Opinión
AMLO: ¿SER O NO SER? por FRANCISCO RODRIGUEZ PÉREZ
AMLO: ¿SER O NO SER?
Francisco Rodríguez Pérez
Mientras las encuestas, la lógica y el sentido común apuntan al triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Manuel López Obrador anticipa fraude, desconoce a las autoridades electorales, intenta “reventar” al candidato puntero y la elección y la jornada electoral del primero de julio y amenaza con un conflicto post-electoral de alcances y consecuencias inimaginables.
AMLO dice que, nuevamente, eligió la vía electoral, pero en el fondo añora su propia naturaleza, autoritaria, voluntarista, violenta, fuera de la ley y las instituciones.
Por la vía electoral tiene 12 años en campaña por la presidencia dela República, incluso se autonombró “Presidente Legítimo”, cuenta con el apoyo de tres partidos nacionales y un movimiento de su propiedad: el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, con millones de seguidores.
Por la vía electoral ya dejó en el camino a su competidor más cercano, Marcelo Ebrard Casaubón, actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al parecer ya desplazó a la candidata oficial, Josefina Eugenia Vázquez Mota, e intenta, desesperadamente, alcanzar al puntero en la contienda, incluso asegurando que ya lo alcanzó…
MORENA es un movimiento encabezado exclusivamente por AMLO, creado con el propósito fundamental de “iniciar la transformación de México”, como dice oficialmente, con el objetivo electoral de alcanzar el apoyo de veinte millones de mexicanos convencidos, unos seis millones más que los votos que oficialmente obtuvo hace seis años.
MORENA, por cierto, es una pirámide completa y absolutamente autoritaria, es la expresión más vertical y menos democrática del país, con AMLO en la cúspide, como Jefe Máximo, un responsable por cada estado, uno por cada distrito electoral federal, casi 2, 500 comités municipales y otros tantos “brigadistas especiales”, 65 mil comités seccionales y cuatro millones de los llamados “protagonistas del cambio verdadero”.
Con esa fuerza, además de la manipulación de algunos jóvenes y la utilización política de movimientos como el #YoSoy132, AMLO está, desde ahora, amagando, amenazando, chantajeando y extorsionando a la ciudadanía: “Es la última oportunidad”, insiste.
Pero ahora no hay conjura, ni complot en su contra, como el 2006, ahora está compitiendo con otro opositor, como él, y será la vía electoral la que defina el destino de ambos. La candidata oficial ya se derrumbó y araña apenas el tercer lugar, tratando de sacar la mayor cantidad de diputaciones y senadurías…
Por eso, porque ha reiterado seguir la vía electoral, pacífica, AMLO debe aceptar los resultados del domingo 1 de julio.
Como sea, con todas sus limitaciones, esa es la vía y el método que los mexicanos hemos elegido para cambiar a nuestros gobernantes.
La sabia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 39, señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Y eso lo ha hecho, hasta ahora, con las instituciones y los procedimientos electorales; con todos los señalamientos que puedan hacerse al Instituto Federal Electoral y la democracia procedimental que representa, ese método ha funcionado, incluso en la prueba de fuego que fue la transición democrática o la alternancia política del 2000.
Si AMLO desprecia la vía electoral queda la vía violenta, civil o militar pero violenta, y cualquiera de ellas la rebelión o insurgencia o el golpismo o gobierno militar, serían una desgracia peor para el país.
El agónico sexenio del presidente dela República, Felipe Calderón, con sus actitudes bélicas, hacen peligrosa una situación así de provocación y desconocimiento de nuestras instituciones.
Hay en el país un caldo de cultivo proclive a la guerra, a la violencia, a la confrontación.
Por otra parte, si el PAN-Gobierno ya está derrotado electoralmente, a Caderón le quedan dos opciones: la primera, apoyar a su antecesor, Vicente Fox Quezada, y aceptar la voz del pueblo en las urnas.
O, la segunda, dar un viraje a la violencia, para reventar la elección con tal de que el PRI no regrese a Los Pinos, e imponer otras condiciones donde no se descarta el golpismo, el autogolpe, aprovechando y decretando el “estado de excepción” si prospera, por ejemplo, la intención lopezobradorista…
Si realmente AMLO quiere “serenar” al país, si prevalece el AMLOVE por sobre el AMLODIO, si es real su “República amorosa”, y si es cierto que no es un ambicioso vulgar, debe entender que la presidencia dela Repúblicano es el único ni el mejor camino para servir y “salvar” ala Patria.
Por el bien de todos, si pierde -o le ganan- desde el mismo primero de julio, AMLO debe cumplir su palabra e irse a “La Chingada”, es decir, el rancho o la casa de campo que posee. ¡Hasta siempre!
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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