Opinión
Unión, Fraternidad y Lucha Por Antonio Escamilla Meza
“…el secretario no los quiere apoyar por la discusión de aquella vez cuando los antorchistas le hicieron el reclamo,…además, si se les da, hay que darles de poco en poco porque si les damos mucho después van a querer más;…pero hay que darles aunque sea poco porque los vamos a volver a necesitar…” Tal fue la respuesta que accidentalmente escuché, y que raya en la desfachatez, cuando un funcionario de gobierno en Chihuahua, encargado de dar seguimiento a las peticiones del Movimiento Antorchista, cuestionó a otro funcionario de medio pelo sobre qué respuesta había en torno al acuerdo de construir 7 salones de usos múltiples durante el primer semestre del 2012 en la capital, e implementar un programa alimentario para personas en condiciones de pobreza, tal y como se había acordado en la reunión del 27 de febrero pasado, en el salón Sacramento del palacio de gobierno, estando como garante el mismo secretario general, Licenciado Raymundo Romero, acuerdo que hasta el momento no se ha cumplido.
En realidad a los antorchistas no nos sorprende la respuesta, desde hace mucho tiempo y en todo el país, incluyendo el estado de Chihuahua, tal manera de responder es la regla general con la que operan una buena parte de los “servidores” públicos cuando se trata de las demandas enarboladas por los antorchistas. Sin embargo, no deja de ser tan reveladora que merece ciertos comentarios.
Primero. En verdad, casi ningún funcionario se atreve a contestar así delante de los peticionarios y sus dirigentes. Por lo regular, esgrimen otro tipo de argumentos falsos, tales como: el carácter “irregular” de los predios en donde se pretende realizar tal o cual acción, lo “costoso” de la inversión, la no justificación del costo-beneficio, la falta de suficiencia presupuestal, etc.
Segundo. Para demostrar, según ellos, lo “abusivo” y “exagerado” de las peticiones, le echan en cara a los humildes peticionarios lo siguiente: “es que piden mucho”, “ustedes se quieren llevar todo el presupuesto del gobierno”, “deben de saber que no son los únicos, que ahí están otros grupos y organizaciones que también piden”, etc. Pero en realidad, el “razonamiento” que impera en nuestros sufridos funcionarios públicos es el que se apunta al principio de este escrito.
Tercero. Es evidente, pues, que lo que predomina en el ánimo de muchos secretarios de estado, y de segundos, terceros o cuartos mandos, es su capricho personal o cuando más de grupo, y de ninguna manera el espíritu justiciero para hacer el bien o para ser un verdadero servidor público.
Cuarto. Consideran de su propiedad lo que en verdad no es suyo sino del pueblo trabajador; porque la riqueza material de la sociedad la producen los trabajadores pues es el trabajo humano la única fuente creadora de valor, tal y como lo demuestran no sólo los grandes teóricos economistas defensores del proletariado, sino los clásicos economistas ingleses defensores de la burguesía, Adam Smith y David Ricardo; pues bien, una buena parte de esa riqueza, se deposita, vía impuestos, en las diferentes oficinas recaudadoras de renta, y son precisamente los trabajadores como grupo social los más grandes contribuyentes en México. Y los antorchistas forman parte del pueblo trabajador. Por tanto, negar la aplicación de los recursos del pueblo en la solución de sus demandas más elementales como agua potable, electrificación, drenajes, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, etc., es, además de inhumano, una injusticia social y prueba de que muchos gobernantes están al servicio de todos menos al servicio de los pobres y marginados.
No obstante, hay autoridades del gobierno que no resuelven ni mucho ni poco, y que cuando los demandantes protestan y alzan la voz colectivamente haciendo uso de sus derechos constitucionales realizando marchas, mítines y plantones, las mismas autoridades, con los mismos recursos del erario, organizan grandes campañas mediáticas con verdaderos mercenarios de la pluma a quienes les importa un bledo los principios éticos del periodismo, para lanzar las más viles calumnias e insultos contra los peticionarios y sus dirigentes con tal de desprestigiarlos, para “justificar” ante la opinión pública la necesidad de usar la fuerza represiva del estado y aun la cárcel contra los “abusivos”, “extorsionadores”, “chantajistas”, y “alborotadores” antorchistas, sin olvidar toda una serie de intimidaciones como despliegues policíacos ante los manifestantes, o allanamiento de morada para golpear y amedrentar a sus habitantes cercanos a los dirigentes y amenazar de muerte a los líderes más representativos del movimiento.
Pero si alguien no cree en lo antes descrito, lo invito a que se entere de lo que pasa en San Luis Potosí, en Sinaloa o en Hidalgo: los gobiernos de aquellos estados, violando la Constitución Política Mexicana, no resuelven modestos pliegos petitorios, cuyo contenido contempla obras, servicios y programas para el beneficio no de los dirigentes antorchistas sino de miles de familias humildes y trabajadoras; esos gobiernos, como si estuvieran cortados por la misma tijera, calumnian a los antorchistas, los amenazan, los insultan y los agreden.
Particularmente, en San Luis Potosí, mientras el gobierno aparentaba llamar a dialogar a la dirigencia antorchista, debido al plantón que desde hace más de un mes sostienen miles de familias pobres frente a las lujosas oficinas del gobernador, 5 hombres armados, a plena luz del día, allanaron un domicilio habitado por estudiantes, para golpearlos, insultarlos y dejar la amenaza de muerte contra el Lic. Lenin Campos Córdova, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinador Regional de los antorchistas de los estados del norte del país y líder de miles de campesinos, obreros, colonos, estudiantes y maestros potosinos.
Por ello el Movimiento Antorchista, por acuerdo de su Dirección Nacional, convocó a todos sus integrantes a estar alertas para que al llamado correspondiente acudamos con entusiasmo y decisión, a dar nuestro apoyo solidario a los compañeros de San Luis Potosí, Sinaloa e Hidalgo. Por lo pronto, una comisión representativa del antorchismo chihuahuense acudirá a la marcha programada el próximo miércoles 15 de agosto en donde 20 mil potosinos exigirán cese a las agresiones y amenazas contra el movimiento y la solución a sus legítimas demandas. El Doctor Toranzo debe saber que el compañero Lenin y los antorchistas potosinos no están solos, sino que forman parte de una gran organización nacional, cuyo lema, “UNIÓN, FRATERNIDAD Y LUCHA”, no es una frase retórica, ni un adorno, sino que es u
na realidad que se puede tocar con las manos, de la que cada vez habemos más mexicanos agradecidos y ante la que miles de ciudadanos humildes y trabajadores llenan su espíritu de combatividad, fuerza y entusiasmo.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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