Opinión
ILEGITIMIDAD PERNICIOSA POR VÍCTOR OROZCO
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hace 14 añoson
Tal vez la principal función de las instituciones públicas, es dotar de legitimidad a la autoridad. Sin ella, se puede ejercer el poder sobre los gobernados, por un tiempo limitado y sembrando terror, desconfianza, injusticias y trastocando a cada paso la convivencia entre civilizados. Un gobierno así, se constituye en una genuina tragedia para los pueblos que lo padecen. Por ello, en todos los regímenes presumiblemente democráticos, se ha instalado un complejo sistema de competencias, jurisdicciones e instancias que tiene como propósito filtrar varias veces una decisión oficial proveniente de un órgano legislativo, administrativo, judicial o electoral. El resultado final, se supone, debe ser nítidamente cristalino, por cuanto estaría libre de cualquier impureza de ilegalidad. Ésta es la hipótesis o premisa en la que se asienta el llamado Estado de derecho.
Entre más se asciende en la jerarquía de las normas y de las autoridades, el principio expuesto adquiere mayor relevancia. Si bien al mismo se subordinan tanto la sentencia de un modesto juez de paz como la que dicta una corte suprema sobre un problema de constitucionalidad, ésta última afecta la vida colectiva e individual de todos los habitantes. Así acontece en la coyuntura presente: el máximo tribunal en asuntos electorales, debe resolver sobre la legalidad de la elección federal realizada el pasado 1 de julio. Los magistrados a quienes se ha confiado la última palabra en el ámbito de la ley, deben hacerse cargo de que cualquier mancha de ilegitimidad sobre los nuevos funcionarios investidos de poder, tendrá consecuencias funestas. Una primera es que agudizará la frustración de millones de mexicanos, especialmente de jóvenes, al advertir que la sociedad y sus instituciones son incapaces de abandonar este ciclo de gobiernos contaminados por la sospecha de fraude compartida por millones e impresa en su mismo origen. Además de los enconos y divisiones que generará una sentencia dictada por complicidad con los beneficiarios de la violación a la ley, habrá otras resultantes ya experimentadas. De allí emanará un gobierno con escasa capacidad de interlocución con gobiernos extranjeros, vulnerable a las presiones, débil en la defensa de los intereses de toda la población, ya sea la avecindada en el territorio nacional o la formada por millones de mexicanos residentes fuera del mismo. Podrán llenarse informes y discursos a granel sobre realizaciones, venderse la imagen de eficacia, pero no podrán ocultarse la falta de gobernabilidad, los mayúsculos espacios sociales en los cuales no rige la ley, sino imperan los dictados de criminales o de quienes controlan las instancias oficiales a través del dinero. Así ha sucedido durante los años de la administración actual.
A la postre, los únicos que ganan con un gobierno tenido por ilegítimo en grandes franjas de la colectividad, son los poderes fácticos. La historia enseña que cada presidente de la República que ha asumido el poder mediante procedimientos con graves vicios jurídicos y políticos, ha buscado el apoyo de los grandes dueños del dinero, de la jerarquía eclesiástica, de los monopolios en las comunicaciones, a quienes ha cedido porciones de autoridad o hecho concesiones en extremos perjudiciales para el interés general. Con iguales objetivos, se han emprendido políticas aciagas para la población en la búsqueda de protagonismo y soporte popular. Tal es el caso de lo acontecido en 1988 con la administración de Carlos Salinas de Gortari y en 2006, con la de Felipe Calderón, si pensamos en dos experiencias de la etapa contemporánea.
Muy lejos de estos ejemplos, los mexicanos requerimos de un gobierno aceptado, imparcial, con el cual podamos disentir, pero al que asumamos como legítimo, encargado por el mandato popular y hasta las nuevas elecciones de gestionar los asuntos públicos.
Los cargos o acusaciones presentados en contra de quienes fraguaron y organizaron la campaña política de Enrique Peña Nieto, candidato declarado triunfador por el Instituto Federal Electoral, son de una enorme gravedad. El uso masivo de recursos públicos o privados para repartir bienes o dinero a los votantes, sobre todo a quienes sufren la pobreza, no debe ser validado por la justicia electoral. De hacerlo las futuras elecciones se convertirán en un espectáculo de pan y circo, carentes en absoluto de credibilidad y los mexicanos estaremos cada vez más lejos de vivir en un sistema democrático en donde el poder se subordine a la voluntad ciudadana. La corrupción institucionalizada de la vida pública será otra de las consecuencias. ¿Cómo acotar los potestades de los funcionarios?. ¿Cómo colocar frenos a su prepotencia, al enriquecimiento ilícito con fondos del erario?. ¿De dónde podrá salir la fuerza que impida a los altos y pequeños oficiales del gobierno disponer de los bosques, de las aguas, de los yacimientos minerales cómo si fueran patrimonio personal?. ¿De dónde, si los títulos de su poder no se encuentran en los votos libres sino en los comprados?. ¿Y entonces, para qué ir a las urnas?.
