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Opinión

EL PRI-DUARTISMO TORPEDEA LA TRANSICION Y LA PAZ por Víctor Quintana

Aquí no tuvimos Brexit el 24 de junio, pero sí Duartexit el 5 del mismo mes  el candidato a gobernador del PRI obtuvo poco más de 400 mil votos, pero sumados los votos de los candidatos del PAN, del independiente, de Morena, PRD Y Movimiento Ciudadano, arrojan más de 855 mil. Es decir que dos de cada tres votantes le dijeron a Duarte y a su partido que se vayan.

Ese mandato contundente de la voluntad popular pretende ahora ser desobedecido por César Duarte y la parte del PRI que él controla. Hay que reconocer que Duarte no tiene la ambición de Hitler de fundar un régimen que dure mil años, pero cuando menos que le dure lo que se necesite para permanecer impune.

Pareciera que el mandatario chihuahuense está haciendo lo imposible por no aparecer en la foto que es su pesadilla: el próximo 4 de octubre, en la ceremonia de cambio de poderes, él mismo entregándole la gubernatura a Javier Corral, quien le prometió al electorado llevarlo ante la justicia.

Para comenzar, Duarte no ha reconocido el triunfo de Corral. Ni siquiera ha valorado púbicamente el hecho de que la ciudadanía chihuahuense haya superado su abstencionismo inercial y haya aumentado en 9 puntos porcentuales su participación electoral. Además, el que no haya habido incidentes mayores en los comicios y que se hayan instalado la mayoría de las casillas.

Todo lo contrario: para desesperación de sus correligionarios más sensatos, Duarte ordena a su partido impugnar la elección a gobernador ante el Tribunal Estatal Electoral. Las razones: que “sobraron” 170 mil boletas no utilizadas y que el Instituto Estatal Electoral no capacitó a los funcionarios de casilla.  El gobernador ejerce una enorme presión sobre los magistrados del tribunal para que resuelvan dándole la razón a la endeble impugnación tricolor.  Lo que pretende es que el actual Congreso del Estado, con mayoría priísta, aliada con PVEM, PRD, MC, Nueva Alianza y PT, una vez anuladas las elecciones a gobernador, nombre un interino que se preste a preparar una entrega-recepción que cierre el círculo de impunidad y así  él no tenga que aparecer en la foto de sus pesadillas.

Más todavía: el lunes pasado, en sesión extraordinaria, la pandilla priísta y sus partidos satélites en el Congreso  torcieron burdamente la Ley de Disciplina Financiera para quitarle la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo antes de 90 días del cambio de poderes.  Es decir, le salvan el pellejo a Duarte y le endilgan el pago al gobierno de Corral. Mal habrá éste recibido el cargo cuando al bajar del pódium estarán esperándolo los cientos de acreedores que le está heredando la corrupción duartista. Ahora se están aprestando para dar otro madruguete y en sesión extraordinaria aprobar la bursatilización, ya sea de las participaciones federales, ya sea de los ingresos carreteros, ya sea de ambos.

El gobierno saliente está ya torpedeando el proceso de entrega-recepción: hay denuncias constantes de sustracción o destrucción de documentos y bases de datos; de cese o persecución a funcionarios y funcionarias y empleados que conocen mucho de los malos manejos del actual gobierno pero que no han actuado como cómplices suyos.

Desde el Palacio de Gobierno se está tratando de provocar desestabilización entre la sociedad chihuahuense, como se demuestra en los provocadores infiltrados en la airada manifestación del miércoles 22. Se infiltra y se criminaliza la protesta social. Por otro lado, se incrementan de nuevo los delitos como robos y ejecuciones.

En Chihuahua sucede algo parecido a los “candados” que Pinochet le impuso a Chile antes del retorno a la democracia: así como en el Legislativo, Duarte trata de hacer pasar leyes que le garanticen impunidad, mayor endeudamiento y nombrar una terna de incondicionales para la Fiscalía Anticorrupción, así en el Judicial, la designación de s magistrados y más jueces no sólo significará una mayor carga financiera para el nuevo gobierno, sino también una continuidad del duartismo en la administración de la justicia. Candados y contrapesos ilegales a la democracia rescatada. Lo mismo pasa en Veracruz y en Quintana Roo.

De nuevo en Chihuahua, en lo regional, se expresa, se refleja, se prefigura lo nacional. A Duarte podemos cambiarle de nombre o de nombre de apellido y ubicarlo en Veracruz o en Quintana Roo o en Tamaulipas pero lo esencial no cambia: lo peor del PRI, los más corruptos y autoritarios cacicazgos regionales están saboteando los procesos de transición.  Si las razones de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del tricolor son las que se rumoran, habría que pensar que este sabotaje cuenta con el apoyo de Peña Nieto, que el régimen es rehén de la caquistocracia: el gobierno de los peores.

Si el Presidente y sus gobernadores protegidos no entienden el diáfano mandato de las urnas, no sólo precipitarán al país en otra grave crisis política. También se estarán sepultando como partido y les sucederá lo que canta la copla popular de los enterrados boca abajo: por quererse salir se van siempre más pa´bajo.

Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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