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Opinión

Coincidimos con el Secretario de Gobierno: los compromisos son para cumplirse Por Antonio Escamilla

El próximo miércoles 20 de junio, una comisión representativa del Movimiento Antorchista Nacional en Chihuahua, llevará a cabo una marcha-mitin que partirá del Parque Lerdo en punto de las 10 de la mañana, hará un alto en el edificio “Héroes de la Revolución”, sede de las Secretaría de Fomento Social y de Educación Cultura y Deporte, y concluirá en Palacio de Gobierno, con el único objetivo de demandar el cumplimiento a la palabra empeñada por parte de servidores públicos que argumentando “falta de presupuesto”, ponen en duda la eficacia, la sensibilidad humana y política del Gobierno del Estado.

Luego de un sinnúmero de gestiones, varias horas de antesalas, distintas mesas de trabajo y diálogo, y de múltiples movilizaciones realizadas desde noviembre del 2010, el 27 de febrero de los corrientes, en el salón “Sacramento” de Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el mismo Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, por instrucciones, se nos dijo, del señor Gobernador. El Licenciado Raymundo, en su calidad de coordinador de todas las Secretarías y dependencias estatales fue, para los antorchistas, el garante de los compromisos contraídos. Ciertamente, algunos de ellos se están cumpliendo, pero otros siguen a la espera de la voluntad política de nuestros gobernantes. Veamos algunos ejemplos:

En dicha reunión la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), representada por el Ing. Eduardo Issa Bolos, subdirector técnico, estableció, entre otros, el siguiente compromiso:

*Analizar la suficiencia presupuestaria para introducir el agua potable en el año 2012, con recursos propios de la JCAS, a las colonias Jorge Barouse, Ampliación Crucero, Ampliación 11 de febrero y Lomas de Oriente. No se ha cumplido siquiera con la elaboración de los proyectos ejecutivos respectivos, a pesar de lo urgente del problema: recordemos que en días pasados, presas de la desesperación, los habitantes de la Ampliación 11 de Febrero secuestraron una pipa de agua porque llevaban varios días sin el vital líquido.

La Secretaría de Fomento Social, representada en la reunión mencionada por el Licenciado José Luis de la Madrid y la Licenciada Erika Loo, de la dirección de planeación, hizo el siguiente compromiso, entre otros:

*Que una vez integrados los expedientes, por parte de los interesados, de 4 salones de usos múltiples para los habitantes de las colonias marginadas de la capital Granjas Cerro Grande, La Noria, Granjas La Soledad y Los Llanos, se concluía el proceso de valoración e integración de los expedientes y se pasaría a tramitar los recursos correspondientes para realizar dichas obras en el primer semestre del 2012. No se ha cumplido. El Titular de la Secretaría, Profesor Rafael Servando Portillo Díaz, argumenta que su dependencia no cuenta con “suficiencia presupuestal” toda vez que la Comisión Estatal de Gasto-Financiamiento, mediante oficio No. CGF 0176.1/12, le informó que para “…procurar el Equilibrio Financiero del Estado…no es posible autorizar recursos adicionales, para apoyos en Infraestructura y Equipamiento a las organizaciones de la Sociedad Civil…”. ¿Y el equilibrio social y político? ¿Y el compromiso establecido?

El Doctor Fernando Uriarte Zazueta, cuando fungía como titular de Fomento Social, se comprometió a incluir en un programa alimentario mensual a familias en condiciones de pobreza representadas por nuestro Movimiento; hasta el momento, el Profesor Portillo, desconoce el compromiso.

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, representada en la reunión citada por el Licenciado Andrés Meza Limón, se comprometió, entre otras cosas, a lo siguiente:

*Comprar un terreno para construir una escuela para el Jardín de Niños “Rayénari” en Granjas La Soledad, cuyos alumnos “reciben clases” en aulas móviles que son verdaderos hornos en primavera-verano y congeladoras en otoño-invierno. No se ha cumplido, con el argumento, se nos informa, de que la Secretaría de Hacienda no libera los recursos correspondientes.

*Aumentar el subsidio para la Casa del Estudiante “Antonio Sosa Perdomo”. No se ha cumplido, con el mismo argumento.

La Secretaría de Fomento Social, por una parte, y el Instituto de la Vivienda, por la otra, establecieron el compromiso de integrar a 212 familias de Bocoyna y 126 de Carichí, respectivamente, desde el año pasado, al programa de autoconstrucción de casitas de adobe, pero hasta el momento no se ha cumplido, no obstante la gran promoción que se hace por parte del Gobierno del Estado.

Las dependencias involucradas y sus funcionarios respectivos, aunque todas las peticiones fueron formuladas desde noviembre del 2010 precisamente para que fueran presupuestadas, aducen, pues, problemas de presupuesto a pesar de la reunión del 27 de febrero y de la posterior intervención de la Secretaría General de Gobierno (“Los compromisos son para cumplirse”, ha insistido una y otra vez el Licenciado Romero). Por lo tanto, creemos que la intervención decidida del Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, haciendo gala de su gran sensibilidad humana y política, es indispensable para resolver la problemática expuesta; la marcha-mitin anunciada tiene la finalidad de lograr ese propósito. Ojalá que así sea, sería en beneficio de miles de familias chihuahuenses que viven en la marginación.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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