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Gobernador en la mira: César Duarte acusado de enriquecimiento ilícito

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cesar duarte union progresoEl abogado Jaime García Chávez presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del gobernador, César Duarte Jáquez a quien acusa de enriquecimiento ilícito, así como supuesto desvío de recursos públicos para invertirlos en el banco Unión Progreso.

La denuncia, cuyo sustento según dijo, es la copia de un fideicomiso, que tiene en su poder pero que no mostró a los medios, hecho por el gobernador y su esposa con Banorte y registrado en la Notaría 6 de Chihuahua.

Además, dirigió su denuncia a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al gobernador del Banco de México para que certifiquen la legalidad en la constitución del Banco Unión Progreso.

Entrevista a Jaime García Chávez por el canal 28 local:

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Carlos Hermosillo

En esta denuncia va incluido Carlos Hermosillo Arteaga, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de donde habrían salido 35 millones de pesos para invertirlos en Unión Progreso, recursos que habrían salido de la JMAS de Delicias por órdenes del gobernador Duarte, según denunció el activista.

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César y Bertha Duarte

En una conferencia de prensa que ofreció en instalaciones de un céntrico hotel en la ciudad de Chihuahua y acompañado de personas que conformaron la “Unión Ciudadana”, García Chávez acusó que el gobernador, César Duarte Jáquez y su esposa, Bertha Gómez Fong, constituyeron en la Notaría 6 de Luis Raúl Hernández Borunda, el fideicomiso 744743 de Banorte por 65 millones de pesos, recursos con los que mediante un “prestanombres” para invertirlos en el Banco Unión Progreso.

Dicho fideicomiso se constituyó en el mes de noviembre de 2012.

cesar duarte corrupcion

Sin embargo, advirtió el activista, el sueldo de 120 mil pesos mensuales del gobernador, más sus negocios anteriores, no alcanzan para justificar esta inversión.

Ante estos señalamientos, dijo contar con una copia de referido fideicomiso, el cual no mostró a los medios, pues sostuvo que lo hará en su momento ante las autoridades para aportarlo como prueba.

Por otra parte, indicó que ante las quejas que todos los días recibe en contra del gobernador César Duarte Jáquez, optó por hacer este llamado a la sociedad para que presenten también sus señalamientos a fin de generar un movimiento social en contra de la situación actual del estado.

Asimismo, señaló que se trata de llevar el caso ante las autoridades del Ministerio Público, para que cumplan con su función y determinen si hubo desvío de recursos o no por parte del gobernador del estado.

En su presentación ante medios y simpatizantes, Jaime García Chávez dijo que el gobierno estatal vive una falsa austeridad, porque tras el despido de mil 500 empleados, el gobierno de César Duarte invirtió 802 millones de pesos en Unión Progreso a una tasa de 3.95 de interés anual.

Si se inyectaron 800 millones de pesos a Banco Progreso Unión y en ese momento era director el actual secretario de Hacienda:

Dijo que esta inversión fue base para el fondeo de Unión Progreso para obtener el crédito que Scotiabank tenía con el deudor “Hotel Soberano” y a partir de dicha adquisición pasó al activo de la institución.

Jaime García Chávez presentó también la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Nicolás Juárez

Nicolás Juárez

Ante estas acusaciones, no hubo comentario alguno por parte del gobierno del estado.

El subcoordinador de Comunicación Social de gobierno del estado, Nicolás Juárez Caraveo, señaló que desconocen la existencia de dicha denuncia, por lo que no habría comentario alguno al respecto.

Por su parte, el dirigente del partido Morena, Víctor Quintana Silveyra, hizo responsable al gobierno estatal de la seguridad del activista Jaime García Chávez.

Unión de Crédito Progreso irregularidades multas millonarias

Diputados panistas también lo denunciaron penalmente

DenunciaLos diputados federales panistas presentaron este lunes una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y encubrimiento en contra del gobernador César Duarte Jáquez.

“Que la PGR dé cauce a las denuncias o averiguaciones previas cuya materia esté relacionada con la deuda pública de Chihuahua desde el año 2010”, explicó en conferencia de prensa el diputado juarense, Carlos Angulo Parra.

La denuncia fue presentada ante la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de dicha dependencia federal.

En la conferencia estuvieron presentes, además de Angulo, los legisladores Rocío Reza Gallegos y Marcelo Torres Cofiño.

 

La noticia se convirtió rapidamente en viral y apareció en practicamente todos los medios nacionales

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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