Opinión

El gobierno de Chihuahua se compromete; Antorcha pospone su movilización Por Antonio Escamilla Meza

Los antorchistas chihuahuenses decidimos suspender la marcha-mitin el pasado miércoles 20 de noviembre, debido a que el Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, se comprometió a cumplir con todos los compromisos pendientes, dentro de los que destacan obras de agua potable, de educación, de infraestructura social, de vivienda popular etc., para las humildes familias representadas por nuestro Movimiento.

Decidimos dar un voto de confianza al Gobierno del Estado para demostrar, además, que los antorchistas somos tolerantes, partidarios del diálogo propositivo, de soluciones, que nunca realizamos movilizaciones a capricho, sino como último recurso, después de agotar al máximo el proceso de gestoría y de diálogo con las autoridades, después de dar seguimiento a las solicitudes a través del laberinto burocrático gubernamental, después de meses y meses de antesalas, de reuniones de análisis de las peticiones para determinar su “viabilidad” y la “posibilidad” presupuestal para resolverlas, etc.

Desde el martes 19 de junio, en una mesa de trabajo presidida por el Secretario General del Gobierno, y estando presentes los representantes de la Dirección de Gobernación, Licenciado Wilfrido Campbell, de la Junta Central y Municipal de Agua y Saneamiento, de la Secretaría de Fomento Social, de la de Educación Cultura y Deporte, de Desarrollo Urbano y Ecología y del Instituto de la Vivienda, se estableció el acuerdo de cumplir con los compromisos pendientes mediante una programación de acciones y ejecución de obras durante el presente ejercicio fiscal. Sólo esperamos que dicho acuerdo realmente se lleve a efecto y que no haya sido tan sólo una promesa hecha para lograr un ambiente simulado de gobernabilidad y de estabilidad social y política, durante el presente proceso electoral. Los antorchistas estaremos pendientes de que los compromisos se cumplan, sabedores de que siempre podremos ejercer nuestro derecho a la protesta pública cuando así lo ameriten las circunstancias.

La lucha organizada que desde hace 38 años libramos los antorchistas a nivel nacional, tiene como bandera principal el reparto equitativo de la riqueza que producen los trabajadores mexicanos, es decir, la erradicación de la pobreza que lacera a más de 85 millones de ciudadanos. Es, pues, a todas luces, una lucha justa y auténtica. Sólo los insensibles y egoístas, los que se benefician a costa de sumir en la pobreza a millones, los que prometen gobernar en beneficio de los que menos tienen y se olvidan de ellos cuando llegan al poder ignorando sus peticiones y viviendo a costa del presupuesto público, o los sicofantes a sueldo de los que persiguen eternizar este modelo económico que concentra la riqueza en unas cuantas manos avariciosas y reparte la insultante miseria entre la mayoría de la población, sólo ellos pueden afirmar lo contrario, por obvias razones, al grado de comparar la lucha antorchista como un acto criminal, como una extorsión o chantaje, que debe castigarse ejemplarmente o cuando menos como un abuso de los peticionarios en contra de las “pobres” autoridades.

La lucha antorchista, pese a los ataques de los antes descritos, es no sólo justa y genuina es, además, legal, basada en los artículos sexto, octavo y noveno de la Ley General que nos rige a todos los mexicanos, que consagran los derechos de libre manifestación de ideas, de petición y de asociación entre los ciudadanos.

Por estas consideraciones, mientras haya pobreza e injusticia social, el Movimiento Antorchista seguirá llamando a los pobres de este país a organizarse y a luchar, a unirse férreamente para dejar de ser polvo humano y convertirse en sólida roca que golpee a la cabeza de ese gran monstruo que es la pobreza.

Asimismo, seguiremos insistiendo para que los funcionarios públicos, encargados de resolver las necesidades sociales de los humildes, se sensibilicen y cumplan con su papel de servir a la nación y no de servirse del cargo público que ostentan; lo haremos de ser posible a través del diálogo y la argumentación, pero de ser necesario a través de las movilizaciones populares.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?