México, DF. Ante el acoso en las escuelas, el gobierno federal se alista para cambiar las reglas en los planteles escolares a fin de atajar este problema; al mismo tiempo aplicará una encuesta para determinar, entre otros factores, las características y origen del bullying.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (SG), advirtió que es necesario definir “límites” en las escuelas pero no satanizarlas.

“Es importante visibilizar este problema; sería un error ocultarlo. Sin embargo, resulta a todas luces inconveniente satanizar las escuelas porque, sobre todo en las zonas más violentas del país, las escuelas son un espacio de protección que debemos mejorar”, expresó.

También alertó acerca de algunas características que está tomando el bullying, desde alumnos que se burlan o ponen apodos hirientes a sus compañeros; personas que esparcen rumores o mentiras “y compañeros que se han llegado a drogar o a consumir alcohol dentro y fuera de la escuela; maltrato, golpes”.

La segunda premisa es que la violencia es un síntoma de lo que pasa en el ambiente externo y refleja la problemática de violencia familiar y comunitaria.

El tercero: se debe impulsar de manera especial la violencia escolar, la cual es un medio efectivo para la resolución pacífica de los conflictos.

Dijo que la información actual no está actualizada y, por ello, resulta insuficiente e inconsistente, por lo que se requiere una estrategia integral que involucre a toda la comunidad educativa (estudiantes, maestros, directivos y padres de familia) pero también a la sociedad en general, incluidos los medios de comunicación.

El subsecretario insistió en la necesidad de generar mecanismos de prevención del acoso escolar para dotar a niños y jóvenes de herramientas ante la violencia intrafamiliar y en el entorno escolar.

Como se ha difundido, la SG aplicará en 82 mil 250 viviendas la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Se encuestará al jefe o jefa de familia, a adolescentes entre 12 y 29 años y, por tanto, se generará información de la situación de las comunidades.

Se evaluará la actitud de los jóvenes pero también la de los maestros.

La Jornada