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Río 2016: Desfile de barcos protesta contra contaminación

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Una organización ecologista organizó hoy un desfile de barcos para protestar contra la contaminación en la Bahía de Guanabara, que baña la zona norte de Río de Janeiro y en la que se disputarán las regatas de vela de los Juegos Olímpicos que esta ciudad brasileña organizará en 2016.

Unas treinta embarcaciones, incluyendo botes, canoas, veleros, goletas y pesqueros, protagonizaron una procesión de unos doce kilómetros entre la Marina de Gloria, desde donde partirán los regatistas olímpicos, y la playa de Urca, al pie del cerro del Pan de Azúcar, para llamar la atención sobre la contaminación de las aguas de esta bahía.

El desfile se produjo cuatro días después de que el gobierno regional de Río de Janeiro admitiera que no cumplirá las metas de descontaminación con las que se comprometió ante el Comité Olímpico Internacional (COI) cuando fue elegida sede de los Juegos de 2016.

Las autoridades regionales se comprometieron en 2009 a tratar el 80 % de las aguas residuales que son vertidas en la bahía pero hasta ahora tan sólo han logrado limpiar un 49 % y admiten que, a sólo un año de la ceremonia inaugural de los Olímpicos, ya no tienen meta.

Numerosos regatistas de todo el mundo, incluso brasileños, han criticado el mal estado de las aguas y se han quejado de las dificultades que enfrentan al tener que desviar basuras flotando en el mar.

La descontaminación de la bahía es el proyecto más atrasado y el que más preocupa a las autoridades y al propio COI, que el lunes iniciará una nueva visita de inspección a Río de Janeiro.

Esta preocupación aumentó aún más con la divulgación en los últimos días de informes según los cuales el alto grado de contaminación es una grave amenaza para la salud de los regatistas dado los elevados índices de virus, bacterias y otros organismos.

Las autoridades, sin embargo, dijeron que las condiciones del agua en el área en que se disputarán las competiciones no generan preocupación y que instalarán barreras para impedir que la basura llegue hasta las áreas navegadas por los regatistas.

«El Gobierno está trabajando para limpiar las áreas de la competición, pero queremos mucho más que eso. Queremos un compromiso del Gobierno de que limpiará toda la bahía» , aseguró la regatista Isabel Swan, que representó a Brasil en los Juegos Olímpicos de Pekín y hoy participó con su velero en la protesta.

La organización Bahía Viva, que ideó el desfile y reúne a ecologistas, pescadores y regatistas que usan la bahía, la descontaminación no puede limitarse a las áreas que serán usadas en los Juegos Olímpicos.

«La limpieza es vital para que quienes practicamos deportes lo hagamos tranquilos y sin enfrentar basuras, pero también para garantizar la sanidad en los municipios ubicados en el fondo de la bahía, para que los pescadores garanticen su alimentación y para que los delfines vuelvan a una región que usaban para reproducirse» , afirmó Swan.

La regatista dijo que acudió a Copenhague para apoyar la candidatura de Río cuando el COI le adjudicó la sede de los Juegos porque creyó en la promesa de que la bahía sería descontaminada.

«El COI fue irresponsable cuando creyó en la promesa de las autoridades de Río de Janeiro. La meta de descontaminar el 80 % siempre fue una propaganda engañosa» , afirmó el ecologista Sergio Ricardo, uno de los fundadores de Bahía Viva.

Según el ecologista, tras más de 20 años de trabajos y 12.000 millones de reales (unos 3.430 millones de dólares) de inversiones tan sólo se ha limpiado la mitad de la bahía y difícilmente se descontaminará el otro 50 % en el año que falta para los Olímpicos.

«El Gobierno instalará barreras para que las basuras no lleguen al área de competiciones, pero no retirará las basuras flotantes que están en el fondo de la bahía» , dijo.

Fuente El Universal

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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