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México

Rolando revela más ex funcionarios implicados en el caso “Conexión Coahuila”

l empresario Rolando Gonzáles Treviño, reveló que más que el ex gobernador se encuentran implicados más ex funcionarios y empresarios, en la participación del desvió de fondos del erario público del Estado de Coahuila.

A cambio de su libertad Gonzáles Treviño entregó información a la Corte Federal, en donde menciona a Jorge Torres, también ex gobernador y el de Vicente Chaires, hombre de todas las confianzas de Humberto Moreira, entre otros personajes que presuntamente están involucrados en esta y otras operaciones con recursos del Estado.

«Durante la administración del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, una red de políticos y empresarios desviaron recursos de las arcas estatales para invertir millones de dólares en negocios ilegales, entre ellos, medios de comunicación y del sector minero, en el estado de Texas, Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de uno de los implicados: Rolando González Treviño, que en los últimos días ha empezado a soltar nombres, fechas, montos y lugares, se lee en el portal sin embargo.

En base a información publicada con el diario San Antonio Express, esta red de lavado estaría protagonizada por Humberto Moreira Valdés, también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Actualmente González Treviño, se encuentra en espera de una sentencia programada originalmente para el 15 o 16 de septiembre; por lo que el empresario ofreció información del hecho a los fiscales, bajo la consciencia de que su pena puede ser reducida.

En su reciente declaración Rolando además de declararse culpable, coopera con las autoridades estadounidenses  y relata los movimientos realizados en ese tiempo con fechas de operaciones realizadas en la «Conexión Coahuila»; ante lo cual narra detalles de vuelos, ciudades, sitios específicos de encuentros e incluso describe diálogos y entornos en los que se dio el supuesto acuerdo para operar los recursos obtenidos de manera ilícita de las arcas públicas de Coahuila.

En base a documentos judiciales de la Corte Federal de Estados Unidos, la red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas, en la que presuntamente está involucrado el ex presidente del PRI, incluye a otros 10 personajes, en su mayoría ex funcionarios de su administración.

Por tanto la llamada «Conexión Coahuila» estaría integrada por ex funcionarios del Gobierno de Moreira, sus familiares y empresarios.

El ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan López Torres, actualmente indiciado por lavado de dinero y fraude en Corpus Christi, Texas, sería otro de los implicados en la conexión, de quien fiscales estadounidenses aseguran que es propietario de una casa en el lago Conroe cerca de Houston, misma que obtuvo con dinero ilícito producto de diversos fraudes en México.

Otro implicado es Vicente Chaires Chávez, quien se desempeñó como director de Administración del Gobierno de Coahuila de 2005 a 2010, de quien en 2011 senadores estadounidenses pidieron que se le investigara, pero hasta ahora no se le han imputado cargos.

También se señaló al ex tesorero Héctor Javier Villarreal Hernández, detenido el 12 de febrero de 2012 fue detenido en El Paso, Texas, en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y robo de recursos del erario estatal.

Entre los empresarios  involucrados en la red de lavado se encuentran: Guillermo Flores Cordero así como su esposa, Leticia María de Guadalupe Galán Villalobos, Lorenzo Schuessler, procesado por lavado de dinero y narcotráfico.

Raúl González Treviño, Francisco Xavier Flores Valdez, sobrino del ex Gobernador Humberto Moreira, así como el hermano de Rolando, Roberto Casimiro González Treviño.

Fuente: Rasa Informa

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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