México

Investiga la PGR ataque contra helicóptero

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), iniciaron las investigaciones por el ataque y caída del helicóptero Cougar, matrícula 1009, de la Fuerza Aérea Mexicana, ocurrido el pasado viernes 1 de mayo.

Fuentes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal informaron que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia, inició el expediente en el que se investigará el ataque a la aeronave, con un saldo de tres militares muertos, otros 12 tripulantes heridos y tres desaparecidos.

Se informó que en el helicóptero Cougar viajaban 18 elementos, cinco encargados de la tripulación, 11 integrantes del Ejército Mexicano y dos integrantes de la Policía Federal que se iban a incorporar a la Operación Jalisco, que inició el viernes pasado en esa entidad para inhabilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se detalló que los peritos civiles y militares se trasladaron al lugar en donde la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, luego del ataque realizado por presuntos integrantes de esa organización criminal, que viajaban en un convoy de camionetas.

El ataque, presuntamente realizado con armas largas, ocurrió el mediodía del viernes en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, aproximadamente a 240 kilómetros de Guadalajara, mientras que en esta capital ocurrían bloqueos carreteros con vehículos incendiados e incendios a gasolinerías y otros establecimientos comerciales.

Se explicó que los 12 tripulantes heridos, del Ejército y la Policía Federal, fueron trasladados al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, para recibir la atención, sin que se detalla la condición de salud de los mismos.

Las fuentes consultadas explicaron que en las próximas horas el personal ministerial de la Subprocuraduría de Control Regional comenzará a recabar las declaraciones del personal que lo pueda hacer, para conocer las condiciones en las que ocurrió el ataque a la aeronave.

Indicaron que hasta la noche del domingo las personas detenidas por los narcobloqueos del viernes en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima, seguían a disposición de autoridades locales.

Por otra parte, elementos del Ejército comenzaron a retirar los vehículos quemados utilizados para bloquear calles y carreteras de Jalisco.

Desactivan la alerta roja

En Jalisco el semáforo de alerta pasó de rojo a naranja en cuestión de seguridad, al haberse confirmado 48 horas de relativa calma en Guadalajara y poco más de 24 horas en las costas vallartenses.

La vigilancia policiaca en las calles y en las entradas a la ciudad se mantiene para garantizar la seguridad a los vacacionistas que aprovecharon el puente largo.

Por otro lado, el cardenal tapatío José Francisco Robles Ortega lamentó que los hechos violentos registrados en la entidad el pasado fin de semana tengan como fin desestabilizar al gobierno y mermar la confianza ciudadana en ellos.

“El crimen organizado quiere que las personas se sientan inseguras y que culpen a las autoridades de todo para que en su vulnerabilidad ellos puedan ofrecer la protección que todo mexicano quiere, como sucedió en Michoacán, sólo que sería a costa de permitir la delincuencia y el narcotráfico”, señaló el prelado después de la misa en la Catedral.

Asimismo, el gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes solicitó reforzar la seguridad de la zona que limita con Jalisco, donde se presentaron diversos bloqueos organizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un balance de los hechos,Márquez Márquez, indicó que no hubo nada que lamentar ni lesionados, pero… sí un coletazo de lo que está sucediendo en Jalisco”.

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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