Hasta ahora, connotados intelectuales y periodistas defensores de la presunta limpieza del proceso electoral, han optado por descalificar a los impugnadores, principalmente al candidato del Frente Progresista, Andrés Manuel López Obrador, antes que entrar al fondo del asunto. Un caso típico es el de Federico Reyes Heroles, para quien el tema no estriba en ocuparse de las imputaciones, revisar su procedencia y verosimilitud, sino en desacreditar al principal acusador: «El primer problema está en el necesario respaldo moral del demandante. Ladrón que acusa a ladrón no puede reclamarse como juez del pueblo». Cómo éstos he leído decenas de epítetos contra AMLO: fascista, hipócrita, dictador, corrupto, orate y un sinfín de etcéteras, a cual más hiriente en sus pretensiones. Se piensa, tal parece, que amontonando improperios se limpiará la elección. Cuesta trabajo incluso entender que ilustrados escritores (Héctor Aguilar Camín, Soledad Loaeza…) prefieran discutir sobre la personalidad y las reacciones del tabasqueño, cargándole las tintas desde luego. Pero y ¿La compra de los votos?. ¿Se hizo o no se hizo?. Y si fue así ¿En qué medida se afectan a los comicios y al presunto gobierno encabezado por EPN?. ¿Hemos de conformarnos con una democracia de fachada?
En esta tesitura, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen sobre sus hombros una colosal responsabilidad. Cada palabra y cada concepto que usen en la sentencia definitiva sobre las recientes elecciones federales, en especial la de Presidente de la República, será examinada por la Historia. Pueden arrojar una losa sobre las esperanzas democratizadoras del pueblo mexicano o bien, abrir una puerta para que aquellas se conviertan en realidades. Esperemos.
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VÍCTOR OROZCO
Opinión
Rocha vs Maru: el silencio de Sinaloa y el ruido de Chihuahua. Por Caleb Ordóñez T.
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hace 5 díason
May 22, 2026
La política mexicana tiene algo de cantina vieja: todos juran lealtad eterna hasta que llega la cuenta. Entonces miran hacia otro lado, piden otro tequila y fingen que nunca conocieron al que está pagando solo. Lo que está ocurriendo con Rubén Rocha Moya no es una excepción. Es el manual.

Caleb Ordoñez
Hace apenas unos meses, desde Palacio Nacional y desde las tribunas de Morena, cuestionar a Rocha equivalía casi a traicionar a la patria. Había indignación cuidadosamente producida, discursos patrióticos de estudio, llamados encendidos a no «subordinarse» a Estados Unidos. Había quienes aseguraban que todo era una operación mediática contra la Cuarta Transformación. Que el gobernador de Sinaloa era víctima, no protagonista.
Y luego llegó el silencio.
A Rocha no lo abandonaron con un comunicado. Lo abandonaron cuando nadie lo volvió a mencionar. Y en política, el silencio es la forma más cobarde de traicionar.
Como lo habíamos previsto en otra columna de #ZonaLibre, desaparecieron las defensas efusivas. Se evaporaron los grandes operadores del movimiento que antes salían a poner el pecho. Nadie dijo «con Rubén hasta el final» porque nadie quería terminar hasta el final con Rubén. Morena entendió algo brutalmente sencillo: defenderlo empezaba a costar más de lo que ayudaba. Y en política, cuando algo empieza a costar, se abandona. No con drama. Con enmudecimiento. Con ausencia. Con el arte fino de ya no contestar el teléfono.
El problema es que los silencios también hablan. Y este gritaba.
Porque una cosa es blindar políticamente a un gobernador cuestionado. Eso ocurre todo el tiempo en México y nadie se escandaliza demasiado. Otra cosa muy distinta es convertirlo en bandera nacional cuando las acusaciones crecen, las presiones internacionales aumentan y el nombre de tu gobernador empieza a aparecer en conversaciones que no quieres tener. Ahí el cálculo cambia. Ahí el partido aprende a no pronunciar ciertos nombres en voz alta.
Rocha se convirtió en eso: en un nombre que Morena aprendió a no pronunciar. En el expediente que existe pero que nadie saca del cajón. En la llamada que se deja ir al buzón.
