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¿EN QUÉ MEDIDA ESTAMOS EN MANOS DE GANGSTERS METIDOS A “POLÍTICOS”? Por Aquiles Córdova Morán

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Esta no es la primera vez que saco a la luz pública delitos cometidos en contra de algunos de los más destacados dirigentes antorchistas, sus familias y sus pequeños hijos. Recordaré rápidamente, por falta de espacio, algunos de los más relevantes: la atroz campaña de anónimos soeces, injuriosos y amenazantes del gobierno de Querétaro que encabezó Francisco Garrido Patrón, que culminó con la violación de mi domicilio particular y el asesinato a mansalva del joven Jorge Obispo Hernández; la violación y registro de los domicilios de los líderes antorchistas de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y, recientemente, del vocero nacional de Antorcha, Homero Aguirre Enríquez; y, finalmente, las amenazas de muerte contra un líder antorchista en el municipio de Corregidora, en Querétaro, de otro en Cananea, Sonora, el “accidente” en la autopista México-Pachuca contra una marcha de campesinos hacia el Distrito Federal, con saldo de un muerto y varios lesionados graves, y el asesinato del Lic. Pedro Sánchez Camacho, quien se desempeñaba como abogado de algunas pequeñas empresas de transportistas mexiquenses que han recibido el respaldo de nuestra organización para defender su derecho a trabajar independientemente. Todos estos casos fueron denunciados oportunamente ante las autoridades y ante la opinión pública, a pesar de lo cual todos permanecen en la impunidad total.

Pero, en vista de que el Movimiento Antorchista no dispone de recurso mejor para defenderse en estos casos, hoy vuelvo a sacar a la luz los bestiales (por su lenguaje y por lo animalesco y primitivo de sus amenazas) “comentarios” (así los llaman sus autores) filtrados en la cuenta de Facebook de Maricela Serrano Hernández, candidata del PRI al gobierno municipal de Ixtapaluca, Estado de México, y cabeza muy visible del antorchismo mexiquense. La primera de estas “joyas”, que hablan bien del estercolero que hay en el cerebro de sus autores, es la siguiente (el tipo de letra, la ausencia de puntuación y las faltas a la sintaxis y a la ortografía son del original):

PINCHES PENDEJOS ANTORCHISTAS BAJENLE DE HUEVOS O NOS LO BAMOS A CHINGAR PINCHE MARICELA DONDE ESCONDISTE A TUS HIJOS TODOS PUTOS ANTORCHISTAS INVASORES TODOS TELESFORO TOLENTINO LISANDRO AQUILES BAJENLE DE HUEVOS ALEJAN A SUS HIJOS DE SUS PADRES PERO SABEMOS DONDE ESTANM TODOS ATENEA AQUILES ELIU YASER NIDIA CADA UNO DE ELLOS EN CADA LUGAR TODOS LOS TENEMOS UBICADOS PINCHES DIPUTADOS Y PRESIDENTES HASTA LOS DE VERACEUZ SE LOS VAMOS A CARGAR EL SAMUEL Y LA MINERVA EL HOMERO Y TODOS SUS HIJOS…. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA.

