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Chihuahua

Se queda sin policías San Francisco de Conchos

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La corporación policíaca del municipio de San Francisco de Conchos y del seccional de Boquilla renunció después de las balaceras registradas el domingo pasado en esa región del sur del estado.

Cuando presentaron su renuncia indicaron que el apoyo que reciben para enfrentar la inseguridad es insuficiente, así lo evidenció el asesinato del exagente municipal que fue privado de su liberad y asesinado horas más tarde.

Además de los agentes, también presentaron su renuncia los directores de Seguridad Pública, por lo que la Fiscalía General del Estado movilizó a sus agentes para vigilar la zona.

El municipio de San Francisco de Conchos se sumó a otros que tienen déficit de agentes, porque estos han renunciado ante los altos índices de violencia que se registran en el estado y por la falta de garantías suficientes para ejercer su trabajo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que los municipios de Ahumada, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero no tienen cuerpo policiaco ni armamento necesario.

Ahumada y Guadalupe no tienen policías desde hace unos  tres o cuatro años, mientras que en Praxedis G. Guerrero trabajan con seis hombres desarmados.

Las renuncias masivas se han registrado cuando los agentes han sido víctimas de agresiones y amenazados por el crimen organizado.

Los municipios que tienen años sin policías municipales cuentan con apoyo del Ejército y de la Policía Estatal para efectuar patrullaje y vigilancia. De la Escuela de Policía del Estado egresarán nuevos elementos, que se espera se incorporen a algunos municipios.

En el municipio de Guachochi también renunciaron los agentes de manera masiva el 13 de febrero pasado. El alcalde Andrés Balleza Carreón expuso que ese día asaltaron a una joven del programa Oportunidades en la sierra de Norogachi.

La Dirección de Seguridad Pública de Guachochi les indicó a los agentes que tendrían que brindar seguridad a los trabajadores de Sedesol para la entrega de despensas y apoyos de la dependencia a las comunidades de la región. Los uniformados se negaron y fueron despedidos, explicó el presidente del municipio, Andrés Balleza Carreón, durante la reunión del Observatorio Ciudadano de la Sierra Tarahumara realizada en Creel, Bocoyna

Balleza Carreón dio a conocer que otros agentes policíacos también renunciaron. En total fueron 20 liquidaciones.

La corporación policíaca del municipio de San Francisco de Conchos y del seccional de Boquilla renunció después de las balaceras registradas el domingo pasado en esa región del sur del estado.

Cuando presentaron su renuncia indicaron que el apoyo que reciben para enfrentar la inseguridad es insuficiente, así lo evidenció el asesinato del exagente municipal que fue privado de su liberad y asesinado horas más tarde.

Además de los agentes, también presentaron su renuncia los directores de Seguridad Pública, por lo que la Fiscalía General del Estado movilizó a sus agentes para vigilar la zona.

El municipio de San Francisco de Conchos se sumó a otros que tienen déficit de agentes, porque estos han renunciado ante los altos índices de violencia que se registran en el estado y por la falta de garantías suficientes para ejercer su trabajo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que los municipios de Ahumada, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero no tienen cuerpo policiaco ni armamento necesario.

Ahumada y Guadalupe no tienen policías desde hace unos  tres o cuatro años, mientras que en Praxedis G. Guerrero trabajan con seis hombres desarmados.

Las renuncias masivas se han registrado cuando los agentes han sido víctimas de agresiones y amenazados por el crimen organizado.

Los municipios que tienen años sin policías municipales cuentan con apoyo del Ejército y de la Policía Estatal para efectuar patrullaje y vigilancia. De la Escuela de Policía del Estado egresarán nuevos elementos, que se espera se incorporen a algunos municipios.

En el municipio de Guachochi también renunciaron los agentes de manera masiva el 13 de febrero pasado. El alcalde Andrés Balleza Carreón expuso que ese día asaltaron a una joven del programa Oportunidades en la sierra de Norogachi.

La Dirección de Seguridad Pública de Guachochi les indicó a los agentes que tendrían que brindar seguridad a los trabajadores de Sedesol para la entrega de despensas y apoyos de la dependencia a las comunidades de la región. Los uniformados se negaron y fueron despedidos, explicó el presidente del municipio, Andrés Balleza Carreón, durante la reunión del Observatorio Ciudadano de la Sierra Tarahumara realizada en Creel, Bocoyna

Balleza Carreón dio a conocer que otros agentes policíacos también renunciaron. En total fueron 20 liquidaciones.

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ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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