Opinión
¿EN QUÉ MEDIDA ESTAMOS EN MANOS DE GANGSTERS METIDOS A “POLÍTICOS”? Por Aquiles Córdova Morán
Esta no es la primera vez que saco a la luz pública delitos cometidos en contra de algunos de los más destacados dirigentes antorchistas, sus familias y sus pequeños hijos. Recordaré rápidamente, por falta de espacio, algunos de los más relevantes: la atroz campaña de anónimos soeces, injuriosos y amenazantes del gobierno de Querétaro que encabezó Francisco Garrido Patrón, que culminó con la violación de mi domicilio particular y el asesinato a mansalva del joven Jorge Obispo Hernández; la violación y registro de los domicilios de los líderes antorchistas de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y, recientemente, del vocero nacional de Antorcha, Homero Aguirre Enríquez; y, finalmente, las amenazas de muerte contra un líder antorchista en el municipio de Corregidora, en Querétaro, de otro en Cananea, Sonora, el “accidente” en la autopista México-Pachuca contra una marcha de campesinos hacia el Distrito Federal, con saldo de un muerto y varios lesionados graves, y el asesinato del Lic. Pedro Sánchez Camacho, quien se desempeñaba como abogado de algunas pequeñas empresas de transportistas mexiquenses que han recibido el respaldo de nuestra organización para defender su derecho a trabajar independientemente. Todos estos casos fueron denunciados oportunamente ante las autoridades y ante la opinión pública, a pesar de lo cual todos permanecen en la impunidad total.
Pero, en vista de que el Movimiento Antorchista no dispone de recurso mejor para defenderse en estos casos, hoy vuelvo a sacar a la luz los bestiales (por su lenguaje y por lo animalesco y primitivo de sus amenazas) “comentarios” (así los llaman sus autores) filtrados en la cuenta de Facebook de Maricela Serrano Hernández, candidata del PRI al gobierno municipal de Ixtapaluca, Estado de México, y cabeza muy visible del antorchismo mexiquense. La primera de estas “joyas”, que hablan bien del estercolero que hay en el cerebro de sus autores, es la siguiente (el tipo de letra, la ausencia de puntuación y las faltas a la sintaxis y a la ortografía son del original):
PINCHES PENDEJOS ANTORCHISTAS BAJENLE DE HUEVOS O NOS LO BAMOS A CHINGAR PINCHE MARICELA DONDE ESCONDISTE A TUS HIJOS TODOS PUTOS ANTORCHISTAS INVASORES TODOS TELESFORO TOLENTINO LISANDRO AQUILES BAJENLE DE HUEVOS ALEJAN A SUS HIJOS DE SUS PADRES PERO SABEMOS DONDE ESTANM TODOS ATENEA AQUILES ELIU YASER NIDIA CADA UNO DE ELLOS EN CADA LUGAR TODOS LOS TENEMOS UBICADOS PINCHES DIPUTADOS Y PRESIDENTES HASTA LOS DE VERACEUZ SE LOS VAMOS A CARGAR EL SAMUEL Y LA MINERVA EL HOMERO Y TODOS SUS HIJOS…. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA.