Y justo ahí, mientras Sinaloa se convertía en un pantano cada vez más incómodo, alguien dentro del partido tomó una decisión estratégica que parecía inteligente y terminó siendo un regalo envenenado para la oposición: mover la conversación hacia Chihuahua. Hacia la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos.
Rocha es el nombre que Morena aprendió a no pronunciar. Maru es el nombre que Morena no puede dejar de atacar. Esa diferencia lo dice todo.
La lógica era comprensible desde adentro: instalar la idea de que la gobernadora panista estaba permitiendo injerencia extranjera, golpearla narrativamente, convertir el debate chihuahuense en uno de soberanía nacional. En otras palabras: dejar de hablar de Rocha y empezar a hablar de Maru. Cambiar el canal. Controlar la sintonía.
Lo que no calcularon es que Chihuahua no es un canal que se cambia fácilmente.
La marcha que debía demostrar músculo terminó demostrando otra cosa. No necesariamente vacío numérico —las cifras en política siempre son disputadas— sino algo peor: la percepción de vacío. Y en política moderna, la percepción vale más que la matemática. Puedes juntar miles de personas y aun así parecer débil si la narrativa pública decide que esperaban más. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Comenzó a circular la idea del acarreo, de la presión territorial, de la movilización artificial. Nada nuevo bajo el sol político mexicano. El problema específico es que Chihuahua no reacciona igual que otros estados frente a esas cosas.
Hay entidades donde el acarreo ya forma parte del paisaje cotidiano, casi como el tráfico o el calor. Chihuahua históricamente se presume distinto. Más incómodo con el poder. Más frontal. Más rebelde. Más empresarial. Más bravo. Más norteño en el sentido político del término: una identidad construida sobre la desconfianza al centro, sobre la memoria de pleitos viejos, sobre el orgullo de haber tenido que resolver las cosas sin que nadie de la gran Tenochtitlán viniera a ayudar.
Morena cometió un error que no es de estrategia sino de lectura cultural. Y esos son los peores errores porque los más difíciles de corregir.
Cada vez que el centro intenta decirle al norte cómo debe sentirse, ocurre algo predecible: el norte decide sentir exactamente lo contrario.
En lugar de instalar la imagen de una gobernadora aislada y débil, le ayudaron a construir el personaje que más le conviene: la gobernadora que se pelea con el centro y no se rinde. La mujer que no se deja. La norteña que le dice no a la Ciudad de México. Ese personaje, en Chihuahua, tiene historia. Tiene resonancia. Tiene mercado electoral y es comúnmente apoyado y aplaudido.
Los errores y arrebatos internos
Y mientras todo eso ocurría afuera, adentro de Morena empezaron los jaloneos que siempre siguen a los eventos que salen mal. Porque cuando algo falla, en cualquier partido político del mundo, todos buscan culpables más rápido que soluciones. Es una ley tan constante como la gravedad.
Aparecieron las versiones de tensión entre Andrea Chávez y la presidenta nacional de Morena, la también chihuahuense Ariadna Montiel. Las acusaciones cruzadas sobre quién movilizó menos, quién prometió más gente, quién operó mal, quién llegó tarde, quién dejó solos a quiénes. La política mexicana es un teatro fascinante: pueden hablar horas sobre transformación histórica, revolución moral y pueblo noble, pero al final terminan peleándose por quién llenó menos camiones.
La acusada de acarreo, Andrea Chávez, ya vive una situación particularmente compleja. Tiene reflectores nacionales. Conecta con sectores jóvenes. Domina las redes sociales con naturalidad, algo que pocos políticos mexicanos han logrado. Tiene narrativa, tiene presencia, tiene la capacidad de convertir un momento en tendencia.
Pero dentro de Morena muchos la ven más como fenómeno mediático frágil que como estructura territorial real. Y esa distinción importa muchísimo cuando se aproxima una elección tan importante. Andrea viene arropada desde el Senado, específicamente de Adán Augusto Hernández y el exgobernador Javier Corral, algo que en Chihuahua no gusta nada.
En el norte, nadie gana con retuits. Se gana con estrategia en calle, con operadores, con gente que conoce cada colonia por su nombre.
Porque mientras todos se distraían peleando por la narrativa de la marcha, otro nombre comenzó a crecer de manera silenciosa y sostenida: Cruz Pérez Cuéllar. Con menos estridencia, con menos clips virales, pero con algo que en política tiene más peso específico que cualquier tendencia viral: estructura real, operación probada, conocimiento granular del territorio y —quizá lo más importante— la capacidad de hablarle a un electorado fronterizo y rural sin sonar como alguien enviado desde Insurgentes Sur a explicarle cómo vivir.
