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Buscan 120 a 26 mil desaparecidos; fiscalía especial tiene 800 expedientes

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Un total de 120 personas tienen la misión de dar con el paradero de 26 mil desaparecidos en el país.Un total de 120 personas tienen la misión de dar con el paradero de 26 mil desaparecidos en el país.
Adscritas a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que inició operaciones el pasado 10 de octubre, ya tienen integrados 800 expedientes.
Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad a cargo de esta nueva fiscalía, afirma que se reforzará al personal para tener una mejor plantilla de investigación.
De entrada, dice, “tenemos dedicadas 120 personas que colaboran en la fiscalía, entre Ministerios Públicos (MP), auxiliares del MP y fuerzas de la Agencia de Investigación Criminal que están dedicados al análisis de este tipo de asuntos para realizar las diligencias que converjan”.
El funcionario explicó que con los instrumentos con los que ya se cuenta se ha logrado resolver la localización con vida de aproximadamente cien personas.
Adelantó que para las tareas de esta nueva dependencia se trabaja en la integración de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, del banco de datos de ADN más completo de América Latina y en el uso de drones para la localización de las víctimas.
“Los drones ya se encuentran en su fase de operación; era necesario realizar una serie de adaptaciones y de capacitación al personal que los va a operar, y hoy podemos hacer uso de ellos”, explicó.
Dijo que en el caso del uso del ADN, servicios periciales de la PGR tiene la tecnología de punta con el laboratorio mejor equipado de América Latina en temas forenses.
120 agentes para 26 mil desaparecidos; trabajo de la Fiscalía especializada
Comenzó sus operaciones el pasado 10 de octubre y ya tiene integrados ?800 expedientes; se han resuelto 100 casos de localizaciones con vida.
La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que inició sus operaciones el pasado 10 de octubre, contará con 120 empleados, ya tiene integrados 800 expedientes y deberá investigar más de 26 mil casos.
El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), que administrará el trabajo de la nueva fiscalía, Eber Omar Betanzos Torres, informó que se reforzará al personal para tener una mejor plantilla de investigación.
“Tenemos dedicadas 120 personas que colaboran en la fiscalía, entre Ministerios Públicos, auxiliares del MP, fuerzas de la Agencia de Investigación Criminal, que están dedicados al análisis de este tipo de asuntos para realizar las diligencias que converjan.
“Lo que era la Unidad Especializada ha tenido un reforzamiento fundamental para contar con una plantilla de personal más sólida, y poder contar con todas las herramientas que requiera para realizar su trabajo”, explicó Betanzos Torres.
En mayo de 2013, la PGR anunció la creación de la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas, la que inició con la integración de la información, en una base de los datos, para conocer una cifra más exacta de casos y los procedimientos a desarrollar para la localización de víctimas.
Los trabajos llevaron a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la utilización de la Base de Datos AM/PM (ante mortem/post motem), utilizada en este tipo de casos.
Además, el pasado 10 de octubre entró en vigor el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, la que ya tiene integrados los primeros 800 expedientes.
Hasta el pasado 30 de septiembre se tenían reportados un total de 26 mil 798 casos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
“Como se ha manifestado, la cifra de personas desaparecidas en el Estado mexicano aborda las 26 mil personas, esos desaparecidos no quiere decir que sean todos vinculados con ilícitos penales, la cifra es distinta en el contexto de una averiguación previa iniciada en las instancias locales o federales.
“Hay 800 expedientes de búsqueda de personas, en donde la búsqueda está iniciada en la PGR porque hay indicios, señalados por los denunciantes de que hubo algún ilícito cometido”, explicó.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR explicó que se debe diferenciar los casos de personas cuyo paradero se desconoce, en donde los responsables son particulares, de los casos en donde las autores son autoridades.
En esta segunda hipótesis entra el concepto de ?desaparición forzada, en donde se ha detectado que la mayoría de los casos han sido cometidos por autoridades municipales.
“La desaparición cometida por particulares es una constante muy importante en el grueso de los expedientes que tiene la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, más de 95 por ciento de los casos, en indicios que están en investigación.
