Opinión
Trump, el Hombre que se peleó con el Mundo en 60 Minutos. Por Caleb Ordoñez T.
En la historia moderna hay discursos que cambian el curso de los mercados, y luego está lo que hizo Donald Trump en una hora: sacudir al planeta con una política comercial tan agresiva que logró unir a países que no se hablaban ni por WhatsApp. El 2 de abril de 2025, desde el Despacho Oval, Trump anunció una “nueva era” económica para Estados Unidos. ¿Cómo? Imponiendo una serie de aranceles con efecto inmediato, que iban desde el 10% hasta el 34% para países con los que, según él, “Estados Unidos estaba siendo estafado”.

Caleb Ordoñez T.
Fue como tirar gasolina en una fogata diplomática. China, Alemania, Corea del Sur, India, Brasil y una larga lista de países pusieron el grito en el cielo. Las embajadas se activaron como en tiempos de guerra, mientras las bolsas de valores se desplomaban. Wall Street vivió su jornada más negra en cuatro años: se esfumaron cerca de 3.85 trillones de dólares. Sí, con “t” de Trump.
Empresas tecnológicas como Apple, Tesla y Microsoft perdieron valor como si sus productos de pronto fueran del año pasado. Los bancos se tambalearon, los fondos de inversión entraron en pánico y el dólar, ese símbolo de poder, comenzó a debilitarse. La economía global quedó, literalmente, con la mandíbula desencajada.
México y Canadá: Salvados por el T-MEC (¡y qué suerte!)
En medio del caos, hubo dos países que esquivaron el golpe como en película de acción: México y Canadá. Gracias al T-MEC, ambos quedaron exentos, al menos temporalmente, de las tarifas. Trump, en su discurso, aseguró que sus “aliados continentales” habían demostrado ser “socios leales”, pero lo cierto es que el tratado comercial tiene candados que impiden aplicar estas medidas de forma unilateral sin consecuencias legales.
Esto no significa que México pueda dormirse en sus laureles. La exención no es un regalo eterno: depende de cumplir reglas muy específicas del tratado, en temas como reglas de origen, condiciones laborales, propiedad intelectual y comercio digital. Si en algún momento Trump considera que México “rompe el pacto”, la espada arancelaria podría caer sin aviso previo.
Ahora bien, no todo sería tragedia. A veces, de la crisis nace la oportunidad, y esta vez le tocó a México sacar boleto dorado. Con medio mundo molesto con Estados Unidos, el turismo internacional ha empezado a voltear a ver a otras opciones más amigables. Y ahí está México, como ese vecino simpático que siempre tiene una cerveza fría y buena comida.
Las búsquedas de vuelos a Estados Unidos cayeron casi un 20% en apenas tres días, mientras que las agencias de viaje comenzaron a reportar un alza del 12% en reservaciones hacia México. Y eso que todavía falta lo mejor: en poco más de un año, nuestro país será anfitrión de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. Si el clima político y económico se mantiene favorable, podríamos tener uno de los mejores años turísticos de nuestra historia reciente.
Y no hablamos solo de Cancún o Los Cabos. Las ciudades sede como Guadalajara, Monterrey y CDMX están en plena transformación para recibir a miles de visitantes. Restaurantes, hoteles, transportes y hasta las abuelitas que rentan cuartos por Airbnb se están preparando. A eso se le llama estar en el lugar correcto, en el momento exacto… y con el rival equivocado enfrente.
¿Qué debe hacer México ante el “peleonero Trump”?
Ahora bien, no todo es celebrar. México tiene ante sí un reto diplomático enorme: mantener a Trump de buenas. Porque sí, puede ser impredecible, pero no es imposible. La estrategia debe ser clara: mano firme en los intereses nacionales, pero sin caer en provocaciones. Mostrar cooperación en temas bilaterales como migración, seguridad fronteriza y comercio, sin ceder soberanía ni dignidad.
El gobierno mexicano debe reforzar sus canales diplomáticos, mantener un frente unido con Canadá y, sobre todo, abrir nuevos mercados. Asia, Sudamérica y Europa son regiones con las que México puede fortalecer intercambios. Mientras Trump cierra puertas, México debe abrir ventanas y balcones.
También hay que reforzar la economía interna: invertir en infraestructura logística, mejorar los puertos, las aduanas, la cadena de suministro nacional. Porque si Estados Unidos se convierte en un socio inestable, el país necesita estar preparado para resistir y adaptarse.
Trump, con su arancelazo histórico, creyó que estaba blindando a su país, pero terminó aislándolo. El mundo le respondió con sanciones, reclamos y cancelaciones. Y México, que históricamente ha sufrido los vaivenes del vecino del norte, esta vez quedó en la banca viendo cómo otros se llevaban los golpes.
El reto será mantenerse ahí: lejos del pleito, pero cerca del balón. Y si lo jugamos bien, no solo llegaremos al Mundial 2026 como anfitriones… sino también como campeones del juego diplomático.
Les comparto una columna sobre cómo Trump desató un caos global con sus aranceles, el impacto en los mercados, el papel del T-MEC y la oportunidad que se abre para México en turismo
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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