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Coincidimos con el Secretario de Gobierno: los compromisos son para cumplirse Por Antonio Escamilla

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El próximo miércoles 20 de junio, una comisión representativa del Movimiento Antorchista Nacional en Chihuahua, llevará a cabo una marcha-mitin que partirá del Parque Lerdo en punto de las 10 de la mañana, hará un alto en el edificio “Héroes de la Revolución”, sede de las Secretaría de Fomento Social y de Educación Cultura y Deporte, y concluirá en Palacio de Gobierno, con el único objetivo de demandar el cumplimiento a la palabra empeñada por parte de servidores públicos que argumentando “falta de presupuesto”, ponen en duda la eficacia, la sensibilidad humana y política del Gobierno del Estado.

Luego de un sinnúmero de gestiones, varias horas de antesalas, distintas mesas de trabajo y diálogo, y de múltiples movilizaciones realizadas desde noviembre del 2010, el 27 de febrero de los corrientes, en el salón “Sacramento” de Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el mismo Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, por instrucciones, se nos dijo, del señor Gobernador. El Licenciado Raymundo, en su calidad de coordinador de todas las Secretarías y dependencias estatales fue, para los antorchistas, el garante de los compromisos contraídos. Ciertamente, algunos de ellos se están cumpliendo, pero otros siguen a la espera de la voluntad política de nuestros gobernantes. Veamos algunos ejemplos:

En dicha reunión la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), representada por el Ing. Eduardo Issa Bolos, subdirector técnico, estableció, entre otros, el siguiente compromiso:

*Analizar la suficiencia presupuestaria para introducir el agua potable en el año 2012, con recursos propios de la JCAS, a las colonias Jorge Barouse, Ampliación Crucero, Ampliación 11 de febrero y Lomas de Oriente. No se ha cumplido siquiera con la elaboración de los proyectos ejecutivos respectivos, a pesar de lo urgente del problema: recordemos que en días pasados, presas de la desesperación, los habitantes de la Ampliación 11 de Febrero secuestraron una pipa de agua porque llevaban varios días sin el vital líquido.

La Secretaría de Fomento Social, representada en la reunión mencionada por el Licenciado José Luis de la Madrid y la Licenciada Erika Loo, de la dirección de planeación, hizo el siguiente compromiso, entre otros:

*Que una vez integrados los expedientes, por parte de los interesados, de 4 salones de usos múltiples para los habitantes de las colonias marginadas de la capital Granjas Cerro Grande, La Noria, Granjas La Soledad y Los Llanos, se concluía el proceso de valoración e integración de los expedientes y se pasaría a tramitar los recursos correspondientes para realizar dichas obras en el primer semestre del 2012. No se ha cumplido. El Titular de la Secretaría, Profesor Rafael Servando Portillo Díaz, argumenta que su dependencia no cuenta con “suficiencia presupuestal” toda vez que la Comisión Estatal de Gasto-Financiamiento, mediante oficio No. CGF 0176.1/12, le informó que para “…procurar el Equilibrio Financiero del Estado…no es posible autorizar recursos adicionales, para apoyos en Infraestructura y Equipamiento a las organizaciones de la Sociedad Civil…”. ¿Y el equilibrio social y político? ¿Y el compromiso establecido?

El Doctor Fernando Uriarte Zazueta, cuando fungía como titular de Fomento Social, se comprometió a incluir en un programa alimentario mensual a familias en condiciones de pobreza representadas por nuestro Movimiento; hasta el momento, el Profesor Portillo, desconoce el compromiso.

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, representada en la reunión citada por el Licenciado Andrés Meza Limón, se comprometió, entre otras cosas, a lo siguiente:

*Comprar un terreno para construir una escuela para el Jardín de Niños “Rayénari” en Granjas La Soledad, cuyos alumnos “reciben clases” en aulas móviles que son verdaderos hornos en primavera-verano y congeladoras en otoño-invierno. No se ha cumplido, con el argumento, se nos informa, de que la Secretaría de Hacienda no libera los recursos correspondientes.

*Aumentar el subsidio para la Casa del Estudiante “Antonio Sosa Perdomo”. No se ha cumplido, con el mismo argumento.

La Secretaría de Fomento Social, por una parte, y el Instituto de la Vivienda, por la otra, establecieron el compromiso de integrar a 212 familias de Bocoyna y 126 de Carichí, respectivamente, desde el año pasado, al programa de autoconstrucción de casitas de adobe, pero hasta el momento no se ha cumplido, no obstante la gran promoción que se hace por parte del Gobierno del Estado.

Las dependencias involucradas y sus funcionarios respectivos, aunque todas las peticiones fueron formuladas desde noviembre del 2010 precisamente para que fueran presupuestadas, aducen, pues, problemas de presupuesto a pesar de la reunión del 27 de febrero y de la posterior intervención de la Secretaría General de Gobierno (“Los compromisos son para cumplirse”, ha insistido una y otra vez el Licenciado Romero). Por lo tanto, creemos que la intervención decidida del Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, haciendo gala de su gran sensibilidad humana y política, es indispensable para resolver la problemática expuesta; la marcha-mitin anunciada tiene la finalidad de lograr ese propósito. Ojalá que así sea, sería en beneficio de miles de familias chihuahuenses que viven en la marginación.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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