Haciendo a un lado nombres como los de Lisandro, Samuel o Minerva, que a todas luces son para despistar, y también el argot imitando al crimen organizado con el mismo propósito, es obvio que el golpe va dirigido contra los antorchistas del Estado de México que están contendiendo por un cargo de elección popular: Jesús Tolentino Román, candidato a diputado por el distrito XXV de Chimalhuacán; Telesforo García Carreón, que compite por la presidencia municipal del mismo municipio y Maricela Serrano que, como ya dije, va por la presidencia municipal de Ixtapaluca. Los tres coinciden en los magníficos resultados de su campaña, que a estas alturas les da una ventaja insuperable sobre sus competidores según encuestas aplicadas por bufetes profesionales. Si a esto se añade que, en estos días, el antorchismo no enfrenta ningún conflicto grave derivado de su agenda diaria en ninguna otra parte del país, y que jamás hemos tenido ningún roce con los cárteles de las drogas, resulta evidente que la amenaza surge del actual proceso electoral en el Estado de México. Y los avatares de este proceso encajan perfectamente con esta conclusión. En el caso de Ixtapaluca, es del conocimiento público (y también del gobierno del estado) la inconformidad irreductible del grupo del ex presidente municipal Armando Corona con la postulación de Maricela, inconformidad que ha hecho patente de manera abierta y desembozada mediante una campaña mediática que ha rebasado todos los límites de lo tolerable en materia de injurias, acusaciones y calumnias, con tal de descarrilar la candidatura de Maricela. Le faltaba sólo el recurso del terror anónimo mediante amenazas directas de muerte. En el caso de Chimalhuacán, el problema surge de la arrogancia, soberbia y menosprecio al voto antorchista, en el propio Chimalhuacán y en Texcoco, por parte del candidato a la presidencia municipal, Manuel Cadena Morales, y de su candidato a diputado federal por el distritoXXXVIII (la mayoría de cuyo padrón electoral está en Chimalhuacán), Amado Acosta, que los ha llevado a ignorar por completo las legítimas aspiraciones del antorchismo. La consecuente falta de apoyo ante esta agresión ha exacerbado la prepotencia y el autoritarismo de ambos candidatos, y a ello se suma la bien conocida relación personal y política entre los candidatos texcocanos y los inconformes de Ixtapaluca.
Entra aquí el segundo “comentario”: IMVECIL CREES QUE NO SABEMOS DONDE MANTIENES A TUS HIJOS… SEREMOS CLAROS, EL CHIQUITO, ELIU, ESTA CON LOS PELONES… MUERAN PERROS.
Los terroristas olvidan aquí el camuflaje del primer “mensaje” y van directamente contra Maricela y sus hijos; y si recordamos, además, que en el primer anónimo sólo mencionan por sus nombres a los hijos de ella y de Telésforo García Carreón, se afianza la conclusión de que el tiro va por la cuestión electoral en Ixtapaluca y Chimalhuacán. Pero hay algo más. La mención de Homero Aguirre, que no es candidato a ningún cargo y cuyo domicilio fue allanado y esculcado hace poquísimos días por gente de Axel García Aguilera, sugiere con gran fuerza de convicción que hay un tercer actor en este asunto: el pulpo camionero que encabeza el negociante mencionado, contra cuyos abusos salió a declarar Homero hace poco y fue la causa del asalto a su domicilio. Pareciera pues, que la campaña de intimidaciones, amenazas y terror, tiene un triple origen: Ixtapaluca, Texcoco y Cuautitlán Izcalli.
Me dirijo ahora muy respetuosamente al Dr. Eruviel Ávila Villegas, como primer mandatario del Estado de México y como distinguido jurista, para recordarle que los antorchistas somos ciudadanos en pleno goce de nuestras garantías constitucionales, por lo que tenemos el mismo derecho que otro cualquiera a ser candidatos a cargos de elección popular. Por tanto, debemos gozar de las mismas garantías de respeto, integridad física y libertad para llevar a cabo nuestras actividades proselitistas y políticas en general, de que disfrutan otros candidatos y partidos. Le recuerdo, además, que al menos dos de los tres problemas que menciono (el de Ixtapaluca y el del pulpo camionero) están desde hace tiempo en manos de sus funcionarios y que seguimos en espera de resultados ciertos en ambos casos. El señor gobernador, como Doctor en Derecho y humanista que es, sabe que amenazas como las que denuncio, por el temor, el desasosiego y la ansiedad que ocasionan a las familias, por el daño psicológico irreparable que provocan en las mentes infantiles amenazadas por alimañas brutales capaces de las peores crueldades, son un grave delito que debe perseguirse y castigarse sin esperar a que se cumplan o no. ¿Son necesarios, acaso, uno o varios secuestros o asesinatos para actuar? Y la vida política de la nación ¿No merece ser ventilada y depurada a fondo de especímenes tan infames como los anónimos que hoy nos amenazan?
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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