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México

El IMSS pasó ya la «crisis de desahuciado»

Luego de haber cancelado una gira trabajo por Tabasco ante la «veda electoral» el presidente realizó una visita al Estado de México en donde inauguró el Hospital General Regional 251 del IMSS y habló de lo que su gobierno ha hecho en materia de salud en la entidad desde hace cinco años.

Calderón Hinojosa aprovechó para asegurar que el Instituto Mexicano del Seguro Social está en vías de su saneamiento financiero por lo que ya se evitó la «crisis de desahuciado» por la que atravesó financieramente.

Dijo que ningún otro gobierno había realizado una inversión en infraestructura tan importante como la que ha hecho su administración y destacó que en coordinación con el gobierno de la entidad (entonces gobernado por Enrique Peña Nieto) se logró la cobertura universal en salud a través del Seguro Popular.

Tras felicitar a los mexiquenses por el aniversario del nacimiento de la entidad, el presidente aseguró que «en estos cinco años hemos construido casi mil 100 hospitales o clínicas totalmente nuevos y hemos remodelado otros dos mil en todo el país».

Aseguró que «estamos trabajando duro por la salud de los mexiquenses» y dijo que desde el gobierno de Adolfo López Mateos no se había realizado una inversión en infraestructura hospitalaria más grande.

Al inaugurar el Hospital Regional de Metepec, en el Estado de México, Calderón Hinojosa destacó que durante su sexenio se otorgaron 53 mil millones de pesos tan solo a esa entidad para beneficiar a los derechohabientes del seguro popular.

Dijo que su Gobierno ahora trabaja para mejorar las salas de espera y de operación del IMSS y celebró que haya una recuperación financiara de ese organismo de salud.

El mandatario dijo que el hospital ofrecerá especialidades como cardiología, cirugía general, endocrinología, ginecología, obstetricia y oncología.

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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