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México

Los senadores congelan la «Ley Ficrea»

La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como ‘Ley Ficrea’, se fue a la congeladora, luego de que el Senado decidiera no discutir la iniciativa en el último día del periodo ordinario de sesiones.

El dictamen, aprobado en comisiones del Senado el pasado martes y en la Cámara de Diputados la semana pasada, quedará pendiente para retomarse en un periodo extraordinario, o bien hasta el siguiente ordinario que inicia el 1 de septiembre.

“Penosa conclusión de periodo y de legislatura en el @senadomexicano. Ya estarán contentos con su maniobra @Senado_PRI @SenadoresPRD”, dijo en su cuenta de Twitter el senador de Acción Nacional Javier Lozano, luego de que se decidiera no discutir la ley.

En tanto que el senador del Partido de la Revolución Democrática Alejandro Encinas justificó la decisión, asegurando que se requiere una discusión más a fondo y analizar el tema de las cooperativas.

La iniciativa planteaba pagar hasta 1 millón de pesos a los ahorradores defraudados por Ficrea (desde los poco más de 130,000 actuales) a partir de mayo; sin embargo, al no votarse los clientes de la financiera deberán esperar para que se avale este aumento, que se lograría gracias a un fondo creado con recursos públicos.

Con el pago de hasta 1 millón de pesos se alcanzaría el 80% de los clientes defraudados.

El documento contiene también cambios, como la ampliación de los límites máximos de las operaciones de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) para recibir depósitos de personas físicas hasta por 400,000 Unidades de Inversión (2.1 millones de pesos al precio de las UDI de este jueves) en lugar de las 200,000 UDI contempladas originalmente.

Para las personas morales se permitirá 1 millón 400,000 UDI (7.4 millones de pesos), en lugar del millón de UDI previstos inicialmente.

En diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) denunció que la administración de Ficrea desvió unos 2,700 millones de pesos (unos 182 millones de dólares) de ahorros de sus clientes para la compra de bienes muebles e inmuebles y gastos personales de sus socios, como viajes en yate.

El regulador, que había intervenido la empresa en noviembre, sostiene que el fraude se llevó a cabo mediante la transferencia de los recursos a otras tres empresas en el extranjero al hacerlos firmar contratos engañosos.

La justicia mexicana, e incluso la Interpol, buscan al socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua.

Fuente: CNN Expansión

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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