Ese perfil es la verdadera preocupación interna de Morena en Chihuahua (ganaría por más de 10 puntos según casi todas las encuestas) Y si Cruz termina siendo el candidato natural, muchas piezas del morenismo local quedarán desplazadas. Y cuando eso ocurre, las guerras internas no son posibilidad: son certeza.
Donde Andrea construye audiencia, Cruz construye mapa. Uno es el político que la gente comparte; el otro es el político que la gente lleva a votar. En una elección normal, ambos sirven. En Chihuahua, en 2027, solo uno de esos perfiles gana y eso lo sabe la presidenta.
La nueva adelita del PAN
Mientras tanto, Maru Campos ha tomado una decisión que sus adversarios siguen sin comprender del todo: polarizar deliberadamente. Elegir el conflicto como terreno. Pelearse con el centro no como accidente sino como cálculo y todo esto, en entrevistas realizadas en la misma CDMX.
Muchos analistas y operadores de Morena creen que enfrentarse abiertamente con Claudia Sheinbaum es suicida políticamente. Y en la mayoría de los estados probablemente tendrían razón. Pero Chihuahua no es la mayoría de los estados.
Chihuahua tiene memoria política larga. Tiene identidad fronteriza que no es folklore sino convicción. Tiene una relación históricamente complicada con el centralismo que viene de muy atrás, mucho antes de que existiera Morena o el PAN. Ahí el conflicto con el centro no erosiona necesariamente: a veces consolida. A veces convierte a una gobernadora en símbolo de resistencia regional. Y los símbolos de resistencia regional ganan elecciones en territorios que sienten que el centro los ignora o los utiliza.
Maru entendió algo que sus adversarios no: esta elección no se ganará con estadísticas de obras públicas ni con programas sociales bien presentados en PowerPoint. Se ganará emocionalmente. Se ganará en el terreno de la identidad. Se ganará en la pregunta que los chihuahuenses se hacen antes de entrar a la urna: ¿quién me representa? ¿Quién habla como yo? ¿Quién tiene claro que no somos una extensión de la Ciudad de México?
En México no gana quien tiene razón. Gana quien logra que ya nadie recuerde cuál era la pregunta original.
Aquí está entonces la paradoja que hace tan extraordinario este momento político.
Morena quiso usar Chihuahua para hacer olvidar a Sinaloa. Quiso mover la conversación nacional de Rocha a Maru. Quiso transformar un pantano en una oportunidad de narrativa soberanista. Y al intentarlo, hizo exactamente lo que no debía hacer: le dio a su adversaria el escenario que más le favorece, el villano que más necesitaba y el conflicto que mejor activa a su electorado.
Rocha es el expediente que nadie quiere defender demasiado fuerte porque defenderlo ya es perder algo.
Maru es el conflicto que todos quieren amplificar porque en Chihuahua el conflicto con el centro es capital político.
Uno se hunde en el silencio cómplice de quienes debían cuidarlo.
La otra flota sobre el ruido que sus adversarios generan sin querer.
Y en medio de todo esto, los chihuahuenses observan algo que ya empieza a parecer costumbre nacional: políticos peleándose furiosamente por controlar una narrativa mientras el resto del país intenta descifrar dónde termina la estrategia y dónde empieza la verdad. Si es que esa frontera todavía existe.
Morena quería apagar el incendio de Sinaloa con agua de Chihuahua. Lo que no vio es que Chihuahua ya tenía su propio fuego. Y ese fuego, avivado desde afuera, se vuelve más difícil de controlar.
Al final, la política mexicana contemporánea opera bajo una lógica que ya no tiene que ver con programas, propuestas ni verdades verificables. Tiene que ver con quién controla el momento. Con quién logra que la conversación cambie antes de que el incendio llegue a su puerta. Con quién convierte su problema en el problema del otro.
Rocha aprendió tarde que no alcanzó a hacer ese movimiento.
Maru parece haberlo aprendido a tiempo.
Y Morena, que tanto ha hablado de transformación, sigue repitiendo el error más viejo de la política mexicana: creer que el poder que se tiene hoy garantiza el poder que se necesitará mañana.
No garantiza nada. Nunca lo ha hecho.
La cantina sigue abierta. Rocha ya no aparece en la conversación (y le esperan sus peores días). Maru sigue en ella, más fortalecida de lo que imaginó. Y Morena, que quiso cambiar el canal, terminó transmitiendo exactamente lo que no quería.

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