Opinión

El gobierno de Chihuahua se compromete; Antorcha pospone su movilización Por Antonio Escamilla Meza

Los antorchistas chihuahuenses decidimos suspender la marcha-mitin el pasado miércoles 20 de noviembre, debido a que el Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, se comprometió a cumplir con todos los compromisos pendientes, dentro de los que destacan obras de agua potable, de educación, de infraestructura social, de vivienda popular etc., para las humildes familias representadas por nuestro Movimiento.

Decidimos dar un voto de confianza al Gobierno del Estado para demostrar, además, que los antorchistas somos tolerantes, partidarios del diálogo propositivo, de soluciones, que nunca realizamos movilizaciones a capricho, sino como último recurso, después de agotar al máximo el proceso de gestoría y de diálogo con las autoridades, después de dar seguimiento a las solicitudes a través del laberinto burocrático gubernamental, después de meses y meses de antesalas, de reuniones de análisis de las peticiones para determinar su “viabilidad” y la “posibilidad” presupuestal para resolverlas, etc.

Desde el martes 19 de junio, en una mesa de trabajo presidida por el Secretario General del Gobierno, y estando presentes los representantes de la Dirección de Gobernación, Licenciado Wilfrido Campbell, de la Junta Central y Municipal de Agua y Saneamiento, de la Secretaría de Fomento Social, de la de Educación Cultura y Deporte, de Desarrollo Urbano y Ecología y del Instituto de la Vivienda, se estableció el acuerdo de cumplir con los compromisos pendientes mediante una programación de acciones y ejecución de obras durante el presente ejercicio fiscal. Sólo esperamos que dicho acuerdo realmente se lleve a efecto y que no haya sido tan sólo una promesa hecha para lograr un ambiente simulado de gobernabilidad y de estabilidad social y política, durante el presente proceso electoral. Los antorchistas estaremos pendientes de que los compromisos se cumplan, sabedores de que siempre podremos ejercer nuestro derecho a la protesta pública cuando así lo ameriten las circunstancias.

La lucha organizada que desde hace 38 años libramos los antorchistas a nivel nacional, tiene como bandera principal el reparto equitativo de la riqueza que producen los trabajadores mexicanos, es decir, la erradicación de la pobreza que lacera a más de 85 millones de ciudadanos. Es, pues, a todas luces, una lucha justa y auténtica. Sólo los insensibles y egoístas, los que se benefician a costa de sumir en la pobreza a millones, los que prometen gobernar en beneficio de los que menos tienen y se olvidan de ellos cuando llegan al poder ignorando sus peticiones y viviendo a costa del presupuesto público, o los sicofantes a sueldo de los que persiguen eternizar este modelo económico que concentra la riqueza en unas cuantas manos avariciosas y reparte la insultante miseria entre la mayoría de la población, sólo ellos pueden afirmar lo contrario, por obvias razones, al grado de comparar la lucha antorchista como un acto criminal, como una extorsión o chantaje, que debe castigarse ejemplarmente o cuando menos como un abuso de los peticionarios en contra de las “pobres” autoridades.

La lucha antorchista, pese a los ataques de los antes descritos, es no sólo justa y genuina es, además, legal, basada en los artículos sexto, octavo y noveno de la Ley General que nos rige a todos los mexicanos, que consagran los derechos de libre manifestación de ideas, de petición y de asociación entre los ciudadanos.

Por estas consideraciones, mientras haya pobreza e injusticia social, el Movimiento Antorchista seguirá llamando a los pobres de este país a organizarse y a luchar, a unirse férreamente para dejar de ser polvo humano y convertirse en sólida roca que golpee a la cabeza de ese gran monstruo que es la pobreza.

Asimismo, seguiremos insistiendo para que los funcionarios públicos, encargados de resolver las necesidades sociales de los humildes, se sensibilicen y cumplan con su papel de servir a la nación y no de servirse del cargo público que ostentan; lo haremos de ser posible a través del diálogo y la argumentación, pero de ser necesario a través de las movilizaciones populares.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.