Opinión
El gobierno de Chihuahua se compromete; Antorcha pospone su movilización Por Antonio Escamilla Meza
Los antorchistas chihuahuenses decidimos suspender la marcha-mitin el pasado miércoles 20 de noviembre, debido a que el Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, se comprometió a cumplir con todos los compromisos pendientes, dentro de los que destacan obras de agua potable, de educación, de infraestructura social, de vivienda popular etc., para las humildes familias representadas por nuestro Movimiento.
Decidimos dar un voto de confianza al Gobierno del Estado para demostrar, además, que los antorchistas somos tolerantes, partidarios del diálogo propositivo, de soluciones, que nunca realizamos movilizaciones a capricho, sino como último recurso, después de agotar al máximo el proceso de gestoría y de diálogo con las autoridades, después de dar seguimiento a las solicitudes a través del laberinto burocrático gubernamental, después de meses y meses de antesalas, de reuniones de análisis de las peticiones para determinar su “viabilidad” y la “posibilidad” presupuestal para resolverlas, etc.
Desde el martes 19 de junio, en una mesa de trabajo presidida por el Secretario General del Gobierno, y estando presentes los representantes de la Dirección de Gobernación, Licenciado Wilfrido Campbell, de la Junta Central y Municipal de Agua y Saneamiento, de la Secretaría de Fomento Social, de la de Educación Cultura y Deporte, de Desarrollo Urbano y Ecología y del Instituto de la Vivienda, se estableció el acuerdo de cumplir con los compromisos pendientes mediante una programación de acciones y ejecución de obras durante el presente ejercicio fiscal. Sólo esperamos que dicho acuerdo realmente se lleve a efecto y que no haya sido tan sólo una promesa hecha para lograr un ambiente simulado de gobernabilidad y de estabilidad social y política, durante el presente proceso electoral. Los antorchistas estaremos pendientes de que los compromisos se cumplan, sabedores de que siempre podremos ejercer nuestro derecho a la protesta pública cuando así lo ameriten las circunstancias.
La lucha organizada que desde hace 38 años libramos los antorchistas a nivel nacional, tiene como bandera principal el reparto equitativo de la riqueza que producen los trabajadores mexicanos, es decir, la erradicación de la pobreza que lacera a más de 85 millones de ciudadanos. Es, pues, a todas luces, una lucha justa y auténtica. Sólo los insensibles y egoístas, los que se benefician a costa de sumir en la pobreza a millones, los que prometen gobernar en beneficio de los que menos tienen y se olvidan de ellos cuando llegan al poder ignorando sus peticiones y viviendo a costa del presupuesto público, o los sicofantes a sueldo de los que persiguen eternizar este modelo económico que concentra la riqueza en unas cuantas manos avariciosas y reparte la insultante miseria entre la mayoría de la población, sólo ellos pueden afirmar lo contrario, por obvias razones, al grado de comparar la lucha antorchista como un acto criminal, como una extorsión o chantaje, que debe castigarse ejemplarmente o cuando menos como un abuso de los peticionarios en contra de las “pobres” autoridades.
La lucha antorchista, pese a los ataques de los antes descritos, es no sólo justa y genuina es, además, legal, basada en los artículos sexto, octavo y noveno de la Ley General que nos rige a todos los mexicanos, que consagran los derechos de libre manifestación de ideas, de petición y de asociación entre los ciudadanos.
Por estas consideraciones, mientras haya pobreza e injusticia social, el Movimiento Antorchista seguirá llamando a los pobres de este país a organizarse y a luchar, a unirse férreamente para dejar de ser polvo humano y convertirse en sólida roca que golpee a la cabeza de ese gran monstruo que es la pobreza.
Asimismo, seguiremos insistiendo para que los funcionarios públicos, encargados de resolver las necesidades sociales de los humildes, se sensibilicen y cumplan con su papel de servir a la nación y no de servirse del cargo público que ostentan; lo haremos de ser posible a través del diálogo y la argumentación, pero de ser necesario a través de las movilizaciones populares.
Opinión
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