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Opinión

¿Qué debemos esperar del caso Ixtapaluca? Por Aquiles Córdova Morán

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La contienda por la presidencia municipal de Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes y poblados del oriente del Estado de México, donde la abogada Maricela Serrano Hernández, destacada antorchista mexiquense y diputada al H. Congreso de la Unión, representó a la alianza PRI-PVEM, rebasó con mucho los peores temores sobre guerra sucia, deslealtades y traiciones de la vieja militancia priista y en materia de zancadillas y maniobras como la compra masiva del voto y la coacción del mismo mediante amenazas de muerte, violencia física y agresiones al patrimonio de los seguidores de la candidata. A ello hay que sumarle el intenso activismo para inducir el voto “cruzado”, es decir, sufragar por el candidato presidencial del PRI pero no por Maricela, sino por el abanderado del PAN para la alcaldía. La basura excrementicia contra Maricela se salió completamente de madre; rebasó con mucho los límites de una campaña dura, agresiva y sin concesiones, pero campaña política al fin, para convertirse en una típica guerra de mafias, ésa que no se detiene ante ninguna injuria por baja, soez y degradante que sea, ya que su propósito no es discutir tesis o proyectos políticos sino abrir camino a la agresión física y al asesinato del oponente en caso necesario. La virulencia brutal de ese lenguaje, busca siempre dejar claro hasta dónde está dispuesto a llegar quien se escuda tras ese tipo de libelos infames. Las calles y muros de Ixtapaluca fueron literalmente tapizados con papeluchos inmundos en los que lo menos que se decía de Maricela era: “asesina”, “invasora”, “corrupta”, “ladrona”, “lacra” y otras elegancias del lenguaje gansteril por el estilo.

Pero no bastó con eso. Se le hicieron llegar, por su teléfono móvil, amenazas “anónimas” contra su vida y la de sus hijos, de los cuales se añadían nombres y ubicación para probar que la amenaza iba en serio; se colocaron coronas fúnebres a las puertas de su domicilio y del de sus principales aliados; les robaron sus vehículos a varios de ellos; les propinaron severas golpizas a varios jóvenes de su equipo de promotores y se llegó al extremo de intentar sabotear el autobús de un grupo de danza que apoyaba la campaña, buscando provocar un accidente mortal en carretera. Menudearon los “spots” injuriosos en la televisión local y se subieron a las redes sociales videos que resumían todos los epítetos, injurias, difamaciones y calumnias previamente difundidas por los oponentes, a los que se agregaron otros que forman parte del arsenal permanente de ciertos medios contra el Movimiento Antorchista, llamando a la gente a no votar por la candidata del PRI-PVEM. Pero, al final del día, pasando por encima del lodo y del excremento, remontando calumnias, injurias e imputaciones falsas, derrotando la masiva compra de votos y el miedo justificado de muchos de sus seguidores más comprometidos, Maricela Serrano ganó la elección. Es verdad que por un margen de poco menos de mil votos, pero, si se tienen en mente todo lo que hubo de enfrentar y vencer, la casi absoluta falta de apoyos institucionales, la parcialidad evidente de los medios en su contra, las intimidaciones, etc., no hay duda de que esta victoria es una verdadera hazaña política, una gesta heroica de Maricela, sus aliados y simpatizantes, su equipo de campaña y el verdadero pueblo de Ixtapaluca, ése que se negó a vender su conciencia y su voto por treinta monedas; una lección de reciedumbre moral, valor personal y verdadera educación democrática que debe ser conocida y reconocida por el país entero, comenzando por las autoridades electorales y políticas del Estado de México.

Pero, como anticipaba con toda certeza la ferocidad gangsteril de su campaña, la mafia de Ixtapaluca y sus poderosos padrinos no aceptan el veredicto de las urnas, a pesar de que las actas con los resultados de la elección fueron firmadas por los representantes de todos los partidos políticos participantes, incluido el del PAN, bajo cuya siglas se cobijó la mafia arriba mencionada, y de que hubo un recuento voto por voto y casilla por casilla, con resultados igualmente desfavorables para ellos. No obstante, y apoyándose en lo exiguo de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procedieron de inmediato a impugnar la elección; sin embargo, sabedores de que ese argumento no tiene peso legal alguno (y menos para anular el proceso), pues, como todo mundo sabe, en democracia se gana o se pierde por un solo voto de diferencia, sus abogados armaron un mamotreto “jurídico” cuyo pilar central es un resumen de la basura que la mafia misma lanzó durante la campaña, enriqueciéndolo con algunos de los tópicos más sobados que desde hace rato manejan ciertos medios en contra del Antorchismo Nacional, alegato que apuntalan con la cita puntual del medio y la fecha en que se publicó el infundio. Como esto tampoco hace prueba plena de nada, los señores se sacan de la manga el caso de una persona que, siendo policía municipal en activo, fungió, según ellos, como representante general de la coalición PRI-PVEM, y eso, concluyen, sí es causa de nulidad. Pero resulta que la persona señalada no desempeñó ningún cargo en el proceso, lo que se demuestra con el hecho de que su firma no aparece en ninguno documento oficial; estaba de permiso, además, con antelación a la fecha de la elección y el recibo de nómina, que aportan como prueba, es un documento privado que les fue filtrado ilegalmente, es decir, que cometen delito tanto quienes lo esgrimen como quien se los filtró, lo que prueba, de paso, el contubernio entre la mafia y las autoridades municipales de Ixtapaluca.

La litis está en el Tribunal Electoral del Estado de México y, en esta fase al menos, de él depende que se reconozca la hazaña electoral de Maricela y se respete la voluntad de los ixtapaluquenses. Pero todo el accionar de la mafia aquí brevemente descrito, más el sospechoso comportamiento de algún notario público que certificó hechos que no le pudieron haber constado, más la filtración del recibo de nómina de la supuesta representante general, hablan muy claro de que, detrás del grupo de Ixtapaluca, hay intereses más poderosos que se oponen a que Maricela asuma la presidencia municipal. Y todos sabemos que, en casos como éste, influyentismo mata derecho, por obvio y transparente que sea. Resulta, por tanto, indispensable que el señor gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, garantice la plena aplicación del derecho electoral y el respeto a la voluntad de Ixtapaluca emitida en las urnas. Y más aún: si Maricela gana el juicio, como debe ocurrir si no se tuerce la ley (y ante la sola probabilidad de que eso ocurra), es de temerse que su vida y su seguridad personal corran mayor riesgo que hasta hoy. Así lo sugiere la sangrienta aventura de la famosa “Loba” de Chimalhuacán, hecho que en numerosas oportunidades ha sido mencionado por la mafia de Ixtapaluca, vaticinando que algo similar “puede ocurrir” allí. El Antorchismo Nacional juzga prudente y necesario alertar desde ahora al gobierno del estado y a la opinión pública, cumpliendo el deber de intentar conjurar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Ojalá que nuestra advertencia no sea menospreciada, como ha ocurrido en varias otras ocasiones.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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