sistema anterior tampoco era garantía de honestidad. Lo importante no es solamente cómo llega al cargo, sino cómo responde por sus decisiones. La reforma judicial será verdaderamente útil si consigue que las sentencias sean más comprensibles, las instituciones más responsables y los ciudadanos menos ajenos a lo que sucede en los tribunales.

Por eso propongo algo sencillo. Cada vez que un caso grande se cierra, se cae o se reabre, el Estado debería publicar un informe claro, sin tecnicismos, que diga qué se hizo, qué falló y quién tomó cada decisión, respetando los datos protegidos y las investigaciones que sigan abiertas.

Imagina que ese informe existiera hoy sobre Posadas. Sabríamos quién decidió que fue un tiroteo entre bandas, con qué pruebas y por qué se descartó lo que decía el forense. No habría que creerle a nadie por fe: bastaría con leerlo. Si la investigación fue buena, el informe la protege. Si fue mala, nos dice dónde corregir.

No hace falta ser abogado para exigirlo. Basta con preguntar: ¿qué pruebas hay?, ¿cómo las consiguieron?, ¿se respetaron los derechos del acusado?, ¿quién responde por los errores?

En Las Vegas tardaron treinta años en conseguir una condena. En México llevamos más de treinta discutiendo qué pasó en Lomas Taurinas y doce preguntando por los 43.

Porque una condena puede cerrar un expediente, pero no necesariamente las heridas de una sociedad. Y cuando pasan las décadas, cambian los gobiernos, mueren los testigos y las preguntas siguen siendo las mismas, el problema ya no es solamente encontrar al culpable.

Es descubrir que también hemos sido víctimas de una justicia que nunca terminó de decirnos la verdad.