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Opinión

Unión, Fraternidad y Lucha Por Antonio Escamilla Meza

“…el secretario no los quiere apoyar por la discusión de aquella vez cuando los antorchistas le hicieron el reclamo,…además, si se les da, hay que darles de poco en poco porque si les damos mucho después van a querer más;…pero hay que darles aunque sea poco porque los vamos a volver a necesitar…” Tal fue la respuesta que accidentalmente escuché, y que raya en la desfachatez, cuando un funcionario de gobierno en Chihuahua, encargado de dar seguimiento a las peticiones del Movimiento Antorchista, cuestionó a otro funcionario de medio pelo sobre qué respuesta había en torno al acuerdo de construir 7 salones de usos múltiples durante el primer semestre del 2012 en la capital, e implementar un programa alimentario para personas en condiciones de pobreza, tal y como se había acordado en la reunión del 27 de febrero pasado, en el salón Sacramento del palacio de gobierno, estando como garante el mismo secretario general, Licenciado Raymundo Romero, acuerdo que hasta el momento no se ha cumplido.

En realidad a los antorchistas no nos sorprende la respuesta, desde hace mucho tiempo y en todo el país, incluyendo el estado de Chihuahua, tal manera de responder es la regla general con la que operan una buena parte de los “servidores” públicos cuando se trata de las demandas enarboladas por los antorchistas. Sin embargo, no deja de ser tan reveladora que merece ciertos comentarios.

Primero. En verdad, casi ningún funcionario se atreve a contestar así delante de los peticionarios y sus dirigentes. Por lo regular, esgrimen otro tipo de argumentos falsos, tales como: el carácter “irregular” de los predios en donde se pretende realizar tal o cual acción, lo “costoso” de la inversión, la no justificación del costo-beneficio, la falta de suficiencia presupuestal, etc.

Segundo. Para demostrar, según ellos, lo “abusivo” y “exagerado” de las peticiones, le echan en cara a los humildes peticionarios lo siguiente: “es que piden mucho”, “ustedes se quieren llevar todo el presupuesto del gobierno”, “deben de saber que no son los únicos, que ahí están otros grupos y organizaciones que también piden”, etc. Pero en realidad, el “razonamiento” que impera en nuestros sufridos funcionarios públicos es el que se apunta al principio de este escrito.

Tercero. Es evidente, pues, que lo que predomina en el ánimo  de muchos secretarios de estado, y de segundos, terceros o cuartos mandos, es su capricho personal o cuando más de grupo, y de ninguna manera el espíritu justiciero para hacer el bien o para ser un verdadero servidor público.

Cuarto. Consideran de su propiedad lo que en verdad no es suyo sino del pueblo trabajador; porque la riqueza material de la sociedad la producen los trabajadores pues es el trabajo humano la única fuente creadora de valor, tal y como lo demuestran no sólo los grandes teóricos economistas defensores del proletariado, sino los clásicos economistas ingleses defensores de la burguesía, Adam Smith y David Ricardo; pues bien, una buena parte de esa riqueza, se deposita, vía impuestos, en las diferentes oficinas recaudadoras de renta, y son precisamente los trabajadores como grupo social los más grandes contribuyentes en México. Y los antorchistas forman parte del pueblo trabajador. Por tanto, negar la aplicación de los recursos del pueblo en la solución de sus demandas más elementales como agua potable, electrificación, drenajes, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, etc., es, además de inhumano, una injusticia social y prueba de que muchos gobernantes están al servicio de todos menos al servicio de los pobres y marginados.

No obstante, hay autoridades del gobierno que no resuelven ni mucho ni poco, y que cuando los demandantes protestan y alzan la voz colectivamente haciendo uso de sus derechos constitucionales realizando marchas, mítines y plantones, las mismas autoridades, con los mismos recursos del erario, organizan grandes campañas mediáticas con verdaderos mercenarios de la pluma a quienes les importa un bledo los principios éticos del periodismo, para lanzar las más viles calumnias e insultos contra los peticionarios y sus dirigentes con tal de desprestigiarlos, para “justificar” ante la opinión pública la necesidad de usar la fuerza represiva del estado y aun la cárcel contra los “abusivos”, “extorsionadores”, “chantajistas”, y “alborotadores” antorchistas, sin olvidar toda una serie de intimidaciones como despliegues policíacos ante los manifestantes, o allanamiento de morada para golpear y amedrentar a sus habitantes cercanos a los dirigentes y amenazar de muerte a los líderes más representativos del movimiento.

Pero si alguien no cree en lo antes descrito, lo invito a que se entere de lo que pasa en San Luis Potosí, en Sinaloa o en Hidalgo: los gobiernos de aquellos estados, violando la Constitución Política Mexicana, no resuelven modestos pliegos petitorios, cuyo contenido contempla obras, servicios y programas para el beneficio no de los dirigentes antorchistas sino de miles de familias humildes y trabajadoras; esos gobiernos, como si estuvieran cortados por la misma tijera, calumnian a los antorchistas, los amenazan, los insultan y los agreden.

Particularmente, en San Luis Potosí, mientras el gobierno aparentaba llamar a dialogar a la dirigencia antorchista, debido al plantón que desde hace más de un mes sostienen miles de familias pobres frente a las lujosas oficinas del gobernador, 5 hombres armados, a plena luz del día, allanaron un domicilio habitado por estudiantes, para golpearlos, insultarlos y dejar la amenaza de muerte contra el Lic. Lenin Campos Córdova, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinador Regional de los antorchistas de los estados del norte del país y líder de miles de campesinos, obreros, colonos, estudiantes y maestros potosinos.

Por ello el Movimiento Antorchista, por acuerdo de su Dirección Nacional, convocó a todos sus integrantes a estar alertas para que al llamado correspondiente acudamos con entusiasmo y decisión, a dar nuestro apoyo solidario a los compañeros de San Luis Potosí, Sinaloa e Hidalgo. Por lo pronto, una comisión representativa del antorchismo chihuahuense acudirá a la marcha programada el próximo miércoles 15 de agosto en donde 20 mil potosinos exigirán cese a las agresiones y amenazas contra el movimiento y la solución a sus legítimas demandas. El Doctor Toranzo debe saber que el compañero Lenin y los antorchistas potosinos no están solos, sino que forman parte de una gran organización nacional, cuyo lema, “UNIÓN, FRATERNIDAD Y LUCHA”, no es una frase retórica, ni un adorno, sino que es una realidad que se puede tocar con las manos, de la que cada vez habemos más mexicanos agradecidos y ante la que miles de ciudadanos humildes y trabajadores llenan su espíritu de combatividad, fuerza y entusiasmo.

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Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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