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PRI perdería estados clave por gobiernos corruptos e inoperantes: Analistas

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La jornada electoral del próximo 5 de junio de este año no será la más fácil que tendrá el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre todo en estados como Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. En estas entidades, algunas sin alternancia política, las acciones de sus actuales gobernadores son el arma principal que puede jugar en contra el tricolor, advirtieron politólogos.

 

En 2016 habrá 13 elecciones locales de las cuales en 12 se jugará la gubernatura. Casi 27 millones de mexicanos saldrán a las urnas a definir nuevos mandatarios estatales, 547 presidentes municipales y 398 diputados locales. En los casos de Veracruz y Puebla, el candidato a la gubernatura sólo tendrá una gestión de dos años, a modo de homologar los tiempos electorales a la jornada presidencial de 2018.

 

Los analistas consultados por SinEmbargo coincidieron que el PRI podría perder terreno en algunos estados, por falta de gobernancia de sus mandatarios en función o escándalos en torno a la administración local. En conjunto, esto tendría impacto en la elección presidencial de 2018.

 

Actualmente, el Partido Revolucionario Institucional gobierna nueve de los 12 estados en juego: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha sido acusado por organizaciones no gubernamentales y padres de desaparecidos, de ser el responsable de endeudar el estado, además de permitir que la violencia y la impunidad se incrementaran. La entidad es donde han sido asesinados más periodistas desde 2011 hasta julio de 2015, de acuerdo con la organización Artículo 19 que cifra el dato en 14.

El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016 presentado por la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP), ubicó a Veracruz dentro de los diez estados con un muy alto nivel de impunidad, mientras que en Chihuahua, el Gobernador César Duarte Jáquez, es señalado por activistas y políticos de oposición, como Javier Corral Jurado, de subsidiar un banco de su propiedad.

Ante estas acusaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19, en la que se investiga presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio púbico y otros delitos.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública 2014, señaló que el Gobierno de Chihuahua presenta irregularidades la mayoría de programas que reciben subsidios federales.

En el caso de Quintana Roo, en las últimas semanas se han intensificado las denuncias sobre aumento en los casos de feminicidios, recientemente, Gerardo Solís, miembro de la asociación Cancún Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de Derechos Humanos AC en Quintana Roo, aseguró que “desde el Malecón Tajamar hasta el aeropuerto, el Gobierno de Borge ha dado permiso para destrozar las áreas naturales y así dar paso a construcciones que sirvan como atractivo turístico”.

.–Si pierde Veracruz, Tamaulipas o Chihuahua, ¿Cómo queda el PRI? –se le preguntó a Fernández Santillán.

–Igual de apuntalado. En Veracruz es una gubernatura de dos años, si la pierde no pasa nada, aunque cuidado, no digo que pierda Veracruz. Y en Chihuahua, pues se trata de “un estado columpio”, que son entidades donde el electorado se puede mover de un lado o para el otro. Y Tamaulipas nunca ha ganado la oposición, siempre ha sido un estado priísta.

 

Sin Embargo

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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