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El país está en deuda con los indígenas mexicanos

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El país está en deuda con los más de 11 millones de mexicanos indígenas que han vivido excluidos de los derechos básicos, señaló Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional.

Al participar como comentarista en la presentación del libro “Los Problemas del Derecho Indígena en México”, de José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que en la medida que los integrantes de las comunidades indígenas no tengan acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, estaremos vulnerando sus derechos fundamentales.

En el marco de la 4ª Feria del Libro en Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la UNAM, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que las personas indígenas demandan el reconocimiento efectivo de su propia identidad.

Ello, expuso en un comunicado, a través de la tutela del derecho a la autodeterminación y la protección de su cultura en el sistema constitucional de derechos humanos.

“Nuestro sistema ha sido escueto en otorgar la debida garantía y protección a estos derechos; prueba de ello es que en el ámbito legislativo aún hay trabajo pendiente, ya que sólo 22 entidades federativas tienen reconocimiento constitucional de ciertos derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, agregó.

Refrendó el compromiso de la CNDH de incluir un modelo renovado de protección que engrose el catálogo de derechos que son garantizados y optimice su protección, para que los pueblos indígenas se desarrollen en un contexto de inclusión, respeto y pleno reconocimiento a su propia autonomía.

Destacó que es fundamental cuestionar y desterrar prácticas y políticas asistencialistas y paternalistas que ven a los pueblos indígenas como objetos de protección y no como sujetos de derechos, particularmente ante las múltiples situaciones que vivimos en la actualidad.

Fuente El Financiero

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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