Haciendo a un lado nombres como los de Lisandro, Samuel o Minerva, que a todas luces son para despistar, y también el argot imitando al crimen organizado con el mismo propósito, es obvio que el golpe va dirigido contra los antorchistas del Estado de México que están contendiendo por un cargo de elección popular: Jesús Tolentino Román, candidato a diputado por el distrito XXV de Chimalhuacán; Telesforo García Carreón, que compite por la presidencia municipal del mismo municipio y Maricela Serrano que, como ya dije, va por la presidencia municipal de Ixtapaluca. Los tres coinciden en los magníficos resultados de su campaña, que a estas alturas les da una ventaja insuperable sobre sus competidores según encuestas aplicadas por bufetes profesionales. Si a esto se añade que, en estos días, el antorchismo no enfrenta ningún conflicto grave derivado de su agenda diaria en ninguna otra parte del país, y que jamás hemos tenido ningún roce con los cárteles de las drogas, resulta evidente que la amenaza surge del actual proceso electoral en el Estado de México. Y los avatares de este proceso encajan perfectamente con esta conclusión. En el caso de Ixtapaluca, es del conocimiento público (y también del gobierno del estado) la inconformidad irreductible del grupo del ex presidente municipal Armando Corona con la postulación de Maricela, inconformidad que ha hecho patente de manera abierta y desembozada mediante una campaña mediática que ha rebasado todos los límites de lo tolerable en materia de injurias, acusaciones y calumnias, con tal de descarrilar la candidatura de Maricela. Le faltaba sólo el recurso del terror anónimo mediante amenazas directas de muerte. En el caso de Chimalhuacán, el problema surge de la arrogancia, soberbia y menosprecio al voto antorchista, en el propio Chimalhuacán y en Texcoco, por parte del candidato a la presidencia municipal, Manuel Cadena Morales, y de su candidato a diputado federal por el distritoXXXVIII (la mayoría de cuyo padrón electoral está en Chimalhuacán), Amado Acosta, que los ha llevado a ignorar por completo las legítimas aspiraciones del antorchismo. La consecuente falta de apoyo ante esta agresión ha exacerbado la prepotencia y el autoritarismo de ambos candidatos, y a ello se suma la bien conocida relación personal y política entre los candidatos texcocanos y los inconformes de Ixtapaluca.

Entra aquí el segundo “comentario”: IMVECIL CREES QUE NO SABEMOS DONDE MANTIENES A TUS HIJOS… SEREMOS CLAROS, EL CHIQUITO, ELIU, ESTA CON LOS PELONES… MUERAN PERROS.

Los terroristas olvidan aquí el camuflaje del primer “mensaje” y van directamente contra Maricela y sus hijos; y si recordamos, además, que en el primer anónimo sólo mencionan por sus nombres a los hijos de ella y de Telésforo García Carreón, se afianza la conclusión de que el tiro va por la cuestión electoral en Ixtapaluca y Chimalhuacán. Pero hay algo más. La mención de Homero Aguirre, que no es candidato a ningún cargo y cuyo domicilio fue allanado y esculcado hace poquísimos días por gente de Axel García Aguilera, sugiere con gran fuerza de convicción que hay un tercer actor en este asunto: el pulpo camionero que encabeza el negociante mencionado, contra cuyos abusos salió a declarar Homero hace poco y fue la causa del asalto a su domicilio. Pareciera pues, que la campaña de intimidaciones, amenazas y terror, tiene un triple origen: Ixtapaluca, Texcoco y Cuautitlán Izcalli.

Me dirijo ahora muy respetuosamente al Dr. Eruviel Ávila Villegas, como primer mandatario del Estado de México y como distinguido jurista, para recordarle que los antorchistas somos ciudadanos en pleno goce de nuestras garantías constitucionales, por lo que tenemos el mismo derecho que otro cualquiera a ser candidatos a cargos de elección popular. Por tanto, debemos gozar de las mismas garantías de respeto, integridad física y libertad para llevar a cabo nuestras actividades proselitistas y políticas en general, de que disfrutan otros candidatos y partidos. Le recuerdo, además, que al menos dos de los tres problemas que menciono (el de Ixtapaluca y el del pulpo camionero) están desde hace tiempo en manos de sus funcionarios y que seguimos en espera de resultados ciertos en ambos casos. El señor gobernador, como Doctor en Derecho y humanista que es, sabe que amenazas como las que denuncio, por el temor, el desasosiego y la ansiedad que ocasionan a las familias, por el daño psicológico irreparable que provocan en las mentes infantiles amenazadas por alimañas brutales capaces de las peores crueldades, son un grave delito que debe perseguirse y castigarse sin esperar a que se cumplan o no. ¿Son necesarios, acaso, uno o varios secuestros o asesinatos para actuar? Y la vida política de la nación ¿No merece ser ventilada y depurada a fondo de especímenes tan infames como los anónimos que hoy nos amenazan?

 

 

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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