Opinión
LA FALTA DE AGUA POTABLE, UNA INJUSTICIA SOCIAL Por Antonio Escamilla Meza
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hace 14 añoson
Según una fuente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el sábado 30 de junio, un día anterior a la jornada electoral para elegir a los futuros presidente de México, diputados federales y senadores, la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales (FEPADE) “ordenó” la suspensión del suministro de agua en pipas que realiza la propia Junta, muchas veces de manera deficiente, con el argumento de que con dicho suministro se hacía proselitismo político a favor de un partido o candidato. El resultado de tan irracional como injusta orden fue que se dejó sin el vital líquido a miles de familias humildes que habitan en aquellas colonias marginadas, que no cuentan con sistemas de agua potable y que, por tanto, dependen de esa clase de suministro de agua, para “satisfacer” sus mínimas necesidades de sanidad y limpieza.
Los medios de comunicación han dado cuenta, últimamente, de dos “secuestros” de carros cisternas, por parte de vecinos desesperados debido a la falta de agua e indignados por la falta de palabra de los funcionarios de la JMAS, quienes se comprometen a regularizar el servicio de las pipas de agua, mínimamente dos veces por semana y que reiteradamente incumplen. Tal fue el caso de los habitantes de las colonias Ampliación 11 de Febrero, colonia precarista que no cuenta con agua entubada y Vistas del Cerro Grande, que sí cuenta con tubería, que los usuarios cuentan con sus contratos, que sí pagan los recibos que puntualmente les manda la JMAS, pero que llevaban más de un mes y medio sin una gota de agua; estos hechos no son casuales, constituyen la punta del iceberg de una inconformidad más amplia y profunda que se anida entre miles de vecinos que están, literalmente, a la caza de las pipas.
Para quienes viven en colonias como las antes mencionadas, es bastante conocido el hecho de que muchos “piperos”, quizá porque no reciben buenos sueldos, surten el agua, preferentemente y con buenos tratos, a quienes se disponen a pagar por el servicio, dejando para después y con trato despótico, en el mejor de los casos, a quienes no se prestan para fomentar la corrupción o de plano no tienen ni para comer, no obstante lo dicho por las autoridades respecto a la gratuidad del servicio.
Vivir en estas colonias sin servicios es una verdadera hazaña, un tormentoso calvario; pero los ciudadanos que ahí viven no lo hacen porque les haya parecido la mejor opción, sino porque era la única al alcance de sus posibilidades. No viven ahí por gusto, sino por estricta y elemental necesidad.
Y lograr llamar la atención de las autoridades para abatir el rezago social en estas humildes colonias, resulta tan difícil como hacerse escuchar por los dioses del Olimpo, sobre todo si se es ajeno a la nobleza.
Cuando se llevan a cabo las costosísimas campañas políticas, los candidatos de todos los partidos políticos, para lograr que la gente vote por ellos, se ven obligados a recorrer dichas colonias, y sólo así se dan cuenta de la falta de justicia de que son víctimas miles de ciudadanos; todos ellos se comprometen a remediar la situación, siempre y cuando el voto generoso de los ciudadanos les sea favorable. En estas colonias una de tantas promesas que hacen es solucionar el problema de la falta de agua potable. Pero, ¿qué sucede en los hechos? Los que no se ven favorecidos en las urnas, desaparecen súbitamente, pensando que, como no llegaron al cargo, nada pueden hacer. Y los que ganan, salvo honrosas excepciones, sencillamente se olvidan de lo que prometieron, y con una serie de argumentaciones técnicas y de insuficiencia presupuestal, que realmente oculta su falta de solidaridad humana, su insensibilidad política y su falta de palabra, sencillamente niegan los recursos necesarios para introducir el agua y otros servicios. No conciben que la gente humilde merezca inversiones “cuantiosas” para mejorar sus condiciones de vida. Para muchos gobernantes no es rentable invertir en colonias pobres, menos si son irregulares, aunque ahí vivan seres humanos que padezcan sed, insalubridad, ignorancia, miseria. Y la historia se repite trienio tras trienio, sexenio tras sexenio.
Ante tan terrible situación, a los vecinos de estas colonias olvidadas, no les queda otro camino más que organizarse y luchar, ley en mano, para exigir y conquistar realmente su derecho a una vivienda digna. No sólo para conseguir que cada dos veces por semana el gobierno surta de agua a través del sistema en pipas, esta medida es tan sólo un paliativo, una simple aspirina para una insoportable migraña, sino para conseguir la construcción de sistemas integrales de agua potable, con sus propias fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, líneas de distribución, tomas domiciliarias y hasta cisternas y depósitos familiares,
Y como no se trata sólo de contemplar el mundo, como no se resuelve nada con simples lamentos, consejos y/o recomendaciones, el antorchismo en México, desde su fundación, hace más de 38 años, ha encabezado la lucha de miles de familias humildes y trabajadoras por una vida mejor; en particular, se ha puesto al frente de la lucha por la introducción del agua potable en un sinnúmero de colonias populares y comunidades rurales, a todo lo largo y ancho del país, incluyendo desde luego al Estado más grande del territorio nacional, que es la tierra de los esforzados chihuahuenses. Los antorchistas hemos puesto en infinidad de casos demostrables el elemento sin el cual muchos centros de población empobrecidos y marginados jamás hubieran conquistado su derecho universal al agua potable, a saber: La participación organizada de los ciudadanos, basada en la razón para demostrar lo justo de la demanda y para evidenciar lo irracional que resulta la negativa para atenderla; basada en la fuerza que da la unión de los futuros beneficiarios; basada en la tenacidad y verticalidad de los representantes comunitarios; y basada en los derechos de asociación, petición y manifestación que se estipulan en la legislación mexicana.
La participación organizada significa constituir un grupo de vecinos que esté dispuesto a reunirse periódicamente, tantas veces como lo demanden las circunstancias de la lucha, nombrar un comité representativo, realizar, entregar y perseguir la solicitud, contribuir para que se reúnan todos y cada uno de los requisitos que exija la autoridad respectiva (censos de beneficiarios, croquis de localización, proyecto, presupuesto, permisos, etc.), intervenir en tantas y cuantas mesas de trabajo se necesite para demostrar la justeza y viabilidad de la demanda, cooperar para sufragar los gastos de las comisiones y aportar económicamente como beneficiarios la aportación correspondiente para la realización de la obra y del contrato del servicio. La participación organizada de los ciudadanos, consiste, además, y sobre todo cuando los funcionarios públicos se niegan a resolver esta demanda de elemental justicia social, en la realización de movilizaciones populares, que van desde comisiones pequeñas hasta mítines, marchas y plantones, en donde los futuros beneficiarios participan activamente. Esta participación organizada ha traído como consecuencia resultados que han beneficiado y siguen beneficiando a miles de familias humildes.
Pruebas al canto son las colonias populares fundadas por el Movimiento Antorchista, cuyos vecinos no se conformaron con obtener su terreno y edificar una modesta vivienda sino que lucharon organizadamente para introducir los servicios públicos como el agua potable. Me refiero, por citar algunos ejemplos, a casos como las colonias Clara Córdova Morán, Renovación de Iturbide, Jardines de Sacramento, Vista Cerro Grande, de la capital; Lázaro Cárdenas y Tierra de Encuentro en Jiménez; Laderas del Norte y Emiliano J. Laing en Delicias; Juanita Luna y Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez; entre otras.
Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
Published
hace 3 semanason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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