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Opinión

LA FALTA DE AGUA POTABLE, UNA INJUSTICIA SOCIAL Por Antonio Escamilla Meza

Según una fuente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el sábado 30 de junio, un día anterior a la jornada electoral para elegir a los futuros presidente de México, diputados federales y senadores, la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales (FEPADE) “ordenó” la suspensión del suministro de agua en pipas que realiza la propia Junta, muchas veces de manera deficiente, con el argumento de que con dicho suministro se hacía proselitismo político a favor de un partido o candidato. El resultado de tan irracional como injusta orden fue que se dejó sin el vital líquido a miles de familias humildes que habitan en aquellas colonias marginadas, que no cuentan con sistemas de agua potable y que, por tanto, dependen de esa clase de suministro de agua, para “satisfacer” sus mínimas necesidades de sanidad y limpieza.

Los medios de comunicación han dado cuenta, últimamente, de dos “secuestros” de carros cisternas, por parte de vecinos desesperados debido a la falta de agua e indignados por la falta de palabra de los funcionarios de la JMAS, quienes se comprometen a regularizar el servicio de las pipas de agua, mínimamente dos veces por semana y que reiteradamente incumplen. Tal fue el caso de los habitantes de las colonias Ampliación 11 de Febrero, colonia precarista que no cuenta con agua entubada y Vistas del Cerro Grande, que sí cuenta con tubería, que los usuarios cuentan con sus contratos, que sí pagan los recibos que puntualmente les manda la JMAS, pero que llevaban más de un mes y medio sin una gota de agua; estos hechos no son casuales, constituyen la punta del iceberg de una inconformidad más amplia y profunda que se anida entre miles de vecinos que están, literalmente, a la caza de las pipas.

Para quienes viven en colonias como las antes mencionadas, es bastante conocido el hecho de que muchos “piperos”, quizá porque no reciben buenos sueldos, surten el agua, preferentemente y con buenos tratos, a quienes se disponen a pagar por el servicio, dejando para después y con trato despótico, en el mejor de los casos, a quienes no se prestan para fomentar la corrupción o de plano no tienen ni para comer, no obstante lo dicho por las autoridades respecto a la gratuidad del servicio.

Vivir en estas colonias sin servicios es una verdadera hazaña, un tormentoso calvario; pero los ciudadanos que ahí viven no lo hacen porque les haya parecido la mejor opción, sino porque era la única al alcance de sus posibilidades. No viven ahí por gusto, sino por estricta y elemental necesidad.

Y lograr llamar la atención de las autoridades para abatir el rezago social en estas humildes colonias, resulta tan difícil como hacerse escuchar por los dioses del Olimpo, sobre todo si se es ajeno a la nobleza.

Cuando se llevan a cabo las costosísimas campañas políticas, los candidatos de todos los partidos políticos, para lograr que la gente vote por ellos, se ven obligados a recorrer dichas colonias, y sólo así se dan cuenta de la falta de justicia de que son víctimas miles de ciudadanos; todos ellos se comprometen a remediar la situación, siempre y cuando el voto generoso de los ciudadanos les sea favorable. En estas colonias una de tantas promesas que hacen es solucionar el problema de la falta de agua potable. Pero, ¿qué sucede en los hechos? Los que no se ven favorecidos en las urnas, desaparecen súbitamente, pensando que, como no llegaron al cargo, nada pueden hacer. Y los que ganan, salvo honrosas excepciones, sencillamente se olvidan de lo que prometieron, y con una serie de argumentaciones técnicas y de insuficiencia presupuestal, que realmente oculta su falta de solidaridad humana, su insensibilidad política y su falta de palabra, sencillamente niegan los recursos necesarios para introducir el agua y otros servicios. No conciben que la gente humilde merezca inversiones “cuantiosas” para mejorar sus condiciones de vida. Para muchos gobernantes no es rentable invertir en colonias pobres, menos si son irregulares, aunque ahí vivan seres humanos que padezcan sed, insalubridad, ignorancia, miseria. Y la historia se repite trienio tras trienio, sexenio tras sexenio.

Ante tan terrible situación, a los vecinos de estas colonias olvidadas, no les queda otro camino más que organizarse y luchar, ley en mano, para exigir y conquistar realmente su derecho a una vivienda digna. No sólo para conseguir que cada dos veces por semana el gobierno surta de agua a través del sistema en pipas, esta medida es tan sólo un paliativo, una simple aspirina para una insoportable migraña, sino para conseguir la construcción de sistemas integrales de agua potable, con sus propias fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, líneas de distribución, tomas domiciliarias y hasta cisternas y depósitos familiares,

Y como no se trata sólo de contemplar el mundo, como no se resuelve nada con simples lamentos, consejos y/o recomendaciones, el antorchismo en México, desde su fundación, hace más de 38 años, ha encabezado la lucha de miles de familias humildes y trabajadoras por una vida mejor; en particular, se ha puesto al frente de la lucha por la introducción del agua potable en un sinnúmero de colonias populares y comunidades rurales, a todo lo largo y ancho del país, incluyendo desde luego al Estado más grande del territorio nacional, que es la tierra de los esforzados chihuahuenses. Los antorchistas hemos puesto en infinidad de casos demostrables el elemento sin el cual muchos centros de población empobrecidos y marginados jamás hubieran conquistado su derecho universal al agua potable, a saber: La participación organizada de los ciudadanos, basada en la razón para demostrar lo justo de la demanda y para evidenciar lo irracional que resulta la negativa para atenderla; basada en la fuerza que da la unión de los futuros beneficiarios; basada en la tenacidad y verticalidad de los representantes comunitarios; y basada en los derechos de asociación, petición y manifestación que se estipulan en la legislación mexicana.

La participación organizada significa constituir un grupo de vecinos que esté dispuesto a reunirse periódicamente, tantas veces como lo demanden las circunstancias de la lucha, nombrar un comité representativo, realizar, entregar y perseguir la solicitud, contribuir para que se reúnan todos y cada uno de los requisitos que exija la autoridad respectiva (censos de beneficiarios, croquis de localización, proyecto, presupuesto, permisos, etc.), intervenir en tantas y cuantas mesas de trabajo se necesite para demostrar la justeza y viabilidad de la demanda, cooperar para sufragar los gastos de las comisiones y aportar económicamente como beneficiarios la aportación correspondiente para la realización de la obra y del contrato del servicio. La participación organizada de los ciudadanos, consiste, además, y sobre todo cuando los funcionarios públicos se niegan a resolver esta demanda de elemental justicia social, en la realización de movilizaciones populares, que van desde comisiones pequeñas hasta mítines, marchas y plantones, en donde los futuros beneficiarios participan activamente. Esta participación organizada ha traído como consecuencia resultados que han beneficiado y siguen beneficiando a miles de familias humildes.

Pruebas al canto son las colonias populares fundadas por el Movimiento Antorchista, cuyos vecinos no se conformaron con obtener su terreno y edificar una modesta vivienda sino que lucharon organizadamente para introducir los servicios públicos como el agua potable. Me refiero, por citar algunos ejemplos, a casos como las colonias Clara Córdova Morán, Renovación de Iturbide, Jardines de Sacramento, Vista Cerro Grande, de la capital; Lázaro Cárdenas y Tierra de Encuentro en Jiménez; Laderas del Norte y Emiliano J. Laing en Delicias; Juanita Luna y Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez; entre otras.

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Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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