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LA FALTA DE AGUA POTABLE, UNA INJUSTICIA SOCIAL Por Antonio Escamilla Meza

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Según una fuente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el sábado 30 de junio, un día anterior a la jornada electoral para elegir a los futuros presidente de México, diputados federales y senadores, la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales (FEPADE) “ordenó” la suspensión del suministro de agua en pipas que realiza la propia Junta, muchas veces de manera deficiente, con el argumento de que con dicho suministro se hacía proselitismo político a favor de un partido o candidato. El resultado de tan irracional como injusta orden fue que se dejó sin el vital líquido a miles de familias humildes que habitan en aquellas colonias marginadas, que no cuentan con sistemas de agua potable y que, por tanto, dependen de esa clase de suministro de agua, para “satisfacer” sus mínimas necesidades de sanidad y limpieza.

Los medios de comunicación han dado cuenta, últimamente, de dos “secuestros” de carros cisternas, por parte de vecinos desesperados debido a la falta de agua e indignados por la falta de palabra de los funcionarios de la JMAS, quienes se comprometen a regularizar el servicio de las pipas de agua, mínimamente dos veces por semana y que reiteradamente incumplen. Tal fue el caso de los habitantes de las colonias Ampliación 11 de Febrero, colonia precarista que no cuenta con agua entubada y Vistas del Cerro Grande, que sí cuenta con tubería, que los usuarios cuentan con sus contratos, que sí pagan los recibos que puntualmente les manda la JMAS, pero que llevaban más de un mes y medio sin una gota de agua; estos hechos no son casuales, constituyen la punta del iceberg de una inconformidad más amplia y profunda que se anida entre miles de vecinos que están, literalmente, a la caza de las pipas.

Para quienes viven en colonias como las antes mencionadas, es bastante conocido el hecho de que muchos “piperos”, quizá porque no reciben buenos sueldos, surten el agua, preferentemente y con buenos tratos, a quienes se disponen a pagar por el servicio, dejando para después y con trato despótico, en el mejor de los casos, a quienes no se prestan para fomentar la corrupción o de plano no tienen ni para comer, no obstante lo dicho por las autoridades respecto a la gratuidad del servicio.

Vivir en estas colonias sin servicios es una verdadera hazaña, un tormentoso calvario; pero los ciudadanos que ahí viven no lo hacen porque les haya parecido la mejor opción, sino porque era la única al alcance de sus posibilidades. No viven ahí por gusto, sino por estricta y elemental necesidad.

Y lograr llamar la atención de las autoridades para abatir el rezago social en estas humildes colonias, resulta tan difícil como hacerse escuchar por los dioses del Olimpo, sobre todo si se es ajeno a la nobleza.

Cuando se llevan a cabo las costosísimas campañas políticas, los candidatos de todos los partidos políticos, para lograr que la gente vote por ellos, se ven obligados a recorrer dichas colonias, y sólo así se dan cuenta de la falta de justicia de que son víctimas miles de ciudadanos; todos ellos se comprometen a remediar la situación, siempre y cuando el voto generoso de los ciudadanos les sea favorable. En estas colonias una de tantas promesas que hacen es solucionar el problema de la falta de agua potable. Pero, ¿qué sucede en los hechos? Los que no se ven favorecidos en las urnas, desaparecen súbitamente, pensando que, como no llegaron al cargo, nada pueden hacer. Y los que ganan, salvo honrosas excepciones, sencillamente se olvidan de lo que prometieron, y con una serie de argumentaciones técnicas y de insuficiencia presupuestal, que realmente oculta su falta de solidaridad humana, su insensibilidad política y su falta de palabra, sencillamente niegan los recursos necesarios para introducir el agua y otros servicios. No conciben que la gente humilde merezca inversiones “cuantiosas” para mejorar sus condiciones de vida. Para muchos gobernantes no es rentable invertir en colonias pobres, menos si son irregulares, aunque ahí vivan seres humanos que padezcan sed, insalubridad, ignorancia, miseria. Y la historia se repite trienio tras trienio, sexenio tras sexenio.

Ante tan terrible situación, a los vecinos de estas colonias olvidadas, no les queda otro camino más que organizarse y luchar, ley en mano, para exigir y conquistar realmente su derecho a una vivienda digna. No sólo para conseguir que cada dos veces por semana el gobierno surta de agua a través del sistema en pipas, esta medida es tan sólo un paliativo, una simple aspirina para una insoportable migraña, sino para conseguir la construcción de sistemas integrales de agua potable, con sus propias fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, líneas de distribución, tomas domiciliarias y hasta cisternas y depósitos familiares,

Y como no se trata sólo de contemplar el mundo, como no se resuelve nada con simples lamentos, consejos y/o recomendaciones, el antorchismo en México, desde su fundación, hace más de 38 años, ha encabezado la lucha de miles de familias humildes y trabajadoras por una vida mejor; en particular, se ha puesto al frente de la lucha por la introducción del agua potable en un sinnúmero de colonias populares y comunidades rurales, a todo lo largo y ancho del país, incluyendo desde luego al Estado más grande del territorio nacional, que es la tierra de los esforzados chihuahuenses. Los antorchistas hemos puesto en infinidad de casos demostrables el elemento sin el cual muchos centros de población empobrecidos y marginados jamás hubieran conquistado su derecho universal al agua potable, a saber: La participación organizada de los ciudadanos, basada en la razón para demostrar lo justo de la demanda y para evidenciar lo irracional que resulta la negativa para atenderla; basada en la fuerza que da la unión de los futuros beneficiarios; basada en la tenacidad y verticalidad de los representantes comunitarios; y basada en los derechos de asociación, petición y manifestación que se estipulan en la legislación mexicana.

La participación organizada significa constituir un grupo de vecinos que esté dispuesto a reunirse periódicamente, tantas veces como lo demanden las circunstancias de la lucha, nombrar un comité representativo, realizar, entregar y perseguir la solicitud, contribuir para que se reúnan todos y cada uno de los requisitos que exija la autoridad respectiva (censos de beneficiarios, croquis de localización, proyecto, presupuesto, permisos, etc.), intervenir en tantas y cuantas mesas de trabajo se necesite para demostrar la justeza y viabilidad de la demanda, cooperar para sufragar los gastos de las comisiones y aportar económicamente como beneficiarios la aportación correspondiente para la realización de la obra y del contrato del servicio. La participación organizada de los ciudadanos, consiste, además, y sobre todo cuando los funcionarios públicos se niegan a resolver esta demanda de elemental justicia social, en la realización de movilizaciones populares, que van desde comisiones pequeñas hasta mítines, marchas y plantones, en donde los futuros beneficiarios participan activamente. Esta participación organizada ha traído como consecuencia resultados que han beneficiado y siguen beneficiando a miles de familias humildes.

Pruebas al canto son las colonias populares fundadas por el Movimiento Antorchista, cuyos vecinos no se conformaron con obtener su terreno y edificar una modesta vivienda sino que lucharon organizadamente para introducir los servicios públicos como el agua potable. Me refiero, por citar algunos ejemplos, a casos como las colonias Clara Córdova Morán, Renovación de Iturbide, Jardines de Sacramento, Vista Cerro Grande, de la capital; Lázaro Cárdenas y Tierra de Encuentro en Jiménez; Laderas del Norte y Emiliano J. Laing en Delicias; Juanita Luna y Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez; entre otras.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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