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No son confiables 3 mil custodios para prisiones estatales

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La seguridad de las cárceles estatales en México está a cargo de casi 30 mil custodios, entre mandos y guardias. En promedio, hay un custodio para cuidar a ocho internos, lo que está dentro (apenas) de los estándares internacionales. El problema es que más de tres mil de esos guardias, incluidos 200 mandos, no son confiables.

Datos oficiales revelan que a nivel nacional, por lo menos uno de cada 10 elementos de seguridad asignados a los centros penitenciarios estatales, incluyendo a los propios mandos, no deberían estar ahí, pues no superaron las pruebas obligatorias para establecer si son aptos y confiables para desempeñar su trabajo.

Hay estados donde la realidad es aún más dramática. En Nuevo León por ejemplo, donde se encuentra el penal estatal de Topo Chico que el pasado 11 de febrero registró una riña que dejó 49 muertos, casi la cuarta parte de los custodios no son confiables. En Veracruz más de la mitad del personal está reprobado.

En total, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionadas a Animal Político por la organización Causa en Común, hay 29 mil 534 elementos de seguridad en activo en los reclusorios de los estados.

De todos ellos, tres mil 155 reprobaron el proceso de evaluación de control de confianza, lo que representa un 11% del estado de fuerza total.

En el universo del personal hay mil 820 efectivos que son mandos de distinto nivel, de los cuales poco más de 200 no son confiables. En tanto, de los 27 mil 700 custodios operativos, tres mil 155 están reprobados. En ambos casos es una proporción del 11% de los servidores públicos en funciones.

Las deficiencias en los esquemas de seguridad de las cárceles, son un común denominador en incidentes graves como el ocurrido en Topo Chico o en la muerte de 44 reos en la cárcel de Apodaca en 2012, y en donde fueron cómplices custodios, jefes de seguridad y directores.

En el país están en funcionamiento 285 centros penitenciarios estatales que albergan a poco más de 223 mil personas recluidas, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguridad.

Cárceles en mayor riesgo

En Veracruz, la mayoría del personal de seguridad asignado a los reclusorios estatales, no es confiable. Es la única entidad en el país en donde son mayoría los elementos de prevención y readaptación social reprobados que los aprobados. El 57% de los más de 700 efectivos en funcionales no superaron los exámenes

Además, la entidad que gobierna Javier Duarte ocupa el segundo sitio en mandos de cárceles reprobados con 48%.

Cabe señalar que en Veracruz hay 17 Centros de Reinserción Social cuya seguridad depende del estado, En dichas cárceles hay casi siete mil internos que representan una sobrepoblación superior al 8%.

Tabasco es la segunda entidad con la mayor proporción de custodios de las cárceles reprobados, con aproximadamente el 40%. En dicha entidad hay seis penales estatales, siendo la de mayor tamaño el centro de Reinserción Social de Tabasco, que tiene una sobrepoblación que supera el 65%.

Otro foco rojo es Zacatecas en donde el 38% de los custodios de las prisiones fueron calificados como no aptos. Incluso, la entidad cuenta con el mayor porcentaje de mandos reprobados. De sus 15 jefes de seguridad en reclusorios, ocho no superaron las evaluaciones, que representan el 53%.

En Zacatecas existen 16 centros penitenciarios responsabilidad del estado que albergan a cerca de dos mil reos.

En Sinaloa el 36% de los custodios de las prisiones y el 38% de sus jefes no son en teoría confiables. El estado cuenta con cuatro penales estatales con cerca de siete mil internos de los cuales, más de mil 300 son del orden federal, principalmente vinculados con el crimen organizado. La sobrepoblación carcelaria en la entidad es de casi 7%.

En Baja California Sur, donde hay cinco prisiones estatales con más de 14 mil reos, 124 de los 400 custodios y mandos en las cárceles tampoco son confiables, lo que equivale a casi la tercera parte de todo el equipo de seguridad.

Vanguardia

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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