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Resto del mundo

Nombran a Federico Franco Presidente de Paraguay

El nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, pidió hoy a los líderes vecinos, en particular los socios del Mercosur, que «entiendan» la situación creada en su país y acepten que hará «el mayor de los esfuerzos para que ésto se normalice».

En una rueda de prensa, Franco anunció sus primeros dos nombramientos, los ministros de Interior y Exteriores, cargos que recayeron en Carmelo Caballero y José Félix Fernández Estigarribia, respectivamente.

El objetivo es, dijo, dejar claro el mensaje de que Paraguay tiene «un norte que orienta su política exterior» así como la voluntad del nuevo Gobierno de «devolver seguridad a la ciudadanía».

Franco aludió a la inminente cumbre de Mercosur en Argentina, dando a entender que no acudirá, pues -dijo- «lo más importante es quedarnos a organizar la casa» y «si es necesario irá el canciller».

«Lo más importante es mantener las relaciones con los países vecinos», observó.

Para el resto de los nombramientos en su Ejecutivo, dijo, se tomará «un poco de tiempo», hablando incluso con los ministros que siguen en funciones tras la destitución de Fernando Lugo.

Franco aseveró que le «encantaría» formar un «gabinete multicromático» con los «mejores paraguayos, sin tener en cuenta su afiliación política», por primera vez en la Historia del país.

Una solución «inmediata» al conflicto de la tierra fue la primera promesa del gobernante, que también ofreció a su antecesor «que se quede el tiempo necesario» en la residencia presidencial hasta que pueda organizar su mudanza, así como «las garantías constitucionales que le corresponden».

Varios gobiernos latinoamericanos, como los de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, anunciaron ya que no reconocen a Franco como presidente.

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México

Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

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