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FIRMAN CONVENIO PARA DIVULGAR LA REFORMA PROCESAL ORAL EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR

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El nuevo modelo de Justicia Oral en Materia Civil y Familiar en Chihuahua  que entrará en vigor el próximo 28 de septiembre, responde a la necesidad de tener sistemas de justicia más garantistas y transparentes que cumplan el mandato constitucional de justicia pronta y expedita.

En Chihuahua el próximo 28 de septiembre del 2015, se implementará el nuevo Sistema de Justicia Oral en materia Civil y Familiar.  El 14 de diciembre 2015 en Ciudad Juárez y posteriormente en enero 2016 el sistema de oralidad será implementado en el resto de la entidad.

Es por ello que los empresarios de la Radio y TV, quienes pertenecen a FICOSEC y al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, de manera generosa, han decidido colaborar con el Poder Judicial para ser partícipes de la difusión de estos cambios que se avecinan y que, sin duda colocarán a Chihuahua nuevamente como punta de lanza en la innovación al servicio de la ciudadanía

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Para este fin, se realizó este viernes una firma de convenio en la que participaron el Ing. Gerardo López De la Rocha, delegado de la CIRT Chihuahua, el Lic. Luis Lara Armendáriz, Presidente de FICOSEC, el Ing. Gabriel Ortiz Hernán, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Mtro. José Miguel Salcido Romero.

El Presidente del Poder Judicial, Mtro. José Miguel Salcido Romero agradeció a cada uno de los organismos su decidida colaboración para informar a la Sociedad los cambios que se avecinan en materia civil y familiar.

Dio a conocer que, a través de este convenio, actualmente 114 estaciones de radio y televisión difunden al Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial y la línea ciudadana *2232, donde también se informa de las opciones de mediación que ofrece el Tribunal Superior de Justicia.

El Ing. Gerardo López de la Rocha, de la CIRT, dijo que este es un convenio trascendental, donde la CIRT se siente muy orgullosa de ser un intermediario entre la sociedad y gobierno.

Por su parte, Gabriel Ortiz, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia comentó que “estamos firmando un convenio en donde estamos colaborando los ciudadanos, las fuerzas de comunicación y la autoridad, para fortalecer a la institución de Justicia”.  Dijo que finalmente, esto beneficia a toda la ciudadanía.

 

En este contexto, los tres Poderes del Estado trabajan en diversos frentes en forma simultánea, para desarrollar la infraestructura física y humana que permita desarrollar este cambio en el sistema judicial del estado de Chihuahua.

Por una parte se trabaja el esquema de la socialización, que va dirigida a las agrupaciones de litigantes y estudiantes así como a las instituciones educativas, estas últimas que tendrán que adoptar nuevos planes de estudio; y fundamentalmente en la capacitación y actualización de quienes serán los operadores de este sistema como son jueces, juezas, secretarios, secretarias, defensores de oficio y demás intervinientes en el proceso civil y familiar.

El sistema que ahora se propone adoptar, presenta entre otras, las siguientes ventajas: la mediación será el eje central para la resolución pacífica de los conflictos. La oralidad en los juicios que  a su vez representa una menor formalidad en los procesos; mayor rapidez; propicia la sencillez; aumenta la publicidad y transparencia y proporciona mayor información para el conocimiento del conflicto a los juzgadores y juzgadoras al momento de tomar una resolución.

La participación ciudadana y el conocimiento de toda la población de lo que está ocurriendo en el estado en el sistema judicial, resultan indispensables para el adecuado manejo en el cambio del paradigma sobre lo que significa impulsar una profunda transformación en las instituciones dedicadas a la impartición de la Justicia.

Así, este convenio viene a reforzar los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia para acercar a la población los cambios que se avecinan en la oralidad del sistema Civil y Familiar y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación.

En la firma de convenio estuvo presente el Lic. Fernando Mendoza Ruiz, Secretario General del Tribunal Superior de Justicia, así como  Magistrados y Magistradas del Poder Judicial.

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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