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Establece DEA línea para denunciar al «Chapo»

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WASHINGTON, DC.- La Agencia Antidrogas (DEA) anunció ayer una línea de denuncia telefónica gratuita donde el público en general en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica podrán reportar cualquier información que lleve a la captura del líder del cártel de Sinaloa Joaquín «el Chapo» Guzmán Loera, quien escapó de una prisión mexicana en el mes de julio.

Lo anterior fue difundido por la embajada de los Estados Unidos, mediante el consulado americano con sede en Ciudad Juárez.

La línea de denuncia será administrada por la división de la DEA en San Diego. Además de la línea telefónica, el público puede denunciar a través del correo electrónico [email protected]. Aunado al lanzamiento de la línea de denuncia, la DEA también ha emitido un poster de «se busca» que contiene el número, el correo electrónico, así como detalles sobre la recompensa de 5 millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado de Estados Unidos por información que lleve al arresto de Guzmán.

«Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera ha destruido vidas y comunidades en todo Estados Unidos y México, y su captura es una alta prioridad para la DEA», dijo el administrador en funciones, Chuck Rosenberg. «Su fuga representa un peligro para la seguridad de nuestros dos países. La DEA continuará trabajando estrechamente con nuestros colegas mexicanos y ofrecerá la mayor cantidad de recursos posible para garantizar su captura».

El número telefónico de la línea de denuncia en los Estados Unidos es: (844) 692-4101; y desde el extranjero: 001-844-692-4101.

Guzmán Loera fue arrestado el 9 de junio de 1993 en México por cargos relacionados con homicidio y tráfico de drogas, y fue sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, el 19 de enero de 2001, él escapó de un penal federal de máxima seguridad en Jalisco. Estando prófugo de las autoridades mexicanas, Guzmán Loera recobró su posición como el principal capo del cártel de Sinaloa y líder del comercio de drogas en México, convirtiéndose en el fugitivo número uno a nivel mundial y catalogado por la revista Forbes como un multimillonario. Fue arrestado de nuevo el 22 de febrero de 2014 en un modesto hotel en Mazatlán, Sinaloa.

El 11 de julio de 2015 escapó nuevamente del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Guzmán Loera estaba al frente de su propia organización de tráfico de drogas, que a su vez forma parte del cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de Guzmán Loera y su socio Ismael Zambada García, el cártel de Sinaloa controla una vasta red de operaciones de tráfico de drogas a escala internacional, y la mayoría de esas drogas se distribuyen en los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa basa sus operaciones principalmente en los estados mexicanos de Sinaloa, Sonora, Durango y Baja California, aunque también cuenta con representación en otros estados de la República Mexicana. Aunado a estas células de distribución en los Estados Unidos, esta organización transporta drogas a Canadá, Australia, Europa, África y Asia. Su organización trafica cargamentos de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, pasando por América Central, y hasta México. También están involucrados en la manufactura, trasiego y distribución de metanfetaminas y heroína. Adicionalmente, la organización maneja grandes plantíos de mariguana en Sinaloa y áreas aledañas. El cártel de Sinaloa depende del manejo de grandes cargamentos de DINERO en efectivo para mover las ganancias ilícitas por la venta de droga a través de la frontera Estados Unidos-México.

Guzmán Loera ha sido acusado por crímenes de tráfico de drogas y delitos relacionados en diversas cortes de distrito de Estados Unidos, que incluyen: el Distrito de Arizona, el Distrito Sur de California, el Distrito Occidental de Texas, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Oriental de Nueva York, y el Distrito Sur de Florida. La primera acusación formal contra Guzmán Loera se presentó en San Diego el 28 de septiembre de 1995, imputando a él y a 22 miembros de su organización cargos por conspirar para importar más de ocho toneladas de cocaína y por lavado de dinero.

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Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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