El candidato que aventaja en el conteo en Chihuahua, el panista, Javier Corral Jurado, aseguró que Chihuahua “será el estado que realmente toque el fondo del sistema de intereses y de complicidades que llevó al enriquecimiento del Gobernador [César Duarte Jáquez], para que se pueda liberarse una orden de aprehensión e inicié el proceso de recuperación de los bienes”, que Duarte habría adquirido con dinero público.
En casi seis años, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Pasó de 12 mil 547 millones de pesos a 41 mil 926 millones [hasta marzo de 2015]. Este endeudamiento, dijo Corral, “es inexplicable y escandaloso”.
Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma dneuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella.
Duarte y su esposa constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en noviembre de 2012, en Banorte, por 65 millones de pesos. En él instruye a Banorte que adquiera acciones en una institución financiera, Banco Progreso Chihuahua, que apenas se va a crear.
Ante la ola de acusaciones que ese acto desató, declaró que ese fideicomiso era un listado de las asociaciones crediticias que respaldarían algún riesgo que Banco Unión Progreso pudiera tener en el futuro, al estar de por medio más de 100 mil ahorradores y más de 3 mil accionistas. Fue un fideicomiso previo a la creación del banco, que hasta ese momento sólo existía en papeles.
Sin embargo, en marzo de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación del banco, donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso (siendo Herrera su Director y representante legal y funcionario).
Así fueron 80 mil millones de pesos de Chihuahua para Unión de Crédito Progreso.
La socia mayoritaria de ese banco es Alma Dalila Martínez Corrujedo, quien es esposa del empresario Olegario Guzmán Ortiz, quien fuera secuestrado en 2011, cuando se había convertido en uno de los empresarios más reconocidos de la entidad por sus negocios de madera.
“Habría que decir que en medio de este triunfo está la exigencia de justicia. Hace 2 años empezó un movimiento muy fuerte para llevar el asunto ante las autoridades”, dijo Corral.
Afirmó que las acciones que emprenderá su Gobierno no solamente serán contra Duarte Jáquez sino también en contra de integrantes de su equipo de trabajo, como el secretario de Finanzas.
La entrevista completa que hizo el periodista Sergio Valles al virtual Gobernador:
La polémica volvió a encenderse en torno al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de que circulara en redes sociales un video en el que se le observa bailando y festejando en un centro nocturno, apenas unos días después de que una corte en Texas desestimara las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En las imágenes, grabadas al interior del bar “Plan B”, se ve al exmandatario estatal moviéndose al ritmo de “En la frontera”, tema del ícono mexicano Juan Gabriel. Acompañado de varias personas —cuya identidad no ha sido confirmada— Duarte aparece brincando y celebrando en un ambiente festivo, sin hacer referencia alguna a su situación legal.
La grabación se viralizó de inmediato, generando reacciones encontradas. Mientras algunos consideran que tiene derecho a celebrar tras su absolución, otros expresaron su indignación, recordando el historial de acusaciones que pesan sobre su gestión como gobernador entre 2010 y 2016.
Fue el pasado 26 de junio cuando el juez Rubén Morales, en una corte estadounidense, determinó que no había pruebas suficientes para sostener las investigaciones en su contra, lo que llevó a la desestimación del caso por parte del FBI y el Departamento del Tesoro. Esta resolución marcó el cierre de una etapa judicial que durante años colocó a Duarte bajo el escrutinio de autoridades federales tanto en México como en Estados Unidos.
Cabe recordar que el ahora exonerado político priista fue señalado por su presunta participación en una red de corrupción que incluyó desvío de recursos públicos, compra de propiedades con dinero ilícito y operaciones financieras irregulares. Las denuncias fueron impulsadas, en su momento, por el entonces gobernador Javier Corral, quien también promovió su proceso de extradición.
A pesar de la resolución favorable en Estados Unidos, Duarte aún enfrenta procesos pendientes en México. En el país se le acusa de peculado y asociación delictuosa, aunque su defensa ha reiterado que todos los señalamientos tienen un trasfondo político y buscan desacreditar su legado.
Por ahora, el video difundido en redes ha reavivado el debate sobre impunidad y justicia, especialmente en una entidad como Chihuahua, donde el combate a la corrupción fue bandera política durante varios años. Mientras tanto, la fecha exacta en la que fue grabado el material permanece sin esclarecerse, lo que añade otra capa de especulación al ya controvertido regreso a la vida pública del exgobernador.