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¿Qué debemos esperar del caso Ixtapaluca? Por Aquiles Córdova Morán

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La contienda por la presidencia municipal de Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes y poblados del oriente del Estado de México, donde la abogada Maricela Serrano Hernández, destacada antorchista mexiquense y diputada al H. Congreso de la Unión, representó a la alianza PRI-PVEM, rebasó con mucho los peores temores sobre guerra sucia, deslealtades y traiciones de la vieja militancia priista y en materia de zancadillas y maniobras como la compra masiva del voto y la coacción del mismo mediante amenazas de muerte, violencia física y agresiones al patrimonio de los seguidores de la candidata. A ello hay que sumarle el intenso activismo para inducir el voto “cruzado”, es decir, sufragar por el candidato presidencial del PRI pero no por Maricela, sino por el abanderado del PAN para la alcaldía. La basura excrementicia contra Maricela se salió completamente de madre; rebasó con mucho los límites de una campaña dura, agresiva y sin concesiones, pero campaña política al fin, para convertirse en una típica guerra de mafias, ésa que no se detiene ante ninguna injuria por baja, soez y degradante que sea, ya que su propósito no es discutir tesis o proyectos políticos sino abrir camino a la agresión física y al asesinato del oponente en caso necesario. La virulencia brutal de ese lenguaje, busca siempre dejar claro hasta dónde está dispuesto a llegar quien se escuda tras ese tipo de libelos infames. Las calles y muros de Ixtapaluca fueron literalmente tapizados con papeluchos inmundos en los que lo menos que se decía de Maricela era: “asesina”, “invasora”, “corrupta”, “ladrona”, “lacra” y otras elegancias del lenguaje gansteril por el estilo.

Pero no bastó con eso. Se le hicieron llegar, por su teléfono móvil, amenazas “anónimas” contra su vida y la de sus hijos, de los cuales se añadían nombres y ubicación para probar que la amenaza iba en serio; se colocaron coronas fúnebres a las puertas de su domicilio y del de sus principales aliados; les robaron sus vehículos a varios de ellos; les propinaron severas golpizas a varios jóvenes de su equipo de promotores y se llegó al extremo de intentar sabotear el autobús de un grupo de danza que apoyaba la campaña, buscando provocar un accidente mortal en carretera. Menudearon los “spots” injuriosos en la televisión local y se subieron a las redes sociales videos que resumían todos los epítetos, injurias, difamaciones y calumnias previamente difundidas por los oponentes, a los que se agregaron otros que forman parte del arsenal permanente de ciertos medios contra el Movimiento Antorchista, llamando a la gente a no votar por la candidata del PRI-PVEM. Pero, al final del día, pasando por encima del lodo y del excremento, remontando calumnias, injurias e imputaciones falsas, derrotando la masiva compra de votos y el miedo justificado de muchos de sus seguidores más comprometidos, Maricela Serrano ganó la elección. Es verdad que por un margen de poco menos de mil votos, pero, si se tienen en mente todo lo que hubo de enfrentar y vencer, la casi absoluta falta de apoyos institucionales, la parcialidad evidente de los medios en su contra, las intimidaciones, etc., no hay duda de que esta victoria es una verdadera hazaña política, una gesta heroica de Maricela, sus aliados y simpatizantes, su equipo de campaña y el verdadero pueblo de Ixtapaluca, ése que se negó a vender su conciencia y su voto por treinta monedas; una lección de reciedumbre moral, valor personal y verdadera educación democrática que debe ser conocida y reconocida por el país entero, comenzando por las autoridades electorales y políticas del Estado de México.

Pero, como anticipaba con toda certeza la ferocidad gangsteril de su campaña, la mafia de Ixtapaluca y sus poderosos padrinos no aceptan el veredicto de las urnas, a pesar de que las actas con los resultados de la elección fueron firmadas por los representantes de todos los partidos políticos participantes, incluido el del PAN, bajo cuya siglas se cobijó la mafia arriba mencionada, y de que hubo un recuento voto por voto y casilla por casilla, con resultados igualmente desfavorables para ellos. No obstante, y apoyándose en lo exiguo de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procedieron de inmediato a impugnar la elección; sin embargo, sabedores de que ese argumento no tiene peso legal alguno (y menos para anular el proceso), pues, como todo mundo sabe, en democracia se gana o se pierde por un solo voto de diferencia, sus abogados armaron un mamotreto “jurídico” cuyo pilar central es un resumen de la basura que la mafia misma lanzó durante la campaña, enriqueciéndolo con algunos de los tópicos más sobados que desde hace rato manejan ciertos medios en contra del Antorchismo Nacional, alegato que apuntalan con la cita puntual del medio y la fecha en que se publicó el infundio. Como esto tampoco hace prueba plena de nada, los señores se sacan de la manga el caso de una persona que, siendo policía municipal en activo, fungió, según ellos, como representante general de la coalición PRI-PVEM, y eso, concluyen, sí es causa de nulidad. Pero resulta que la persona señalada no desempeñó ningún cargo en el proceso, lo que se demuestra con el hecho de que su firma no aparece en ninguno documento oficial; estaba de permiso, además, con antelación a la fecha de la elección y el recibo de nómina, que aportan como prueba, es un documento privado que les fue filtrado ilegalmente, es decir, que cometen delito tanto quienes lo esgrimen como quien se los filtró, lo que prueba, de paso, el contubernio entre la mafia y las autoridades municipales de Ixtapaluca.

La litis está en el Tribunal Electoral del Estado de México y, en esta fase al menos, de él depende que se reconozca la hazaña electoral de Maricela y se respete la voluntad de los ixtapaluquenses. Pero todo el accionar de la mafia aquí brevemente descrito, más el sospechoso comportamiento de algún notario público que certificó hechos que no le pudieron haber constado, más la filtración del recibo de nómina de la supuesta representante general, hablan muy claro de que, detrás del grupo de Ixtapaluca, hay intereses más poderosos que se oponen a que Maricela asuma la presidencia municipal. Y todos sabemos que, en casos como éste, influyentismo mata derecho, por obvio y transparente que sea. Resulta, por tanto, indispensable que el señor gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, garantice la plena aplicación del derecho electoral y el respeto a la voluntad de Ixtapaluca emitida en las urnas. Y más aún: si Maricela gana el juicio, como debe ocurrir si no se tuerce la ley (y ante la sola probabilidad de que eso ocurra), es de temerse que su vida y su seguridad personal corran mayor riesgo que hasta hoy. Así lo sugiere la sangrienta aventura de la famosa “Loba” de Chimalhuacán, hecho que en numerosas oportunidades ha sido mencionado por la mafia de Ixtapaluca, vaticinando que algo similar “puede ocurrir” allí. El Antorchismo Nacional juzga prudente y necesario alertar desde ahora al gobierno del estado y a la opinión pública, cumpliendo el deber de intentar conjurar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Ojalá que nuestra advertencia no sea menospreciada, como ha ocurrido en varias otras ocasiones.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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