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Unión, Fraternidad y Lucha Por Antonio Escamilla Meza

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“…el secretario no los quiere apoyar por la discusión de aquella vez cuando los antorchistas le hicieron el reclamo,…además, si se les da, hay que darles de poco en poco porque si les damos mucho después van a querer más;…pero hay que darles aunque sea poco porque los vamos a volver a necesitar…” Tal fue la respuesta que accidentalmente escuché, y que raya en la desfachatez, cuando un funcionario de gobierno en Chihuahua, encargado de dar seguimiento a las peticiones del Movimiento Antorchista, cuestionó a otro funcionario de medio pelo sobre qué respuesta había en torno al acuerdo de construir 7 salones de usos múltiples durante el primer semestre del 2012 en la capital, e implementar un programa alimentario para personas en condiciones de pobreza, tal y como se había acordado en la reunión del 27 de febrero pasado, en el salón Sacramento del palacio de gobierno, estando como garante el mismo secretario general, Licenciado Raymundo Romero, acuerdo que hasta el momento no se ha cumplido.

En realidad a los antorchistas no nos sorprende la respuesta, desde hace mucho tiempo y en todo el país, incluyendo el estado de Chihuahua, tal manera de responder es la regla general con la que operan una buena parte de los “servidores” públicos cuando se trata de las demandas enarboladas por los antorchistas. Sin embargo, no deja de ser tan reveladora que merece ciertos comentarios.

Primero. En verdad, casi ningún funcionario se atreve a contestar así delante de los peticionarios y sus dirigentes. Por lo regular, esgrimen otro tipo de argumentos falsos, tales como: el carácter “irregular” de los predios en donde se pretende realizar tal o cual acción, lo “costoso” de la inversión, la no justificación del costo-beneficio, la falta de suficiencia presupuestal, etc.

Segundo. Para demostrar, según ellos, lo “abusivo” y “exagerado” de las peticiones, le echan en cara a los humildes peticionarios lo siguiente: “es que piden mucho”, “ustedes se quieren llevar todo el presupuesto del gobierno”, “deben de saber que no son los únicos, que ahí están otros grupos y organizaciones que también piden”, etc. Pero en realidad, el “razonamiento” que impera en nuestros sufridos funcionarios públicos es el que se apunta al principio de este escrito.

Tercero. Es evidente, pues, que lo que predomina en el ánimo  de muchos secretarios de estado, y de segundos, terceros o cuartos mandos, es su capricho personal o cuando más de grupo, y de ninguna manera el espíritu justiciero para hacer el bien o para ser un verdadero servidor público.

Cuarto. Consideran de su propiedad lo que en verdad no es suyo sino del pueblo trabajador; porque la riqueza material de la sociedad la producen los trabajadores pues es el trabajo humano la única fuente creadora de valor, tal y como lo demuestran no sólo los grandes teóricos economistas defensores del proletariado, sino los clásicos economistas ingleses defensores de la burguesía, Adam Smith y David Ricardo; pues bien, una buena parte de esa riqueza, se deposita, vía impuestos, en las diferentes oficinas recaudadoras de renta, y son precisamente los trabajadores como grupo social los más grandes contribuyentes en México. Y los antorchistas forman parte del pueblo trabajador. Por tanto, negar la aplicación de los recursos del pueblo en la solución de sus demandas más elementales como agua potable, electrificación, drenajes, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, etc., es, además de inhumano, una injusticia social y prueba de que muchos gobernantes están al servicio de todos menos al servicio de los pobres y marginados.

No obstante, hay autoridades del gobierno que no resuelven ni mucho ni poco, y que cuando los demandantes protestan y alzan la voz colectivamente haciendo uso de sus derechos constitucionales realizando marchas, mítines y plantones, las mismas autoridades, con los mismos recursos del erario, organizan grandes campañas mediáticas con verdaderos mercenarios de la pluma a quienes les importa un bledo los principios éticos del periodismo, para lanzar las más viles calumnias e insultos contra los peticionarios y sus dirigentes con tal de desprestigiarlos, para “justificar” ante la opinión pública la necesidad de usar la fuerza represiva del estado y aun la cárcel contra los “abusivos”, “extorsionadores”, “chantajistas”, y “alborotadores” antorchistas, sin olvidar toda una serie de intimidaciones como despliegues policíacos ante los manifestantes, o allanamiento de morada para golpear y amedrentar a sus habitantes cercanos a los dirigentes y amenazar de muerte a los líderes más representativos del movimiento.

Pero si alguien no cree en lo antes descrito, lo invito a que se entere de lo que pasa en San Luis Potosí, en Sinaloa o en Hidalgo: los gobiernos de aquellos estados, violando la Constitución Política Mexicana, no resuelven modestos pliegos petitorios, cuyo contenido contempla obras, servicios y programas para el beneficio no de los dirigentes antorchistas sino de miles de familias humildes y trabajadoras; esos gobiernos, como si estuvieran cortados por la misma tijera, calumnian a los antorchistas, los amenazan, los insultan y los agreden.

Particularmente, en San Luis Potosí, mientras el gobierno aparentaba llamar a dialogar a la dirigencia antorchista, debido al plantón que desde hace más de un mes sostienen miles de familias pobres frente a las lujosas oficinas del gobernador, 5 hombres armados, a plena luz del día, allanaron un domicilio habitado por estudiantes, para golpearlos, insultarlos y dejar la amenaza de muerte contra el Lic. Lenin Campos Córdova, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinador Regional de los antorchistas de los estados del norte del país y líder de miles de campesinos, obreros, colonos, estudiantes y maestros potosinos.

Por ello el Movimiento Antorchista, por acuerdo de su Dirección Nacional, convocó a todos sus integrantes a estar alertas para que al llamado correspondiente acudamos con entusiasmo y decisión, a dar nuestro apoyo solidario a los compañeros de San Luis Potosí, Sinaloa e Hidalgo. Por lo pronto, una comisión representativa del antorchismo chihuahuense acudirá a la marcha programada el próximo miércoles 15 de agosto en donde 20 mil potosinos exigirán cese a las agresiones y amenazas contra el movimiento y la solución a sus legítimas demandas. El Doctor Toranzo debe saber que el compañero Lenin y los antorchistas potosinos no están solos, sino que forman parte de una gran organización nacional, cuyo lema, “UNIÓN, FRATERNIDAD Y LUCHA”, no es una frase retórica, ni un adorno, sino que es una realidad que se puede tocar con las manos, de la que cada vez habemos más mexicanos agradecidos y ante la que miles de ciudadanos humildes y trabajadores llenan su espíritu de combatividad, fuerza y entusiasmo.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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