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Unión, Fraternidad y Lucha Por Antonio Escamilla Meza

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“…el secretario no los quiere apoyar por la discusión de aquella vez cuando los antorchistas le hicieron el reclamo,…además, si se les da, hay que darles de poco en poco porque si les damos mucho después van a querer más;…pero hay que darles aunque sea poco porque los vamos a volver a necesitar…” Tal fue la respuesta que accidentalmente escuché, y que raya en la desfachatez, cuando un funcionario de gobierno en Chihuahua, encargado de dar seguimiento a las peticiones del Movimiento Antorchista, cuestionó a otro funcionario de medio pelo sobre qué respuesta había en torno al acuerdo de construir 7 salones de usos múltiples durante el primer semestre del 2012 en la capital, e implementar un programa alimentario para personas en condiciones de pobreza, tal y como se había acordado en la reunión del 27 de febrero pasado, en el salón Sacramento del palacio de gobierno, estando como garante el mismo secretario general, Licenciado Raymundo Romero, acuerdo que hasta el momento no se ha cumplido.

En realidad a los antorchistas no nos sorprende la respuesta, desde hace mucho tiempo y en todo el país, incluyendo el estado de Chihuahua, tal manera de responder es la regla general con la que operan una buena parte de los “servidores” públicos cuando se trata de las demandas enarboladas por los antorchistas. Sin embargo, no deja de ser tan reveladora que merece ciertos comentarios.

Primero. En verdad, casi ningún funcionario se atreve a contestar así delante de los peticionarios y sus dirigentes. Por lo regular, esgrimen otro tipo de argumentos falsos, tales como: el carácter “irregular” de los predios en donde se pretende realizar tal o cual acción, lo “costoso” de la inversión, la no justificación del costo-beneficio, la falta de suficiencia presupuestal, etc.

Segundo. Para demostrar, según ellos, lo “abusivo” y “exagerado” de las peticiones, le echan en cara a los humildes peticionarios lo siguiente: “es que piden mucho”, “ustedes se quieren llevar todo el presupuesto del gobierno”, “deben de saber que no son los únicos, que ahí están otros grupos y organizaciones que también piden”, etc. Pero en realidad, el “razonamiento” que impera en nuestros sufridos funcionarios públicos es el que se apunta al principio de este escrito.

Tercero. Es evidente, pues, que lo que predomina en el ánimo  de muchos secretarios de estado, y de segundos, terceros o cuartos mandos, es su capricho personal o cuando más de grupo, y de ninguna manera el espíritu justiciero para hacer el bien o para ser un verdadero servidor público.

Cuarto. Consideran de su propiedad lo que en verdad no es suyo sino del pueblo trabajador; porque la riqueza material de la sociedad la producen los trabajadores pues es el trabajo humano la única fuente creadora de valor, tal y como lo demuestran no sólo los grandes teóricos economistas defensores del proletariado, sino los clásicos economistas ingleses defensores de la burguesía, Adam Smith y David Ricardo; pues bien, una buena parte de esa riqueza, se deposita, vía impuestos, en las diferentes oficinas recaudadoras de renta, y son precisamente los trabajadores como grupo social los más grandes contribuyentes en México. Y los antorchistas forman parte del pueblo trabajador. Por tanto, negar la aplicación de los recursos del pueblo en la solución de sus demandas más elementales como agua potable, electrificación, drenajes, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, etc., es, además de inhumano, una injusticia social y prueba de que muchos gobernantes están al servicio de todos menos al servicio de los pobres y marginados.

No obstante, hay autoridades del gobierno que no resuelven ni mucho ni poco, y que cuando los demandantes protestan y alzan la voz colectivamente haciendo uso de sus derechos constitucionales realizando marchas, mítines y plantones, las mismas autoridades, con los mismos recursos del erario, organizan grandes campañas mediáticas con verdaderos mercenarios de la pluma a quienes les importa un bledo los principios éticos del periodismo, para lanzar las más viles calumnias e insultos contra los peticionarios y sus dirigentes con tal de desprestigiarlos, para “justificar” ante la opinión pública la necesidad de usar la fuerza represiva del estado y aun la cárcel contra los “abusivos”, “extorsionadores”, “chantajistas”, y “alborotadores” antorchistas, sin olvidar toda una serie de intimidaciones como despliegues policíacos ante los manifestantes, o allanamiento de morada para golpear y amedrentar a sus habitantes cercanos a los dirigentes y amenazar de muerte a los líderes más representativos del movimiento.

Pero si alguien no cree en lo antes descrito, lo invito a que se entere de lo que pasa en San Luis Potosí, en Sinaloa o en Hidalgo: los gobiernos de aquellos estados, violando la Constitución Política Mexicana, no resuelven modestos pliegos petitorios, cuyo contenido contempla obras, servicios y programas para el beneficio no de los dirigentes antorchistas sino de miles de familias humildes y trabajadoras; esos gobiernos, como si estuvieran cortados por la misma tijera, calumnian a los antorchistas, los amenazan, los insultan y los agreden.

Particularmente, en San Luis Potosí, mientras el gobierno aparentaba llamar a dialogar a la dirigencia antorchista, debido al plantón que desde hace más de un mes sostienen miles de familias pobres frente a las lujosas oficinas del gobernador, 5 hombres armados, a plena luz del día, allanaron un domicilio habitado por estudiantes, para golpearlos, insultarlos y dejar la amenaza de muerte contra el Lic. Lenin Campos Córdova, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinador Regional de los antorchistas de los estados del norte del país y líder de miles de campesinos, obreros, colonos, estudiantes y maestros potosinos.

Por ello el Movimiento Antorchista, por acuerdo de su Dirección Nacional, convocó a todos sus integrantes a estar alertas para que al llamado correspondiente acudamos con entusiasmo y decisión, a dar nuestro apoyo solidario a los compañeros de San Luis Potosí, Sinaloa e Hidalgo. Por lo pronto, una comisión representativa del antorchismo chihuahuense acudirá a la marcha programada el próximo miércoles 15 de agosto en donde 20 mil potosinos exigirán cese a las agresiones y amenazas contra el movimiento y la solución a sus legítimas demandas. El Doctor Toranzo debe saber que el compañero Lenin y los antorchistas potosinos no están solos, sino que forman parte de una gran organización nacional, cuyo lema, “UNIÓN, FRATERNIDAD Y LUCHA”, no es una frase retórica, ni un adorno, sino que es una realidad que se puede tocar con las manos, de la que cada vez habemos más mexicanos agradecidos y ante la que miles de ciudadanos humildes y trabajadores llenan su espíritu de combatividad, fuerza y entusiasmo.

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El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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