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Opinión

¿Qué debemos esperar del caso Ixtapaluca? Por Aquiles Córdova Morán

La contienda por la presidencia municipal de Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes y poblados del oriente del Estado de México, donde la abogada Maricela Serrano Hernández, destacada antorchista mexiquense y diputada al H. Congreso de la Unión, representó a la alianza PRI-PVEM, rebasó con mucho los peores temores sobre guerra sucia, deslealtades y traiciones de la vieja militancia priista y en materia de zancadillas y maniobras como la compra masiva del voto y la coacción del mismo mediante amenazas de muerte, violencia física y agresiones al patrimonio de los seguidores de la candidata. A ello hay que sumarle el intenso activismo para inducir el voto “cruzado”, es decir, sufragar por el candidato presidencial del PRI pero no por Maricela, sino por el abanderado del PAN para la alcaldía. La basura excrementicia contra Maricela se salió completamente de madre; rebasó con mucho los límites de una campaña dura, agresiva y sin concesiones, pero campaña política al fin, para convertirse en una típica guerra de mafias, ésa que no se detiene ante ninguna injuria por baja, soez y degradante que sea, ya que su propósito no es discutir tesis o proyectos políticos sino abrir camino a la agresión física y al asesinato del oponente en caso necesario. La virulencia brutal de ese lenguaje, busca siempre dejar claro hasta dónde está dispuesto a llegar quien se escuda tras ese tipo de libelos infames. Las calles y muros de Ixtapaluca fueron literalmente tapizados con papeluchos inmundos en los que lo menos que se decía de Maricela era: “asesina”, “invasora”, “corrupta”, “ladrona”, “lacra” y otras elegancias del lenguaje gansteril por el estilo.

Pero no bastó con eso. Se le hicieron llegar, por su teléfono móvil, amenazas “anónimas” contra su vida y la de sus hijos, de los cuales se añadían nombres y ubicación para probar que la amenaza iba en serio; se colocaron coronas fúnebres a las puertas de su domicilio y del de sus principales aliados; les robaron sus vehículos a varios de ellos; les propinaron severas golpizas a varios jóvenes de su equipo de promotores y se llegó al extremo de intentar sabotear el autobús de un grupo de danza que apoyaba la campaña, buscando provocar un accidente mortal en carretera. Menudearon los “spots” injuriosos en la televisión local y se subieron a las redes sociales videos que resumían todos los epítetos, injurias, difamaciones y calumnias previamente difundidas por los oponentes, a los que se agregaron otros que forman parte del arsenal permanente de ciertos medios contra el Movimiento Antorchista, llamando a la gente a no votar por la candidata del PRI-PVEM. Pero, al final del día, pasando por encima del lodo y del excremento, remontando calumnias, injurias e imputaciones falsas, derrotando la masiva compra de votos y el miedo justificado de muchos de sus seguidores más comprometidos, Maricela Serrano ganó la elección. Es verdad que por un margen de poco menos de mil votos, pero, si se tienen en mente todo lo que hubo de enfrentar y vencer, la casi absoluta falta de apoyos institucionales, la parcialidad evidente de los medios en su contra, las intimidaciones, etc., no hay duda de que esta victoria es una verdadera hazaña política, una gesta heroica de Maricela, sus aliados y simpatizantes, su equipo de campaña y el verdadero pueblo de Ixtapaluca, ése que se negó a vender su conciencia y su voto por treinta monedas; una lección de reciedumbre moral, valor personal y verdadera educación democrática que debe ser conocida y reconocida por el país entero, comenzando por las autoridades electorales y políticas del Estado de México.

Pero, como anticipaba con toda certeza la ferocidad gangsteril de su campaña, la mafia de Ixtapaluca y sus poderosos padrinos no aceptan el veredicto de las urnas, a pesar de que las actas con los resultados de la elección fueron firmadas por los representantes de todos los partidos políticos participantes, incluido el del PAN, bajo cuya siglas se cobijó la mafia arriba mencionada, y de que hubo un recuento voto por voto y casilla por casilla, con resultados igualmente desfavorables para ellos. No obstante, y apoyándose en lo exiguo de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procedieron de inmediato a impugnar la elección; sin embargo, sabedores de que ese argumento no tiene peso legal alguno (y menos para anular el proceso), pues, como todo mundo sabe, en democracia se gana o se pierde por un solo voto de diferencia, sus abogados armaron un mamotreto “jurídico” cuyo pilar central es un resumen de la basura que la mafia misma lanzó durante la campaña, enriqueciéndolo con algunos de los tópicos más sobados que desde hace rato manejan ciertos medios en contra del Antorchismo Nacional, alegato que apuntalan con la cita puntual del medio y la fecha en que se publicó el infundio. Como esto tampoco hace prueba plena de nada, los señores se sacan de la manga el caso de una persona que, siendo policía municipal en activo, fungió, según ellos, como representante general de la coalición PRI-PVEM, y eso, concluyen, sí es causa de nulidad. Pero resulta que la persona señalada no desempeñó ningún cargo en el proceso, lo que se demuestra con el hecho de que su firma no aparece en ninguno documento oficial; estaba de permiso, además, con antelación a la fecha de la elección y el recibo de nómina, que aportan como prueba, es un documento privado que les fue filtrado ilegalmente, es decir, que cometen delito tanto quienes lo esgrimen como quien se los filtró, lo que prueba, de paso, el contubernio entre la mafia y las autoridades municipales de Ixtapaluca.

La litis está en el Tribunal Electoral del Estado de México y, en esta fase al menos, de él depende que se reconozca la hazaña electoral de Maricela y se respete la voluntad de los ixtapaluquenses. Pero todo el accionar de la mafia aquí brevemente descrito, más el sospechoso comportamiento de algún notario público que certificó hechos que no le pudieron haber constado, más la filtración del recibo de nómina de la supuesta representante general, hablan muy claro de que, detrás del grupo de Ixtapaluca, hay intereses más poderosos que se oponen a que Maricela asuma la presidencia municipal. Y todos sabemos que, en casos como éste, influyentismo mata derecho, por obvio y transparente que sea. Resulta, por tanto, indispensable que el señor gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, garantice la plena aplicación del derecho electoral y el respeto a la voluntad de Ixtapaluca emitida en las urnas. Y más aún: si Maricela gana el juicio, como debe ocurrir si no se tuerce la ley (y ante la sola probabilidad de que eso ocurra), es de temerse que su vida y su seguridad personal corran mayor riesgo que hasta hoy. Así lo sugiere la sangrienta aventura de la famosa “Loba” de Chimalhuacán, hecho que en numerosas oportunidades ha sido mencionado por la mafia de Ixtapaluca, vaticinando que algo similar “puede ocurrir” allí. El Antorchismo Nacional juzga prudente y necesario alertar desde ahora al gobierno del estado y a la opinión pública, cumpliendo el deber de intentar conjurar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Ojalá que nuestra advertencia no sea menospreciada, como ha ocurrido en varias otras ocasiones.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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