“En materia de desaparición forzada tenemos participación de autoridades municipales, infiltradas por grupos del crimen organizado, que llevan a situaciones de desaparición”, indicó Betanzos Torres.
Sobre este tema, el funcionario explicó que a partir de los elementos con los que cuenta el Ministerio Público Federal, está buscando acusar de desaparición forzada, a las autoridades detenidas por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Tenemos casos como el Ayotzinapa, que es una desaparición forzada y así lo hizo notar la PGR ante el Poder Judicial Federal, que reclasificó, y la PGR apela y en eso está por determinarse.
“Estimamos que el Poder Judicial Federal tome en cuenta estos aspectos sobre la situación de la desaparición, para clasificarlo como desaparición forzada”, dijo Betanzos Torres.
Ciencia y tecnología
El subprocurador de Derechos Humanos explicó que con los instrumentos con los que ya se cuenta se ha logrado resolver la localización con vida de aproximadamente cien personas.
“Se han resuelto con localizaciones con vida de 100 casos, y esto implica que este tipo de tareas tiene un grado de complejidad si no se tiene información previa de las personas.
“Estamos en el supuesto de personas que están desaparecidas por el cambio de domicilio, de migración, por razones médicas o que ingresaron al sistema penitenciario y por la movilidad no les fue posible comunicarse con su familia”, detalló.
Betanzos Torres anunció que para los trabajos de la nueva fiscalía se trabaja en la integración de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas, del bando de datos de ADN más completo de América Latina y en el uso de drones para la localización de víctimas.
“Los drones ya se encuentran en su fase de operación, era necesario realizar una serie de adaptaciones y de capacitación al personal que los va a operar, y hoy podemos hacer uso de ellos.
“En el caso de ADN, servicios periciales de la PGR tiene la tecnología de punta con el laboratorio mejor equipado de América Latina en temas forenses, y en materia de genética se tiene la base de datos más completa de registros, y con intercambio de información con otras autoridades”, dijo Betanzos Torres.
Prevalecen los casos del fuero común
Hasta el 30 de septiembre se tenían reportados un total de 26 mil 798 casos en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La cifra está comprendida por 25 mil 918 casos del fuero común registrados de personas que permanecen sin localizar al corte del 31 de julio del presente año, a partir de los reportes presentados por las procuradurías y fiscalías estatales.
A esta cantidad se suman 880 reportes en el RNPED de casos del fuero federal, con averiguaciones previas iniciadas entre 2014 y 2015, y que permanecen sin ser localizados al 30 de septiembre del presente año.
El RNPED es un instrumento que comenzó a compilar en la presente administración para atender el fenómeno de las personas desaparecidas, y que a partir de las denuncias presentadas incluye casos ocurridos desde 2007, anteriores y hasta la fecha.
De acuerdo con el compendio, del total de casos denunciados en ambos fueros, un total de 11 mil 938 están reportados entre los años 2013 y lo que va de 2015, lo que significa que en la presente administración han ocurrido el 44.5 % de las desapariciones en nuestro país.
Casos federales
El RNPED establece en las Estadísticas del Fuero Federal, que de los 880 casos registrados entre años anteriores al 2007 y el 2015, 542 han ocurrido entre 2013 y el presente año, lo que significa que en la presente administración ha ocurrido el 61.5 por ciento de las desapariciones.
Guerrero ocupa el primer lugar con 221 casos, luego Veracruz con 132, Tamaulipas con 108, el DF con 49, Coahuila con 45 y Michoacán con 45 denuncias.
Ámbito local
Por la materia del Fuero Común, el RNPED reporta un total de 25 mil 918 casos a partir de las denuncias registradas por las Procuradurías y fiscalías estatales, entre años anteriores a 2007 y 2015.
La presente administración federal, entre los años 2013 y hasta el 31 de julio, registra 11 mil 396 denuncias, lo que representa el 43.9% de los casos.
Están reportados como desaparecidos 18 mil 732 hombres y siete mil 186 mujeres; de los cuales 23 mil 138 son de mexicanos, 123 extranjeros y dos mil 657 no se especifica este dato.
De los cero a los cuatro años hay dos mil 669 denuncias, mientras que de los 15 a los 19 años hay cuatro mil 93 desaparecidos.

Fuente Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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