La Confederación Nacional Campesina manifestó hoy que el caso de las tierras y la reforma energética es un asunto de gran sensibilidad para el país y de justicia social para los productores del campo, por lo que se debe garantizar el beneficio de los campesinos, pequeños propietarios, comunidades indígenas y núcleos agrarios, hasta lograr una distribución de la riqueza en términos de igualdad por la explotación de los hidrocarburos y fuentes de generación  de energía eléctrica.

En una carta enviada al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el senador y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García, se pronunció por la defensa de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de tierras que podrían verse afectadas por la Reforma Energética y, aparte de defender la propiedad social de los campesinos, pide que el Estado asuma la responsabilidad de crear las bases para un trato directo entre las instituciones y éstos, quienes jamás deben negociar con las empresas contratistas o asignatarias.

“Es bajo este precepto, que la CNC por conducto de su Consejo Técnico Consultivo, ha considerado inadecuado que la negociación para la afectación de tierras o negociación de una contraprestación por el usufructo de las mismas, sea entre asignatarios o contratistas y propietarios, ya que este tipo de tratos en razón de su naturaleza, deberán realizarse en todo momento por las instituciones del Estado mexicano”, dice la misiva recibida en la SENER el pasado 27 de junio.

Y para que no haya duda del posicionamiento de la CNC, el dirigente sostiene que en los beneficios y rentas obtenidos por concepto de la explotación de hidrocarburos deben participar también los propietarios de las tierras y que en las negociaciones por la contraprestación no se les deje en desigualdad; que sea la SENER u otra institución del Estado la que asuma la negociación en su representación. De lo contrario, las desventajas y asimetrías, además de injustas, podrán complicar innecesariamente las negociaciones.

Sánchez García aclara que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad de la Nación, que la exploración y extracción que de ellos se realice tanto por asignatarios como por contratistas es y será, en cualquier caso, por cuenta y orden del Estado, recayendo en éste la responsabilidad de la administración de dichos recursos y la renta por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo.

Adicionalmente, destaca el líder de la CNC en su misiva, la servidumbre legal de hidrocarburos tendrá pleno sentido si es un acto del Ejecutivo, que solicita una autoridad jurisdiccional, como consecuencia de una negociación directa con el propietario, y no como se plantea en el proyecto de dictamen, como un acto derivado de una incapacidad negociadora, dolo o abuso en el mecanismo de contraprestación por parte de un asignatario o contratista en perjuicio de un propietario.