Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

Opinión

¿Qué rayos pasa en el IMSS? Por Caleb Ordóñez T.

Imagina que llevas veinte años trabajando en un hospital. Has pasado Navidades lejos de tu familia, cumpleaños atendiendo emergencias y noches enteras intentando salvar vidas. Cada quincena aportas a un sindicato que existe, en teoría, para defenderte. Un día te anuncian un aumento salarial. Tú y tus compañeros lo rechazan en una consulta y obligan a la dirigencia a volver a negociar.

La segunda oferta llega mejorada. Los representantes anuncian que el asunto está cerrado. Pero tú tienes una pregunta, quizá la más sencilla de todas: si pude votar contra la primera oferta, ¿por qué no puedo votar sobre la segunda?

Esa pregunta explica el conflicto en el IMSS mejor que cualquier porcentaje.

El aumento que nadie volvió a votar

El sindicato había aprobado una propuesta de incremento global de 6.8%, de los cuales apenas 2.9% correspondían al salario tabular y 3.9% a prestaciones. Los trabajadores la rechazaron mediante una consulta realizada el 14 de octubre. Rafael Olivos Hernández, secretario general del sindicato, reconoció el resultado y regresó a negociar con las autoridades del Seguro Social.

La segunda propuesta alcanzó un incremento global de 8%, dividido en 4% al salario tabular y 4% al concepto de ayuda para renta de vivienda, que también influye en el cálculo de determinadas prestaciones. El acuerdo fue celebrado por la dirigencia y por Zoé Robledo, director del IMSS, quien aseguró que el nuevo aumento respondía a las inquietudes expresadas por los trabajadores.

Hasta aquí parecería una historia de éxito. Los empleados manifestaron su inconformidad, fueron escuchados y consiguieron una mejor oferta. Pero la dirigencia decidió no convocar a una segunda consulta. Su argumento fue que la votación anterior había cumplido su propósito: mejorar la negociación. Además, sostuvo que sus facultades estatutarias permitían dar por concluido el proceso.

Hay que reconocer que una negociación no puede permanecer abierta indefinidamente y que los dirigentes necesitan facultades para alcanzar acuerdos. Tampoco puede afirmarse, sin examinar el procedimiento y la legislación aplicable, que la ausencia de otra consulta constituya automáticamente una ilegalidad.

Pero una cosa es tener autoridad para firmar un convenio y otra muy distinta conseguir que quienes serán afectados por él consideren legítima la decisión.

Los grupos inconformes pedían 10% directamente al salario tabular. Y la diferencia importa. No es lo mismo aumentar el sueldo base que mejorar una prestación adicional, especialmente cuando las condiciones de jubilación y el cálculo de determinados beneficios varían entre generaciones de trabajadores.

El sindicato tiene argumentos económicos para defender el acuerdo. Sostiene que representa uno de los mejores incrementos reales de los últimos veinte años y que mejora prestaciones adicionales al sueldo. Son elementos que merecen considerarse. Sin embargo, un buen resultado económico no elimina necesariamente una discusión sobre representación.

Porque escuchar a los trabajadores no consiste solamente en conocer su inconformidad. También implica explicarles qué se consiguió, qué no fue posible y por qué se tomó la decisión final.

El poder de representar a quienes no quieren ser representados por ti.

La historia del sindicalismo mexicano ayuda a entender esta contradicción. Durante buena parte del siglo XX, los sindicatos conquistaron derechos fundamentales, pero algunos dirigentes también construyeron estructuras de poder que terminaron alejándolos de sus representados. Hubo líderes capaces de negociar directamente con presidentes mientras sus propios trabajadores encontraban enormes dificultades para cuestionarlos.

La reforma laboral de 2019 buscó fortalecer la democracia sindical mediante mecanismos de participación y votaciones libres, directas y secretas. La legislación establece consultas obligatorias para determinados acuerdos colectivos, aunque sus requisitos concretos dependen del procedimiento aplicable. Por eso el debate del IMSS merece algo más que acusaciones apresuradas: exige claridad sobre las reglas y transparencia sobre las decisiones.

Siete años después, queda una lección que trasciende este conflicto: cambiar una ley puede ser mucho más sencillo que cambiar la manera de ejercer el poder.

Pero tampoco sería justo responsabilizar únicamente al sindicato. Los trabajadores reclaman además mejores condiciones laborales, personal suficiente, insumos médicos y soluciones a problemas de jubilación. Algunas de estas demandas corresponden al IMSS; otras involucran decisiones presupuestarias, al gobierno federal y hasta reformas legislativas.

Las cifras permiten dimensionar el desafío. El Instituto reporta que su plantilla creció considerablemente desde 2019 y que actualmente dice tener un abasto promedio de medicamentos de 94%. Sin embargo, el propio Zoé Robledo reconoce problemas de saturación, tiempos de espera y suministro. Es decir, hay avances documentados, pero también necesidades que siguen sin resolverse.

Y aquí apareces tú, aunque nunca hayas trabajado en el Seguro Social. Quizá has esperado meses por una consulta, acompañado a un familiar durante una madrugada en urgencias o encontrado a una enfermera extraordinaria trabajando en condiciones difíciles. Las deficiencias laborales también terminan afectando a los pacientes. Por eso importa que el sindicato tenga capacidad para negociar, que el Instituto administre eficientemente y que el gobierno rinda cuentas sobre los recursos disponibles.

Mientras tanto, el acuerdo del 8% ya fue anunciado, pero algunos trabajadores continúan inconformes. La negociación terminó sin que desaparecieran todas las preguntas. Y esa diferencia debería preocupar tanto a las autoridades como a los dirigentes sindicales.

Porque una organización puede conseguir aumentos, firmar convenios y celebrar victorias. Lo que no puede permitirse es perder la confianza de las personas que le dieron sentido a su existencia.

Los sindicatos no fueron creados para proteger dirigentes, como tampoco los hospitales existen para justificar presupuestos ni los gobiernos para administrar discursos. Su razón de ser está en las personas a las que sirven.

Una negociación puede terminar con una firma. Una crisis de confianza, no.

Y cuando los trabajadores comienzan a preguntarse a quién representa realmente su sindicato, el problema ya no está en el porcentaje que consiguieron sus dirigentes, sino en la legitimidad con la que siguen hablando en nombre de los demás.