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México

Detienen 52 ‘Zetas’ en gran redada en Nuevo León

Policías de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron la primera gran redada en municipios rurales de Nuevo León en la cual capturaron a 52 presuntos miembros del grupo criminal Los Zetas, informó este miércoles el Consejo de Seguridad estatal.

Los detenidos fueron presentados este miércoles en una conferencia de prensa conjunta del procurador estatal Adrián de la Garza, y Jorge Domene, vocero de Seguridad.

Los presuntos zetas fueron capturados en una serie de operativos que iniciaron el pasado 8 de junio pasado y terminaron este martes, precisó Domene.

Entre los detenidos hay informantes del grupo criminal —conocidos como halcones— asesinos a sueldo y jefes de células, entre otros.

Las redadas se realizaron en los municipios rurales del sur del estado como Linares, Montemorelos, Allende, Galeana e Iturbide, entre otros.

Entre los 52 detenidos hay ocho mujeres, cinco menores y dos policías. Las autoridades les decomisaron nueve vehículos, una motocicleta, cuatro armas largas, 57 cargadores de diversos calibres, droga, chalecos antibalas y aparatos de radiocomunicación.

Los municipios donde operaban los detenidos han registrado en los últimos años un aumento en asesinatos, secuestros, robos y extorsiones.

El jefe de Los Zetas en la región era Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, alias El Loco, quien fue detenido por el Ejército a finales de mayo por su supuesta implicación en el crimen de los 49 cuerpos descuartizados que aparecieron en el municipio de Cadereyta.

Nuevo León, ubicado en el noroeste de México, es una de las entidades con mayor actividad de Los Zetas, uno grupo criminal fundado por exmilitares señalado como uno de los más violentos en el país.

Entre sus ataques más destacados están el incendio del casino Royale en Monterrey, el asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata y la matanza de migrantes en Tamaulipas.

La violencia de Los Zetas ha aumentado en medio de su disputa contra el cártel de Sinaloa por el control del noroeste, una ruta estratégica para el trasiego de drogas, armas y personas a Estados Unidos.

Como respuesta, el gobierno federal lanzó en noviembre de 2010 la Operación Coordinada Noreste, con el fin de combatir al crimen en Nuevo León y el estado vecino, Tamaulipas.

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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