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¿Qué debemos esperar del caso Ixtapaluca? Por Aquiles Córdova Morán

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La contienda por la presidencia municipal de Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes y poblados del oriente del Estado de México, donde la abogada Maricela Serrano Hernández, destacada antorchista mexiquense y diputada al H. Congreso de la Unión, representó a la alianza PRI-PVEM, rebasó con mucho los peores temores sobre guerra sucia, deslealtades y traiciones de la vieja militancia priista y en materia de zancadillas y maniobras como la compra masiva del voto y la coacción del mismo mediante amenazas de muerte, violencia física y agresiones al patrimonio de los seguidores de la candidata. A ello hay que sumarle el intenso activismo para inducir el voto “cruzado”, es decir, sufragar por el candidato presidencial del PRI pero no por Maricela, sino por el abanderado del PAN para la alcaldía. La basura excrementicia contra Maricela se salió completamente de madre; rebasó con mucho los límites de una campaña dura, agresiva y sin concesiones, pero campaña política al fin, para convertirse en una típica guerra de mafias, ésa que no se detiene ante ninguna injuria por baja, soez y degradante que sea, ya que su propósito no es discutir tesis o proyectos políticos sino abrir camino a la agresión física y al asesinato del oponente en caso necesario. La virulencia brutal de ese lenguaje, busca siempre dejar claro hasta dónde está dispuesto a llegar quien se escuda tras ese tipo de libelos infames. Las calles y muros de Ixtapaluca fueron literalmente tapizados con papeluchos inmundos en los que lo menos que se decía de Maricela era: “asesina”, “invasora”, “corrupta”, “ladrona”, “lacra” y otras elegancias del lenguaje gansteril por el estilo.

Pero no bastó con eso. Se le hicieron llegar, por su teléfono móvil, amenazas “anónimas” contra su vida y la de sus hijos, de los cuales se añadían nombres y ubicación para probar que la amenaza iba en serio; se colocaron coronas fúnebres a las puertas de su domicilio y del de sus principales aliados; les robaron sus vehículos a varios de ellos; les propinaron severas golpizas a varios jóvenes de su equipo de promotores y se llegó al extremo de intentar sabotear el autobús de un grupo de danza que apoyaba la campaña, buscando provocar un accidente mortal en carretera. Menudearon los “spots” injuriosos en la televisión local y se subieron a las redes sociales videos que resumían todos los epítetos, injurias, difamaciones y calumnias previamente difundidas por los oponentes, a los que se agregaron otros que forman parte del arsenal permanente de ciertos medios contra el Movimiento Antorchista, llamando a la gente a no votar por la candidata del PRI-PVEM. Pero, al final del día, pasando por encima del lodo y del excremento, remontando calumnias, injurias e imputaciones falsas, derrotando la masiva compra de votos y el miedo justificado de muchos de sus seguidores más comprometidos, Maricela Serrano ganó la elección. Es verdad que por un margen de poco menos de mil votos, pero, si se tienen en mente todo lo que hubo de enfrentar y vencer, la casi absoluta falta de apoyos institucionales, la parcialidad evidente de los medios en su contra, las intimidaciones, etc., no hay duda de que esta victoria es una verdadera hazaña política, una gesta heroica de Maricela, sus aliados y simpatizantes, su equipo de campaña y el verdadero pueblo de Ixtapaluca, ése que se negó a vender su conciencia y su voto por treinta monedas; una lección de reciedumbre moral, valor personal y verdadera educación democrática que debe ser conocida y reconocida por el país entero, comenzando por las autoridades electorales y políticas del Estado de México.

Pero, como anticipaba con toda certeza la ferocidad gangsteril de su campaña, la mafia de Ixtapaluca y sus poderosos padrinos no aceptan el veredicto de las urnas, a pesar de que las actas con los resultados de la elección fueron firmadas por los representantes de todos los partidos políticos participantes, incluido el del PAN, bajo cuya siglas se cobijó la mafia arriba mencionada, y de que hubo un recuento voto por voto y casilla por casilla, con resultados igualmente desfavorables para ellos. No obstante, y apoyándose en lo exiguo de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procedieron de inmediato a impugnar la elección; sin embargo, sabedores de que ese argumento no tiene peso legal alguno (y menos para anular el proceso), pues, como todo mundo sabe, en democracia se gana o se pierde por un solo voto de diferencia, sus abogados armaron un mamotreto “jurídico” cuyo pilar central es un resumen de la basura que la mafia misma lanzó durante la campaña, enriqueciéndolo con algunos de los tópicos más sobados que desde hace rato manejan ciertos medios en contra del Antorchismo Nacional, alegato que apuntalan con la cita puntual del medio y la fecha en que se publicó el infundio. Como esto tampoco hace prueba plena de nada, los señores se sacan de la manga el caso de una persona que, siendo policía municipal en activo, fungió, según ellos, como representante general de la coalición PRI-PVEM, y eso, concluyen, sí es causa de nulidad. Pero resulta que la persona señalada no desempeñó ningún cargo en el proceso, lo que se demuestra con el hecho de que su firma no aparece en ninguno documento oficial; estaba de permiso, además, con antelación a la fecha de la elección y el recibo de nómina, que aportan como prueba, es un documento privado que les fue filtrado ilegalmente, es decir, que cometen delito tanto quienes lo esgrimen como quien se los filtró, lo que prueba, de paso, el contubernio entre la mafia y las autoridades municipales de Ixtapaluca.

La litis está en el Tribunal Electoral del Estado de México y, en esta fase al menos, de él depende que se reconozca la hazaña electoral de Maricela y se respete la voluntad de los ixtapaluquenses. Pero todo el accionar de la mafia aquí brevemente descrito, más el sospechoso comportamiento de algún notario público que certificó hechos que no le pudieron haber constado, más la filtración del recibo de nómina de la supuesta representante general, hablan muy claro de que, detrás del grupo de Ixtapaluca, hay intereses más poderosos que se oponen a que Maricela asuma la presidencia municipal. Y todos sabemos que, en casos como éste, influyentismo mata derecho, por obvio y transparente que sea. Resulta, por tanto, indispensable que el señor gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, garantice la plena aplicación del derecho electoral y el respeto a la voluntad de Ixtapaluca emitida en las urnas. Y más aún: si Maricela gana el juicio, como debe ocurrir si no se tuerce la ley (y ante la sola probabilidad de que eso ocurra), es de temerse que su vida y su seguridad personal corran mayor riesgo que hasta hoy. Así lo sugiere la sangrienta aventura de la famosa “Loba” de Chimalhuacán, hecho que en numerosas oportunidades ha sido mencionado por la mafia de Ixtapaluca, vaticinando que algo similar “puede ocurrir” allí. El Antorchismo Nacional juzga prudente y necesario alertar desde ahora al gobierno del estado y a la opinión pública, cumpliendo el deber de intentar conjurar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Ojalá que nuestra advertencia no sea menospreciada, como ha ocurrido en varias otras ocasiones.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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