Chihuahua

Aprueban más de 6 millones en agua y drenaje para zona marginada de Juárez

Gracias a una lucha insistente de muchos meses, humildes familias de Ciudad Juárez lograron que se les destinara una inversión de más de 6 millones de pesos en obras de agua y drenaje.

Las familias serán beneficiadas con acciones del Programa APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) del gobierno federal, en coordinación con la JCAS (Junta Central de Agua Potable y Saneamiento), en el estado. “El compromiso fue arrancado por la lucha audaz, aguerrida, de nuestro Comité Estatal y de todos los antorchistas del estado, dio finalmente sus frutos”, señaló el dirigente municipal en Juárez de esta organización, Marco Antonio Martínez Soto. Agregó que el gobierno del estado, a través de la JCAS, aprobó la introducción del agua potable y drenaje, para las colonias Ladrillera de Juárez, Felipe Ángeles, El Retiro, Fronteriza Alta, Siglo XXI y la red general en Loma Blanca. Que además, se instaló una planta purificadora de agua potable por osmosis inversa en Puerto Anapra.

En noviembre de 2010 un numeroso grupo de colonos organizados entregó al gobierno del Estado un pliego petitorio en donde se enarbolaban demandas de elemental justicia social, como la introducción del agua potable y drenaje para colonias precaristas de esta ciudad fronteriza. Desde esa fecha, los antorchistas de todo el estado no han dejado de ejercer presión, con la realización de mítines incluso y plantones, para que al fin les informaran por escrito que sus anheladas obras ya están programada para su ejecución en este 2012.

“Cabe resaltar que aunque nuestra agua potable ya está programada y destinados recursos para su realización, no debemos bajar la guardia y dejar de presionar, ya que de nuestra organización y posterior movilización, será la garantía que las obras se realicen en tiempo y forma, como fue el compromiso de las autoridades estatales”, advirtió Martínez Soto.

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Chihuahua

César Duarte acusa a CONAGUA de destruir infraestructura hídrica histórica en su rancho

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.

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