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México

Taxistas analizan ampararse por regulación de Uber

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Taxistas Organizados de la Ciudad de México analizan ampararse en contra del acuerdo del Gobierno del Distrito Federal que permite la regulación de los servicios como los prestados por Uber y Cabify.

En conferencia de prensa, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que reactive la averiguación previa contra Rufino H León Tovar, ex secretario de Movilidad, por el probable delito de uso ilegal de sus atribuciones.

Señalaron que la publicación del acuerdo fue un intento del funcionario de mantenerse en el puesto.
«León Tovar tomó una medida arbitraria el último día como secretario de Movilidad, con el fin de mantener el cargo que le había designado Miguel Ángel Mancera, desestimando las propuestas que los trabajadores del taxi habíamos puesto en la mesa», señalaron.

Dijeron que la regulación del servicio de traslado de personas, solicitado y administrado mediante aplicaciones (apps), es un «traje a la medida», pues no evita la competencia desleal.

Entre los puntos que consideraron necesarios para generar un piso parejo y que no se incluyeron, mencionaron la operación de una unidad de servicio privado por cada 50 taxis regulares, que las unidades de Uber tuvieran un valor mínimo de 350 mil pesos y que la tarifa mínima fuera de 27.30 pesos.

Aseguraron que el diálogo está abierto con el Gobierno del Distrito Federal y pidieron a Héctor Serrano, nuevo secretario de Movilidad, realizar acciones contra los taxis piratas.

Y no descartaron realizar movilizaciones en las próximas semanas, si no obtienen respuesta positiva.
«Esta lucha no está perdida, no tomaremos una decisión apresurada. Haremos el análisis jurídico del documento publicado y acudiremos a los órganos jurisdiccionales competentes», destacaron.

Milenio

México

ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

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Ciudad de México.— El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud y los patrones de desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que generó el rechazo del Gobierno federal, que calificó el informe como tendencioso y carente de rigor jurídico.

De acuerdo con el organismo, México concentra el 38 por ciento de las acciones urgentes a nivel mundial en esta materia, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. En ese periodo se suman 40 nuevas solicitudes presentadas en los últimos cinco meses. El comité también señaló la existencia continua de fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.

El informe precisa que no hay evidencia de una política federal deliberada para llevar a cabo desapariciones; sin embargo, advierte que algunos casos apuntan a la participación o complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos.

En respuesta, el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvo que el documento omite los avances institucionales y reformas impulsadas en la actual administración. Además, señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no refleja la situación actual del país.

Las autoridades también criticaron que el comité no consideró información actualizada enviada el 27 de marzo y denunciaron un posible conflicto de interés, al señalar que al menos uno de los redactores del informe ha colaborado con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no se toleran ni se ordenan desapariciones en el país.

La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General para determinar posibles acciones de apoyo. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones al respecto.

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