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Ciudad de México: a punto de ser la entidad 32

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El Distrito Federal está a un paso de convertirse en el estado 32 de la República mexicana, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la reforma política de la capital del país, con lo que se da paso a una nueva composición de gobierno.

«Ciudad de México» será su nombre oficial tan pronto como el Senado y por lo menos 17 congresos estatales ratifiquen la reforma, la ciudad contará por primera vez con una Constitución propia y un Congreso, además de que sus delegaciones se transformarán en demarcaciones con un alcalde en el gobierno.

Por 329 votos a favor y 53 en contra, así como una abstención, la Cámara de Diputados también aprobó la reforma que crea la entidad federativa que mantendrá la sede de los Poderes de la Unión, la mayor transformación de autonomía desde la apertura de elecciones locales de 1997.

Estos son los principales cambios aprobados por el Congreso, los cuales deberán ser ratificados por la mayoría de los congresos locales y publicados por el presidente en los próximos meses.

Entidad, no estado

La Ciudad de México no tendrá la denominación de “estado”, sino que será una “entidad” más de la República Mexicana, según la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución.

La capital sigue siendo la “sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos”, y la única forma en que podría convertirse en estado es si los poderes federales se trasladan a otro lugar.

El gobernante seguirá siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Constitución

La Constitución federal en su artículo 122 detalla la nueva forma de gobierno de la capital, la cual por primera vez permite a la ciudad tener su propia Constitución.

Para su redacción, el Jefe de Gobierno se encargará de enviar la propuesta a un Congreso constituyente que será electo en un 60% por los ciudadanos en las elecciones del 5 de junio de 2016.

El Congreso constituyente

Habrá 100 diputados en una Asamblea Constituyente que se instalará el 15 de septiembre de 2016. La nueva Constitución de la Ciudad de México debe estar aprobada el 31 de enero de 2017.

Los habitantes de la capital podrán votar a 60 diputados por el principio de representación proporcional (plurinominales), pero también podrá haber candidatos independientes.

Catorce integrantes más serán senadores electos por su cámara, y otros 14 diputados por su contraparte. Otros seis diputados constituyentes serán nombrados por el presidente, y seis más por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Jefe de Gobierno

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México estará seis años en el cargo. Ya no podrá ser removido por acuerdo del Senado, como decía la Constitución hasta ahora.

La seguridad pública de la Ciudad de México recaerá en la responsabilidad del Jefe de Gobierno, por lo que podrá “nombrar y remover libremente” a los servidores públicos como el procurador y el secretario de Seguridad Pública.

Pero queda bajo derecho del presidente remover a los mandos cuando haya “causas graves”.

Impuestos y gasto

La reforma marca que corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer a su nuevo Congreso local «las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria».

El proyecto de presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.

Diputados del Congreso

Los diputados locales tendrán cargos de tres años, pero podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos. Ahora el Congreso local podrá votar las reformas a la Constitución que haga el Congreso federal.

Podrán proponer leyes al Congreso federal, lo que hasta ahora no tenían facultado.

Las demarcaciones

Las 16 delegaciones políticas actuales se convertirán en demarcaciones territoriales a partir de las elecciones de 2018.

Estarán bajo la administración de un alcalde y un concejo, los cuales serán electos por votación universal por un periodo de tres años.

La reforma prevé que los concejos estén integrados con entre 10 y 15 miembros, en proporción al número de habitantes de la localidad.

Fuente CNN Expansion

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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