Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la eutanasia y al suicidio asistido es que si estas prácticas son legales pueden conducir a un alto número de médicos que optarán por terminar la vida de sus pacientes o a un alto número de personas que optarán por terminar su vida.

Pero una nueva investigación llevada a cabo en Holanda -el primer país que legalizó la eutanasia- encontró que el número de personas que optan por terminar su vida fue similar antes y después de esta legalización.

Aunque la ley de eutanasia en Holanda entró en efecto en 2002, la práctica había sido tolerada no oficialmente durante décadas en el país.

Es decir, un médico podía verse involucrado en una situación en la que un paciente en estado terminal optara por terminar su vida y pidiera que no se le suministraran fármacos para salvarle o que el médico le ayudara a acelerar su muerte.

Una vez en vigor, la ley establece que el médico diagnostique la enfermedad como incurable y que el paciente tenga completo uso de sus facultades mentales para solicitar de forma voluntaria el procedimiento para terminar su vida.

Posteriormente otro médico debe suministrar por escrito una opinión que conforma con el diagnóstico.

Y tras la muerte del paciente, una comisión formada por un médico, un jurista y un experto en ética debe verificar que los requisitos para eutanasia se han cumplido.

Tasas similares

Los científicos del Centro Médico de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, el Centro Médico de la Universidad VU en Amsterdam y el Centro Médico de la Universidad de Utrecht, querían analizar cuál ha sido el impacto de la ley en el número de personas que desde la legalización han optado por morir o solicitado la eutanasia.

El estudio, publicado en The Lancet, encontró que las tasas antes y después de la legalización «son similares».

Los investigadores utilizaron los datos de las estadísticas nacionales e identificaron las muertes donde había posibilidad de que un médico y un paciente se habían visto involucrados en una decisión para poner fin a una vida.

Posteriormente enviaron cuestionarios a los médicos que habían estado involucrados en esos casos y les preguntaron si habían llevado a cabo una decisión que involucrara no suministrar un medicamento para salvar una vida o administrar un fármaco para acelerar la muerte de un paciente.

Los científicos encontraron que entre 1990 y 2001 las tasas de eutanasia y suicidio asistido se incrementaron del 1,9 al 2,8% en las tasas totales de mortalidad.

Entre 2002 y 2005 -los años posteriores a la legalización de eutanasia y suicidio asistido- las tasas disminuyeron a 1,8%.

Y posteriormente, de 2005 a 2010 notaron otra vez un incremento a 2,9%.

En en promedio, dicen los investigadores, «con la reducción vista en las tasas en 2005, los niveles de eutanasia y suicidio asistido en 2010 fueron comparables a los vistos antes de que la ley de eutanasia en Holanda fuera implementada en 2002».

Entre jóvenes

Los científicos encontraron también que las prácticas de eutanasia y suicidio asistido en el país se han llevado a cabo principalmente entre personas jóvenes, pacientes con cáncer y en la práctica clínica general y no en los asilos de ancianos y hospitales, como se pensaba.

Tal como expresa la profesora Bregje Onwiteaka-Philipsen, quien dirigió el estudio «la frecuencia con la que los médicos ponen fin a la vida de un paciente en ausencia de una solicitud explícita no parece incrementarse en los países donde la eutanasia ha sido legalizada».

«En Holanda, esta práctica se ha reducido significativamente» agrega.

La eutanasia y suicidio asistido siguen siendo temas ampliamente controvertidos en muchos países.

Hasta ahora ambas prácticas sólo son legales en tres países: Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

El suicidio asistido -cuando el paciente se autoadministra un medicamento letal recetado por un médico para poner fin a su vida- es legal en Suiza y tres estados de Estados Unidos: Oregon, Montana y Washington.

En el Reino Unido la Asociación Médica Británica votó recientemente para mantener su posición actual de «firme oposición» a la legislación del suicidio asistido y a cualquier cambio en la ley actual.